Vichada o la tragedia de ser invisible

Por cuenta de la temporada de lluvias en la Orinoquía, el departamento de Vichada cumple hoy 70 días en emergencia, anegado por las aguas de los ríos Meta, Orinoco y Vita, que han dejado damnificadas a 2.294 familias, según cifras de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –Ungrd-. Son más de dos meses de una calamidad que los habitantes de los cuatro municipios de ese extenso territorio, Puerto Carreño, Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo, han sobrellevado en total aislamiento, mientras los medios de comunicación nacionales mantienen su apego al centralismo noticioso y las entidades estatales, a juzgar por los testimonios entregados por las autoridades locales a la radio, se han limitado a enviar kits de aseo y carpas camping en número insuficiente.
La realidad de Vichada es la misma de muchos departamentos del país, cuya distancia de Bogotá es inversamente proporcional a su desarrollo. Pese a ser el segundo departamento más extenso del país después del Amazonas, con 101.000 kilómetros cuadrados, sus habitantes no llegan a 70.000, siendo así el tercero menos poblado de Colombia por delante únicamente de Vaupés y Guainía. En el abandono estatal juega un papel preponderante la política, en primer término porque no hay ningún vichadense en cargos de decisión y, en segundo término, porque con un potencial electoral de 49.067 ciudadanos, de los cuáles apenas un 49% participó en las elecciones legislativas del pasado mes de marzo, este no es propiamente un botín electoral que los partidos se quieran pelear. De hecho, después de 22 días de instalado el Congreso, las dos curules para la Cámara de Representantes a que tiene derecho el departamento no han sido asignadas, pues la elección de los candidatos Óscar Camilo Arango Cárdenas, de Cambio Radical, y Gustavo Londoño García, del Centro Democrático, fue impugnada por serias inconsistencias entre los datos entregados por la biometría y los correspondientes a los formularios E-24 del día de las elecciones.
La región no cuenta, pues, con dolientes ante el Gobierno Nacional que, sin intereses ni afectos en ese territorio, venía pasando de agache ante esta crisis. A juzgar por la intempestiva reacción de las últimas horas, los funcionarios del Estado central se enteraron de lo que estaba ocurriendo, vaya paradoja, por los medios de comunicación nacionales que, en medio de su embelesamiento con los asaltos callejeros en el centro de Bogotá, los trinos de los personajes de la política o las movidas de la farándula criolla, al fin escucharon el clamor de los habitantes y de las autoridades de Puerto Carreño.
Esa desconexión entre el epicentro del poder y las regiones pone de manifiesto que el camino hacia el desarrollo del concepto de equidad territorial que el nuevo Gobierno ha planteado como una de sus banderas, no solamente será largo sino complejo. Un agravante de la situación es la capacidad de gestión de los dirigentes locales, verbigracia el gobernador Luis Carlos Álvarez Morales y el alcalde de Puerto Carreño,  Marcos Pérez Jiménez, quienes o tardaron en hacerse sentir y en convocar la solidaridad nacional, o no encontraron eco a sus llamados en Bogotá, caso en el cual el Gobierno debe mejorar de manera urgente sus protocolos para que las instancias a las que corresponde tengan una comunicación más fluida y más eficiente con las regiones, especialmente con aquellas que no cuentan con vocerías de alto nivel.
Lamentamos profundamente que haya pasado tanto tiempo antes de que el país empezara a movilizarse para ayudar a nuestros compatriotas vichadenses y ahora que los ojos están puestos en esa apartada región, esperamos que las ayudas trasciendan los kits, las frazadas y los toldillos y se constituyan en verdaderas soluciones de fondo, atención integral en salud, vigilancia epidemiológica y saneamiento, así como apoyo económico para las actividades forestales y ganaderas que se han visto afectadas por el aumento del nivel de los ríos.

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