A revisión 2.454 adjudicaciones de tierras en Vichada

Ante las denuncias sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras baldías en Vichada, el Ministerio de Agricultura tomó la decisión de revisar la totalidad de las resoluciones de entrega de predios que hizo el Incoder en ese departamento.
Desde este lunes una comisión integrada por la Superintendencia de Notariado y Registro, la Fiscalía, la Dijín, la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi comenzó esa tarea.
Esto implica analizar los títulos que otorgó el Incoder –hoy en liquidación– durante los últimos 11 años en ese departamento. En total, el organismo emitió 2.454 títulos de baldíos. La decisión de iniciar esta investigación la tomó el Ministerio ante las recientes denuncias contra exfuncionarios del Incoder de la Dirección Territorial Vichada, sindicados de haber cometido irregularidades con las adjudicaciones en esa zona del país.
Incluso, la Procuraduría Regional hace menos de dos semanas ordenó suspender de sus cargos al director encargado en Vichada y a un funcionario por presuntas irregularidades.
De acuerdo con el superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, se han recibido denuncias “que señalan que algunos exfuncionarios y funcionarios del Incoder se prestaron para hacer negocios en esa zona”, contó Vélez.
Si bien el Gobierno todavía no tiene el reporte sobre cuánta tierra estaría involucrada en esta investigación, es claro que en Vichada la Unidad Agrícola Familiar (UAF) estaba entre 1.200 y 1.800 hectáreas. Y lo mínimo que el Incoder adjudicaba era una UAF.
Sobre la tarea para ejecutar, Vélez explicó que consiste en revisar cada una de las adjudicaciones y las personas a las que se les entregó la tierra para determinar que sí cumplían con los requisitos definidos en la ley para beneficiarse de baldíos. Eso sí, dejó claro que esto no quiere decir que todas las adjudicaciones del Incoder en Vichada hayan sido irregulares.
En los casos en que se encuentre que la adjudicación fue irregular, la entrega de la tierra será revertida y el predio quedará en manos del Estado. “Si hubo mala fe por parte de las personas, no tendrá derecho al reconocimiento de las mejoras, pero si no es así, habrá que reconocer las mejoras. Hay que analizar cada caso”, explicó Vélez.

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