Cárcel para representante de IPS, señalado de corrupción en Vichada

Fabio Alexis García Valor es investigado por la presunta apropiación de $957’000.000 y la destinación irregular de recursos para campañas de atención a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Fabio Alexis García Valor, propietario de la IPS indígena Mutsaldani, con la que la alcaldía municipal de Cumaribo (Vichada) habría celebrado un contrato sin el lleno de los requisitos que exige la ley
Al hombre, ingeniero de profesión, la Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y privado, y peculado por apropiación.
De acuerdo con las investigaciones, en febrero de 2012, el cabildo indígena del resguardo San Luis del Tomo, ubicado en Cumaribo (Vichada), nombró a García Valor como representante de los intereses de la comunidad ante la administración municipal. Sin embargo, a criterio de la Fiscalía: “actuó contrario al encargo hecho por los indígenas sujetos a protección especial por el Estado colombiano, y contrario a la protección, apoyo, representación y asistencia en salud que demandan estos ciudadanos”
En ese orden de ideas, como operador de los servicios de salud habría emitido documentos falsos para acreditar que fueron cumplidas las metas de atención exigidas en los contratos. Parte de esos papeles tenían enmendaduras, tachaduras y listados sin firmas.
De igual manera, la Fiscalía identificó 1.135 contratos con presuntas irregularidades entre 2014 y 2015, y constató 120 actividades de campo con niños y mujeres embarazadas, que nunca se realizaron. Durante el proceso, los investigadores conocieron varias quejas interpuestas por indígenas en estado de gestación, quienes finalmente murieron por desnutrición.
“Esta IPS habría facturado más de $957’000.000 en servicios médicos a la administración municipal, sin haberlos prestado”, anotó la fiscal al hacer la solicitud de imposición de medida de aseguramiento.
Durante las audiencias, la Fiscalía reveló que García Valor, algunas personas de su grupo familiar, amigos y conocidos, presuntamente utilizaron los bienes y recursos de la salud para cubrir gastos personales.
El material recopilado indicaría que el representante legal de la IPS indígena Mutsaldani habría influido en las decisiones del Consejo Municipal de Cumaribo (Vichada) para obtener beneficios y construir inmuebles en terrenos objeto de reclamación por parte de terceros por la ley de restitución de tierras.
Ante los argumentos del delegado de la Fiscalía, el juez de control de garantías impuso medida privativa de la libertad que el procesado deberá cumplir en la Cárcel Nacional Modelo, en Bogotá.

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