17 mil estudiantes sin clases y protestas por la mala calidad de la salud en el Departamento Vichada

El gremio de Educadores de Vichada entró en paro en busca de hacer notar la deficiencia en la prestación de los servicio de salud por parte del Hospital San Juan de Dios, que carece de profesionales idóneos en varias especialidades de la medicina, circunstancias que ha llevado a que esta IPS no atienda, como debe ser, las obligaciones asignadas por la Ley que señala el compromiso institucional de atender enfermos afectados por distintas patologías y malestares que alteran y/o perturban la salud de las personas.
En este sentido, los maestros de Vichada que con su cese de actividades avocan a más de 17.000 estudiantes a no recibir clases en las distintas asignaturas de primaria y bachillerato, alegan que el Hospital San Juan de Dios, no presta los servicios básicos como entidad prestadora de los servicios de salud en la mayoría de los aspectos, entre otras afecciones que requieren especialistas en cirugía general, anestesiología, cardiología, bacteriología, psicología, etc., razón por la que han fallecido varios pacientes por falta de atención de expertos y equipos de diagnóstico que obligan a facultativos sin especialización alguna, generalmente médicos que hacen el año rural.
Como si esta situación no fuese suficiente, los médicos del hospital y las mismas EPS, le sugieren a sus pacientes la atención en Puerto Ayacucho, Venezuela. O sea, trastearlo sin remisión oficial para esta ciudad fronteriza venezolana, para que sea atendido por médicos especialistas cubanos, que prestan el servicio de manera gratuita. Un negocio supremamente lucrativo, si tenemos en cuenta que el hospital y la EPS se ahorran cuantiosos recursos económicos por concepto de atención especializada. Un mega-robo sin precedentes, ya que los vichadences pagan puntualmente los servicios de salud en Colombia y las EPS en complicidad con el Hospital San Juan de Dios, se los facturan, pero ninguno aportan ni un solo peso al ya sobrecargado sistema de salud venezolano, que es quien realmente atiende a los enfermos.
Pero por la crisis, se ha llegado el caso, de que esta "remisión" (en busca de la caridad pública del sistema venezolano) se atasca por falta de medios de soporte de almacenamiento (Cds, usb, etc) para señalar la historia clínica del enfermo que tiene que procurarselos por sí mismo, en la misma forma que, si es internado en el sanatorio tiene que proveerse de los medicamentos y componentes indispensables para poder permanecer hospitalizado como es papel y toallas higiénicas; tanta es la falta e insuficiencia de personal especializado y medicamentos que en días pasados, un paciente herido con arma de fuego murió por falta de un anestesiólogo que le aplicada el fármaco para el adormecimiento que requería la intervención quirúrgica, que no pudo realizarse a sangre fría.
Los educadores, en reiteradas marchas por la calles de los cuatro municipios: Puerto Carreño, Cumaribo, Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía, contando con la solidaridad de cada comunidad que también se han volcado a las vías gritando consignas crudas y mordaces contra el sistema de Salud y las entidades prestadoras del servicio, piden un cambio total del sistema como opera la prestación del servicio, exigiendo la renuncia del doctor  Luis Eduardo Schamoun, director del Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño, que como entidad prestadora del servicio se viene negando a atender enfermos alegando que las EPS a las que están afiliados la mayoría de pacientes que solicitan atención en el Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño, no pagan los servicios que presta la entidad que en consecuencia está ad portas de una crisis económica que puede llevar a la interrupción de su actuación como EPS
Uno de los factores, tal vez el principal que le viene haciendo daño a la prestación de servicios de salud es la contratación que se realiza contraviniendo lo que dispone la Ley que el 70% dicha negociación debe hacerse con la Red Pública, y no con empresas privadas, lo que se viene haciendo con asentimiento de los ejecutivos a cargo de los entes territoriales donde algunos burgomaestres, aprovechando el sesgo que da la Ley 691, a pesar de la advertencia de la Contraloría Departamental que busca evitar el menoscabo de los dineros públicos, argumentan que por ejemplo las EPS Indígenas UNUMA, BANAKALE y MATSULDANI que también son entidades privadas promotoras para la afiliación de clientes al sistema de seguridad social y que prestan sólo un servicio administrativo y comercial, hacen parte de la Red Pública, lo que se ha prestado a que haya manejos irregulares en el sistema de salud.
Así, aunque las instituciones están obligadas a contratar el 70% de los servicios de Salud con el Estado, de manera trasversal los legisladores le metieron un mico a la norma original para que se incluyera EPS de corte indígena en la red pública, razón por la que ha surgido una serie de empresas de ese tipo que contratan con las alcaldías ofreciendo coimas hasta de 500 millones de pesos a lo que algunos burgomaestres han accedido.

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