En el corazón de las Zidres

En La Primavera (Vichada) hay un dicho que reza que la gente se dedica a la ganadería porque es el único producto que sale caminando solo. Al municipio, cuya extensión es casi tan grande como la del departamento de Cundinamarca, se puede llegar por río; por aire, aunque no todos los días de la semana, y por tierra, pero sólo en verano. La infraestructura es precaria. Junto a otros municipios de la Altillanura colombiana, La Primavera se está poniendo de moda por el modelo de desarrollo rural que el Gobierno ha querido implementar allí: las zonas de interés de desarrollo rural económico y social, mejor conocidas como zidres.
Esas zonas, las mismas que en parte motivaron el reciente paro agrario y a las que se refirió alias Timochenko en su intervención durante la firma del acuerdo sobre el fin del conflicto el pasado jueves, han sido la apuesta de la administración Santos para explotar extensiones de tierra que, según el Gobierno, son costosas de adecuar en el Vichada, el Meta y otras regiones con bajas densidades de población y altos índices de pobreza. El acuerdo “requerirá de la organización y la movilización de la gente por su cumplimiento. Lo pone de presente la insistencia oficial en las zidres pese a lo pactado en La Habana”, dijo Timochenko.
Uno de los problemas que los opositores ven en las zidres, creadas por la Ley 1776 de 2016, norma que está demandada ante la Corte Constitucional, es que los baldíos de la nación podrían ir arrendados para la agroindustria —que tiene el capital para adecuar la tierra e incluso impulsar la construcción de infraestructura— y no para familias pobres sin tierra, como lo estableció la Ley 160 de 1994. Dicha ley contemplaba zonas de desarrollo empresarial en las tierras de la nación, pero la figura nunca se reglamentó. Para la gente que vive en zonas donde probablemente habrá zidres, como La Primavera, el principal lío parece ser la incertidumbre y la desinformación.
Hace dos semanas la Facultad de Derecho y el Centro de Estudios de la Orinoquia (CEO) de la Universidad de los Andes lideraron en La Primavera un foro para hablar de las zidres. El coliseo del pueblo se llenó con cerca de 400 personas, una afluencia que, dicen, no se veía desde hace rato. La gente llegó incluso de veredas que quedan a horas de trayecto. La pregunta que muchos fueron a resolver fue “¿qué pasará con mi tierra?”, predios que en muchos de los casos no tienen títulos, pero que han sido explotados por los vichadenses desde hace décadas y que, por lo tanto, reclaman como suyos.
Hablaron las abogadas Rocío Peña, del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, y Claudia Erazo, de la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), quienes explicaron haber demandado la ley porque en su concepto no cumplió con la consulta previa, entre otros aspectos. Sus intervenciones generaron interés pero también frustración, porque muchas de las preguntas que tenía el público no encontraron respuesta, pues del Gobierno sólo asistió un asesor del Departamento Nacional de Planeación. “¡Nadie nos vino a decir (qué eran las zidres)!”, gritó alguien que estaba en la audiencia.
El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, lo desmintió. Aseguró que a la Altillanura no fue menos de 20 veces para socializar el proyecto de ley durante su trámite, que se inició en abril de 2015. El Gobierno volvió a presentar el proyecto —el quinto intento en un sentido similar— después de haberlo retirado en diciembre de 2014. “Esto no fue en secreto, hubo muchas reuniones. En Villavicencio no hubo menos de siete, en La Primavera, Arauca… Nos recorrimos toda la Altillanura”, expresó Vélez. El viernes pasado, de hecho, hubo otro evento en Puerto Gaitán.
Los primaverenses reclaman al Gobierno “poner la casa en orden” antes de aplicar nuevas políticas sobre las tierras. Según Douglas López, asesor externo de la Gobernación, debería implementarse un “plan de choque” para combatir la informalidad y que las autoridades vayan hasta el Vichada y titulen las tierras. “Por cultura, el llanero no titulaba. Fue de unos años para acá que se empezaron a hacer las solicitudes”, cuenta Lukan Izquierdo, oriundo y ganadero de la región, quien se enfrenta, a instancias del Consejo de Estado, a una orden del Incoder (en liquidación) según la cual sus tierras deben ser recuperadas para la nación, pues están ocupadas indebidamente.
Lukan tiene 7.400 hectáreas, muy por encima de las casi 1.300 que permiten las normas en esa región, es decir, la unidad agrícola familiar (UAF). Pero, según él, la tierra no es solamente suya, sino también de sus nueve hermanos. Además tilda la Ley 160 del 94 de “diabólica”: “Uno tiene que ser pobre y arruinado, pero de todas formas tener los medios para estar explotando dos terceras partes de la tierra para que le adjudiquen”. Agrega que la titulación es un viacrucis por la burocracia, la dificultad de los desplazamientos e incluso por coimas que, según él, exigen los funcionarios, aunque reconoce no haberlo denunciado.
“No vamos a titular por encima de la UAF (las cerca de 1.300 hectáreas). Allá la gente pretende que se les titulen 20.000 o 30.000 hectáreas. Todo el que cumpla con los requisitos de la Ley 160 que se presente”, expresó el superintendente.
Pero hay quienes consideran que los campesinos pobres con menos de la UAF tampoco tienen garantías. De acuerdo con Claudia Erazo, oponerse a las zidres no es sinónimo de oponerse al uso racional de los baldíos, pero “para qué usarlos así cuando hay una deuda histórica con los campesinos sin tierra. Cómo van a hacer borrón y cuenta nueva, y hacer de cuenta que ahí no habita nadie y repartirlo. Primero se debería sanear la situación de los colonos, los acaparadores, el latifundio, de los campesinos sujetos de reforma agraria, y luego sí mirar cómo se hace un procedimiento distinto”.
Erazo asegura que también hay un antecedente preocupante con un caso sobre el cual ha contado este diario. Se trata de la comunidad de la inspección de El Porvenir, en Puerto Gaitán, unas 140 familias que reclaman tierras que han ocupado desde el siglo pasado. El terreno fue controlado por testaferros del zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, quienes obtuvieron adjudicaciones irregulares. El Incoder las revocó. “Pensamos que, acto seguido, el Incoder les restituiría y no lo hizo, porque esa zona iba a entrar a zidres”, tal y como lo anunció el Ministerio de Agricultura en enero. La cartera agregó que a los campesinos se les entregarán cerca de cinco hectáreas, muy por debajo del área de una UAF.
Aun para las personas con título habría problemas. La demanda por inconstitucionalidad que presentaron, entre otros, miembros de la CJYC y la Comisión Colombiana de Juristas, así como parlamentarios del Polo y la Alianza Verde, argumenta que de la ley se puede “concluir que los propietarios de bienes que se encuentren dentro de las zidres tendrán dos posibilidades, asociarse con el ejecutor del proyecto o transferirle el dominio o el uso y goce de sus bienes”. Es decir, según los demandantes, los propietarios no podrán disponer libremente de su bien ni lo que produzca.
La demanda agrega que “desconocer esta situación permitiría que se produzca, a través de las zidres, verdaderos desplazamientos forzados de las personas que no deseen asociarse con los ejecutores de los proyectos”. A pesar de que la norma dicta que las zidres se consideran de utilidad pública e interés social (es decir, no prima el interés particular), el superintendente Vélez aseguró que si una persona no quiere asociarse puede no hacerlo. Tampoco deberá ponerse a producir lo que digan los conceptos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), entidad encargada de decir qué será bueno producir y dónde.
“Poner la casa en orden” también tiene una connotación medioambiental. Según el ingeniero sanitario y ambiental Carlos Cepeda, nacido en Villavicencio pero habitante de La Primavera desde hace casi 10 años, es un contrasentido pensar en las zidres cuando el departamento ni siquiera tiene un plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas. “Cualquier industria puede tomar la oferta hídrica para ella sola y dejar a los demás sin agua”. Aseguró que convertir la sabana en cultivos también tendrá impactos en el entorno, pues el agua no drenará hacia los caudales de la misma forma.
La reglamentación de las zidres aún está pendiente y la Corte Constitucional tendrá la última palabra. Las múltiples voces coinciden en que el desarrollo económico y social de la Altillanura requiere de inversión. Pero a muchos, incluidos los primaverenses, les preocupa si los campesinos tienen las condiciones de competitividad para asociarse entre sí o con las empresas, que no sea una relación desigual, un “enlace entre la zorra y la gallina”, en palabras de la profesora Cristina de la Torre. Por lo pronto, es claro, con lo que se dijo desde La Habana, que la discusión sobre las zidres estará en la agenda hacia el posconflicto.

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