Ministerio de Agricultura investigará adjudicaciones de baldíos en Vichada

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció que se iniciará una revisión exhaustiva de todas las adjudicaciones de títulos baldíos realizadas en el departamento del Vichada, en los últimos 11 años.
Esto, teniendo en cuenta los recientes hechos en los cuales algunos ex funcionarios de la Dirección Territorial Vichada del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), hoy en liquidación, han sido señalados de cometer actos delictivos a través de las adjudicaciones en ese departamento, y teniendo en cuenta la orden que dio la Procuraduría Regional del Vichada, de suspender de sus cargos al Director Territorial encargado y a un funcionario por presuntas irregularidades.
El INCODER en liquidación llevará a cabo este proceso investigativo de los 2.454 títulos baldíos otorgados desde el primero de enero de 2005 a la fecha, y contará con el apoyo la Superintendencia de Notariado y Registro, la Fiscalía, la Dijín y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Con estas indagaciones, se verificará si las adjudicaciones son legales, sin los propietarios actuales de los títulos otorgados son a los que se les concedió inicialmente el predio o si en el momento de otorgárseles, eran sujetos de reforma agraria.
Los hechos denunciados hacen referencia al manejo de los terrenos baldíos en el Vichada.
Se conoció que en la Fiscalía reposan denuncias que se ha instaurado por cuenta de presuntas irregularidades que se han presentado con algunos terrenos en el departamento del Vichada.
Un funcionario del Incoder de esa región del país (Édgar Cabrera), puso en conocimiento de los organismos de control una queja en contra de la actual representante a la Cámara Nery Oros porque presuntamente estaría involucrada en este caso.
Según la denuncia, Oros, cuando se desempeñaba como directora territorial de esa entidad y junto al exgobernador del Vichada Andrés Espinosa, habrían entregado de manera irregular algunos terrenos que no tienen título.
En el documento se habla de un despojo de cerca de un millón de hectáreas de baldíos en ese departamento “sin el cumplimiento de requisitos legales”, afectando a los campesinos que allí habitan.
En la denuncia se especifica que los hechos se habrían cometido entre los años 2009 y 2013 en los municipios de Santa Rosalía, La Primavera, Cumaribo y Puerto Carreño.
Se dice que los involucrados habrían cobrado “entre 15 y 40 millones de pesos por cada trámite de titulación de baldío”.
El denunciante fue suspendido de su cargo en el Incoder también por presuntas irregularidades en el manejo administrativo de las tierras, lo cual ha sido calificado por él como una persecución.

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