Peaje ilegal de los indígenas

Las provisiones para las fincas de la zona, el abasto de productos para el Vichada, así como el ganado que va para Villavicencio, se hacen cada vez más caros por un peaje ilegal montado por los indígenas del resguardo Corozal Tapaojo.
Justamente por ese predio pasa la única vía carreteable que conecta al Meta con el Vichada.
“Este dolor de cabeza ya tiene más de diez meses, y es una situación que se no ha podido solucionar”, señaló un finquero de esa zona.
“La regional de la Andi en los Llanos Orientales y otros gremios –como Fedepalma, Fedemaderas y la Asociación Asorinoquia– hemos enviado cartas, concertado reuniones con distintas autoridades y hemos denunciado la situación ante la opinión pública, pero nada ha servido para solucionarla”, dijo Clara Leticia Serrano, directora de la Asorinoquia, ente que agremia a las empresas agrícolas de la zona.
Por su parte, el gremio de los reforestadores y procesadores de la madera (Fedemaderas) envió al viceministro del Interior, Héctor Espinosa, una carta en la que le pide concertación y construcción de relacionamiento social con esas comunidades, con el fin de hacerles entender que no son propietarios de la vía y no tienen derechos sobre estas, como lo han venido haciendo.
Desde 1983 –dijo la cartera en respuesta enviada por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio– se expidió una resolución en la que se destaca que si bien la vía pasa por los predios del resguardo, esta no es de propiedad de las comunidades indígenas que habitan allí.
Aunque desde hace más de tres años se han sostenido diálogos con esas comunidades, en los que se ha analizado el carácter de la vía, para las autoridades del resguardo, esta les pertenece.
El Gobierno es claro en indicar –y lo ha hecho saber– que los indígenas no tienen derechos para cobrar ningún tipo de peaje ni taponar o impedir el paso vehicular por sitio alguno.
“No obstante, se han presentado robos de mercancías y cobro de dinero por devolver la carga de los camiones que han sido desocupados (extorsión)”, denunció en enero pasado Clara Leticia Serrano, directora de Asorinoquia.
En la respuesta a Fedemaderas, el Ministerio informó que durante el 2017 también se hicieron acercamientos con las comunidades que habitan el resguardo, y que tienen en jaque a los empresarios, pero la posición de los indígenas es una: la vía forma parte de su resguardo y, por tanto, les pertenece.
Otra situación presentada alrededor de este tema es un fallo de tutela del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, proferido a favor de un ciudadano que pidió al sistema judicial hacer valer su derecho al trabajo y a la libre locomoción.
En beneficio de este derecho, el Tribunal dio al gobernador del resguardo 48 horas para el levantamiento del bloqueo y el no cobro de peajes; de lo contrario, se tomarían acciones policivas para hacer valer los derechos; sin embargo (como dato curioso), el fallo favorece solo al ciudadano demandante y no a todo el que quiera transitar por allí.
En respuesta a esta acción judicial, el resguardo manifestó no tener interés en dialogar con nadie, y todo deberá hacerse a través de sus apoderados.
En Villavicencio se comenta que sí hay abogados interesados en lucrarse de esta situación.
“Como se puede ver, no tenemos esperanza pronta de solución, y ya se nos fue todo el verano sin poder transitar libremente por una vía pública del país. No entiendo cómo un grupo de ciudadanos puedan cobrar peajes y taponar una vía durante más de diez meses, generando desabastecimiento en todo un departamento, como lo es Vichada, sin que la entidad encargada de estos temas tome cartas en el asunto”, señaló Serrano.
Sentenció que “ha habido mayor interés de buscar soluciones en otros estamentos, como la Gobernación del Meta y la Alcaldía de Puerto Gaitán, que lo que ha mostrado el propio Ministerio del Interior”.
‘Si los conductores se molestan, les cobran más’
“Los indígenas tiene sus propias tablas de cobro: cuando llevo mercado a las fincas de la zona debo pagarles 200.000 pesos, pero si los cojo ‘de malas pulgas’ o alguno de los conductores se molesta, cobran lo que les dé la gana”, dijo en entrevista con EL TIEMPO uno de los habitantes de la zona, residente cerca del resguardo, quien pidió la reserva de su nombre.
Además de los cobros ilegales, los indígenas la arremeten contra los vehículos, rayándolos y golpeándolos y, en el peor de los casos, saqueando la carga que llevan, sin que autoridad alguna pueda controlar los desmanes.
“A los conductores nos dicen que la vía es de ellos, que les pertenece, por lo que debe pagarse lo que ellos pidan, sin mayor justificación”, denunció la fuente.
Los ganaderos denunciaron también que los camiones que transportan los animales han sufrido robos, pues si llevan diez animales, el pago es de uno para ellos.
“Todo lo anterior, amedrentando con sus lanzas y flechas y con cara de pocos amigos”, concluyó la fuente.

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