Suspenden debate de la Ley de baldíos en la Cámara

Recusan a los representantes a la cámara por el Vichada
Uno de los proyectos de ley que promete generar mayor polémica en el Congreso es el 133 de 2014, que crea las llamadas ‘Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico’ y modifica dos artículos de la ley 160 de 1994, específicamente en lo que corresponde a la adjudicación de terrenos baldíos y las prohibiciones que sobre estos existen. Y ha sido tanta la expectativa sobre la iniciativa que se ha creado un movimiento de personalidades públicas y parlamentarios en su contra.
El movimiento del “No a la 133” ya ganó su primera batalla en el Congreso al lograr que el primer debate del proyecto en la Comisión Quinta de la Cámara fuera aplazado, mientras se resuelve una recusación contra los representantes del Vichada Marco Rodríguez y Nelly Oros, presidente y vicepresidente de dicha corporación, respectivamente.
Y la recusación los relaciona porque siendo esposos (hoy están separados) adquirieron terrenos baldíos en el Casanare.
El supuesto conflicto de intereses en los que incurrirían consiste en que en sociedad conyugal, los hoy representantes adquirieron los predios Payaras, Bambú y Villa Asunción, de aproximadamente 900 hectáreas, ubicado en Bocas del Pauto (Casanare).
A Rodríguez también se le acusa de haber sido propietario del predio El Recreo hasta 2008. El terreno fue adjudicado como baldío en 1996 y actualmente es uno de los casos de presunta acumulación indebida por parte de la multinacional Cargill.
Además, a Nelly Oros se le acusa de tener investigaciones en la Procuraduría por su desempeño como directora regional del Incoder en el Vichada, ya que tenía entre sus funciones la de adjudicar terrenos baldíos. Y según consta en los registros públicos, fueron muchas las hectáreas entregadas por la funcionaria entre 2009 y 2013, cuando estuvo a cargo de la entidad.
Por si fuera poco, a estos impedimentos hay que sumarles los del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorry Valencia, quien se hizo a un lado del debate porque familiares suyos han adquirido predios baldíos en la Orinoquía. Lo mismo le ocurre al ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, quien ha asesorado a diferentes firmas agroindustriales en la adquisición de predios en la Altillanura.
Con este panorama le tocó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicar el proyecto, pero la falta de conocimiento sobre la materia lo obligó a encargar al superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez.
Sin embargo, el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo ha advertido que este encargo “es ilegal, pues no existe ninguna ley que permita que un funcionario distinto a un ministro defienda un proyecto de ley”.
Este primer asalto en la pelea por el proyecto de ley de terrenos baldíos demuestra que la iniciativa no la tendrá fácil. El bloque del ‘No a la 133’ insiste en tumbar la iniciativa con todos los recursos legales posibles. Y ya existe una ponencia negativa al proyecto, además de un grupo de parlamentarios y especialistas del tema estudiando minuciosamente cuál es la pata de la que cojea.

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