El caos del transporte público en Puerto Carreño

Existe un viejo refrán que dice "todo lo que comienza mal termina mal", pero en Puerto Carreño, Vichada, "todo lo que comienza mal termina bien, pero para unos pocos". Un municipio donde el transporte público opera sin ningún control y el caos es el pan nuestro de cada día.
Por un lado está COOMUTRAVI, una empresa de servicios de taxis legalmente constituida hace más de 20 años, los cuales dicen que el transporte informal de motocarros "los tiene quebrados". Y del otro lado están los recién llegados; los motocarros.
Lo interesante es que ambos bandos recurren al mismo argumento: "el derecho al trabajo", la excusa perfecta para cometer todo tipo de ilícitos en Puerto Carreño. Y las autoridades, como siempre, ausentes.
Pero hay un detalle. El servicio de taxis en Puerto Carreño también tuvo sus inicios en la ilegalidad y no fue hasta que la ciudad se llenó de taxis, que el alcalde de turno cedió ante la presión y les ordenó que se constituyeran para autorizar la circulación.
Pero esta "constitución legal" no trajo ningún beneficio a la población carreñense. Sus tarifas son indiscriminadas, sin ninguna regulación e incluso llegan al extremos de, en una misma carrera, montan a varios usuarios y les cobran individual.
Durante el mandato del ex alcalde Mauricio Londoño, se realizó un estudio para regular estas tarifas, entre otros aspectos del transporte público, pero en la socialización el gremio taxista rechazó la propuesta y hasta la fecha todo sigue igual y los taxistas siguen cobrando lo que mejor les parece y cubre las rutas que ellos quieren y no las que la comunidad demanda.
Como la población de Puerto Carreño se duplicó en 10 años y el servicio de buses público es casi inexistente, se originó una crisis en el transporte urbano que dio origen a los motocarros, una modalidad de transporte "pirata" y controlada por unos pocos propietarios y políticos, que en lugar de traer la solución, lo que causaron fue un problema mayor, ya que la mayoría operan sin los seguros de ley, no cuentan con las medidas mínimas de seguridad para la protección de los pasajeros y también adoptaron las malas mañas de los taxistas, y, como ocurrió en su momento con los taxistas, las autoridades locales miraron para otro lado, y como estamos en campaña, nadie quiere meterse en este cicharrón.
En internet hubo unas "supuestas declaraciones" del inspector de tránsito municipal, sobre un "supuesto decreto" expedido por la administración municipal en el mes de agosto de 2019 que buscaba reglamentar los motocarros. TeleOrinoco investigó pero no encontró evidencia de su existencia en la página web municipal, por tanto, si existe este decreto, tiene vicios de legalidad por no haber sido publicado.
Esperemos que los nuevos gobernantes pongan fin a estas malas prácticas del transporte público en Puerto Carreño. Y si realmente quieren que se convierta en un "derecho al trabajo" y un "beneficio a la ciudadanía", y acabar con el monopolio de unos pocos propietarios, que controlan casi el 100% de este tipo de transporte en Puerto Carreño e imponen tarifas y trayectos a voluntad, la mejor manera de hacerlo es regulando las tarifas y trayectos del transporte público en la ciudad y priorizando los cupos de estos vehículos a núcleos familiares nivel 1 y 2 de sisben (1 x núcleo), siempre y cuando demuestren su propiedad y cumplan con todas las regulaciones nacionales, departamentales y municipales y demuestren su propiedad. Pero es muy difícil que este tipo de propuestas prosperen, ya que van en contra de los intereses de los políticos y sus patrocinadores.
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