Nuevas irregularidades en adjudicación de baldíos

La Contraloría General de la República le pidió a la Fiscalía investigar irregularidades detectadas en las oficinas de registro y en las sedes del Incoder en Meta, Casanare y Vichada. Según el análisis de la Contraloría “adquirieron y acumularon de manera irregular predios baldíos”.
Los hallazgos realizados por la Contraloría comprometerían unos 150.000 millones de pesos.
La Contraloría no dio a conocer los nombres de las empresas o personas que estarían implicadas en estas irregularidades.
Este es el comunicado de la Contraloría sobre sus hallazgos
La Contraloría General de la República (CGR), en atención a una denuncia formulada por miembros del Congreso de la República, adelantó en el segundo semestre de 2013 una actuación especial al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), encaminada a estudiar los casos de presunta acumulación irregular de predios baldíos en la altillanura colombiana.
Los casos denunciados comprometen a personas tanto naturales como jurídicas, que bajo diversas modalidades caracterizadas por los denunciantes, permitieron la apropiación irregular de tierras con antecedentes de baldíos, principalmente en la zona de la altillanura oriental colombiana. Las denuncias han sido expuestas en varios debates de control político y presentadas ante los entes de control, entre estos, la Contraloría General de la República.
De dicho informe se destacan los siguientes aspectos:
Acumulación irregular de predios de origen baldío en la altillanura: análisis micro
En virtud de dicha actuación especial, se visitaron las direcciones territoriales del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en los departamentos de Meta, Vichada, y Casanare así como las oficinas de registro de instrumentos públicos en los municipios de Villavicencio, Puerto López, San Martin de los Llanos y Acacias en el Meta, Puerto Carreño en Vichada, y Orocué y Yopal en Casanare.
Se revisaron 211 soportes registrales, los cuales fueron contrastados con la información contenida en los folios de matrícula inmobiliaria y las anotaciones respectivas.
Los casos objeto de análisis corresponden a empresas o personas naturales las cuales al parecer, adquirieron y acumularon de manera irregular predios originalmente baldíos contrariando lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994.
Relación de hallazgos
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron tres (3) hallazgos administrativos, uno de los cuales tiene presunto alcance fiscal ($150.378,92 millones), disciplinario y penal, que serán trasladados ante las autoridades competentes.
Hallazgo No. 1: incumplimiento de los artículos 1, 12 y 72 de la Ley 160 de 1994 por parte del Incoder. Presunta connotación fiscal en cuantía de $150.378,92 millones; así mismo, se realizará el traslado respectivo por las presuntas connotaciones penal y disciplinaria que tiene.
De acuerdo con la revisión realizada a los folios de matrícula  que tienen su origen en una resolución de adjudicación de terrenos baldíos de la Nación, a través del Incora o del Incoder, pertenecientes a los círculos de las oficinas de registro de instrumentos públicos de Puerto Carreño, Departamento de Vichada; Puerto López y San Martín de los Llanos, Departamento de Meta; Orocué y Yopal, Casanare; los cuales fueron adquiridos por las empresas y personas relacionadas, se calculó el área afectada, enmarcada en lo citado por la Resolución 041 de 1996 del Incora, por la cual se determinan las extensiones de las unidades agrícolas familiares en los municipios situados en las áreas de influencia de las respectivas gerencias regionales, por zonas relativamente homogéneas y se cuantificó el valor de adquisición por parte del acumulador, tomando como base el valor pagado que se señala en la escritura de compra,  actualizado a valor de 2012 de acuerdo con el IPC reportado en la página del DANE.
De acuerdo con lo anterior, se presenta la acumulación de terrenos adjudicados inicialmente como baldíos por un área total de 101.180,57 hectáreas, adquiridas por valor total de $150.378,92 millones por 14 entes jurídicos o personas naturales, directamente o a través de sociedades por acciones simplificadas de su propiedad, contrariando el contenido del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, sobrepasando las áreas establecidas en el artículo 20 de la Resolución 041 de 1996, generando el incumplimiento del objeto de la Ley 160 de 1994 y la filosofía de la Unidad Agrícola Familiar,  y una responsabilidad fiscal, penal y disciplinaria por parte del Incoder, teniendo en cuenta el incumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley 160 de 1994, numerales 13, 14, 15, 16 y del Decreto 1.300 de 2003, generando un detrimento en el patrimonio de la Nación en la cuantía antes señalada.
Hallazgo No. 2: acumulación de terrenos baldíos por parte de particulares a partir de actualizaciones de área sin el lleno de requisitos. Hallazgo de connotación administrativa dirigido a la Superintendencia de Notariado y Registro. En este caso, el informe contiene 16 casos específicos en que particulares accedieron a la propiedad o posesión de más de un baldío, contrariando la normatividad.
Hallazgo No. 3: deficiente gestión jurídica del Incoder en la recuperación de los terrenos baldíos acumulados irregularmente por particulares, que configura un hallazgo de carácter administrativo.
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) ha interpuesto quince (15) demandas pretendiendo se declare la nulidad de los contratos de compraventa sobre predios originalmente baldíos y acumulados de forma irregular, tanto por personas naturales como por personas jurídicas.
De las quince (15) demandas interpuestas, a la fecha de liberación del informe, cinco (5)  han sido admitidas, cinco (5) se encuentran en calificación, una (1) rechazada y cuatro (4) pendientes de complementar documentación.
Sin embargo, se advierte que el Incoder no ha presentado las demandas correspondientes a los casos adicionales; incumpliendo con su obligación constitucional y legal de recuperar los terrenos baldíos acumulados de manera irregular.
De otro lado, se advierten inconsistencias de la gestión jurídica como: demandas inadmitidas y posteriormente rechazadas debido a que el Incoder no las subsanó oportunamente, presentadas sin documentación completa y otras sin impulso procesal por más de un año.
Por otra parte, se está adelantando en la actualidad la revisión de cinco denuncias adicionales, de las cuales ya se tiene la información recopilada de las oficinas de registro de Ayapel, Cereté y Montería (Córdoba), Caucasia (Antioquia), Puerto Lopez y San Martin de los Llanos (Meta), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Puerto Carreño (Vichada), información que se está analizando para consolidar las respectivas observaciones de este órgano de control.
Así mismo el organismo de Control  da cuenta de la falta de actuación del INCODER para solicitar y efectuar los procedimientos en la recuperación de los terrenos baldíos de la nación y las declaratorias de nulidad de esas escrituras y actos administrativos que permitieron la titularización de las tierras.
En este sentido la CGR considera que se debe dar traslado a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación  para que se investigue las presuntas omisiones del Superintendente de Notariado y Registro en el cumplimiento de su deber legal.

Fuente: Caracol
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