Retos de la Altillanura

La vasta zona de la Orinoquía, que representa el 33 por ciento del territorio nacional, hoy tiene la esperanza de que el desarrollo económico y social llegue por fin a la región.
El documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), avalado por el Gobierno Nacional, es precisamente esa luz verde para la transformación de esa tierra “virgen” en los llanos orientales. 
En la primera fase del Conpes de la Altillanura, que asegura una inversión inicial de $9,6 billones, se priorizan los municipios de la rivera del río Meta, que contempla a Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán, en el Meta; y La Primavera, Cumaribo, Puerto Carreño y Santa Rosalía, en Vichada. 
Los lineamientos para ordenar el territorio, que ha sufrido de abandono desde otrora, están dados en el Conpes. Sin embargo, es apenas este el comienzo de una titánica tarea por llevar a la realidad lo condensado en el documento de 82 páginas que se aprobó el pasado 12 de enero. 
El reto recae sobre los hombros del Gobierno Nacional, los entes territoriales, la población y el sector empresarial, quienes deberán apostarle en conjunto a las recomendaciones plasmadas en el Conpes, para que en un futuro no solo se puedan beneficiar las cerca de 133 mil personas que viven allí, sino que, en un promedio de 10 años, esta zona le pueda aportar al Producto Interno Bruto del país cerca de 0,4 puntos. 
Vocación agrícola  
La Altillanura tiene una vocación agrícola de 2,8 hectáreas, más de la mitad del total sembradas hoy en Colombia de 4,7 millones, lo que le otorga el privilegio al país de poder ampliar su frontera agrícola, una de las pocas del mundo con capacidad de hacerlo. 
El nuevo modelo de administración de tierras que plantea el Conpes de la Altillanura, busca impulsar la asociatividad, por lo que se van a establecer políticas específicas para que pequeños productores de la región se puedan articular con inversionistas. 
De acuerdo con Ángela María Penagos, directora de Desarrollo Rural del Departamento Nacional de Planeación (DNP), esa es una subregión que se tiene que entender desde la perspectiva de grandes extensiones. “No debemos pensar en Altillanura como una región caracterizada por el microfundio, las tierras de allá no permiten tener ingresos suficientes y sostenibles en pequeñas extensiones”, dijo. 
Sin embargo, este no es el único elemento a tener en cuenta en el desarrollo agrícola y agroindustrial de la zona. Además, se necesita un desarrollo y unos paquetes tecnológicos para la región que permitan el aprovechamiento y el uso del suelo. 
Penagos advirtió que esta es una región donde se puede desarrollar agricultura, pero a gran escala por las condiciones agroecológicas del suelo, ya que “las pequeñas parcelas no funcionan y el suelo es como piedras rojas a las que se les tienen que echar cal para bajarle el ácido, porque sino no prospera”. 
Hacer suelo para poder sembrar puede durar entre tres y cuatro años, lo que requiere de una gran inversión, por eso se debe apostar por la asociatividad entre pequeños y grandes productores. 
“Se va a hacer un Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) específico para la creación de suelo en la Altillanura, porque no es viable un negocio que tenga que esperar tres y cuatro años mientras se puede hacer suelo, esta es la primera tarea”, dijo la directiva. 
“La asociatividad en la Altillanura es una condición casi que sin la cual no va a poder prosperar el negocio agropecuario”, agregó la funcionaria. 
La zona de la Altillanura tiene potencial, principalmente, en sorgo, maíz, soya, cacao, especies forestales y cultivos permanentes como la palma de aceite. 
La financiación para el desarrollo agropecuario contempla $50.343 millones en 2014, $125.491 millones entre 2015 y 2017; y $181.418 millones de 2018 a 2021. 
Propiedad de la tierra  
La puesta en marcha del nuevo modelo de administración de la tierra para el desarrollo agropecuario y agroindustrial tiene un obstáculo que lo ronda y es el tema de los baldíos. 
El nuevo modelo de administración dice que los baldíos de mejor calidad se van a titular a los pequeños productores que los están ocupando, pero también que aquellos baldíos que son de menor calidad la Nación los podrá administrar bajo otras figuras, como arrendamientos o concesiones, de tal forma que la inversión sea eficiente. 
“Esta es una región que estuvo ocupada de manera desordenada por muchos años”, señaló Penagos, al explicar que en términos generales “uno puede decir que en la Altillanura buena parte de esos baldíos ya fueron titulados y son derechos que tienen colombianos ahí y nadie se los va a quitar”. 
“Hay otros que no están titulados pero ya están ocupados y la normativa dice que cuando una persona ocupa el baldío después de cinco años y que se demuestre que lo ha utilizado en actividades agropecuarios, puede solicitar que se lo titulen”, señaló. 
Ante esto Penagos afirmó que la intención de este nuevo modelo “no es sacar a la gente, sino lograr una administración eficiente considerando las fronteras de posibilidades de producción del factor suelo que hay allá”. 
Precisamente, este tema preocupa al economista Gonzalo Palau, profesor de la Universidad del Rosario, quien afirma que tal vez lo más delicado en el camino al desarrollo agrícola y agroindustrial en la zona, es la propiedad de la tierra. 
“El reto es pensar qué va a pasar con toda la política de redistribución de la propiedad de la tierra. Si se va a hacer a través de procesos asociativos hay que mirar cómo se pueden asociar los campesinos a los grandes empresarios y cómo pueden beneficiarse de esos proyectos”, señaló. 
Para Palau, la gran concentración de la propiedad, aunque genera crecimiento, también representa un peligro, pues “se genera una bonanza que va generando conflictos sociales, discriminaciones y a la larga es más perjudicial que el beneficio económico que se pueda lograr a mediano plazo”. 
Así las cosas, el reto no es de pequeñas proporciones. Precisamente, para este año está previsto que el Gobierno Nacional radique nuevamente el proyecto de baldíos en el Congreso de la República y pueda surtir trámite luego de que en 2013 sufrió un reversazo. 
El proyecto pretende regular el acceso a la tierra en el país y dar el piso jurídico necesario para el desarrollo y competitividad del sector rural. 
El presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores (SAC), Rafael Mejía, confía en que pronto se resuelva el tema y deje de rondar este fantasma, pues afirma que “hasta que no haya seguridad jurídica sobre las inversiones en tierra en toda esta orinoquía no va a haber inversión ni nacional ni extranjera para hacer desarrollos agropecuarios”. 
“Que se defina lo de los baldíos, lo de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), lo de las zonas, todos esos problemas ocasionados por la tenencia de la tierra”, agregó. 
Mejía celebró el Conpes y dijo que está “bien intencionado”, pero fue enfático en señalar que la zona no se ha desarrollado “por falta de presencia del Estado, porque no hay infraestructura, educación, salud, presencia en sí de lo que debe ser un Estado para poder desarrollar un sector que es promisorio y que puede tener todas las características de abastecer de comida no solo a Colombia sino a otras partes del mundo que lo demanden”. 
Otro insumo fundamental para dar claridad sobre la propiedad de la tierra es el catastro. Según la Directora de Desarrollo Rural del DNP, en el Meta está desactualizado en más de la mitad y el departamento de Vichada ni siquiera lo tiene, no está formado. 
“No se pueden recaudar impuestos, no se sabe cuáles son los baldíos de la Nación, la gente hace transacciones entre sí, eso no está formalizado en nada”, indicó. Por eso, la importancia de formar el catastro rural del Vichada y actualizar el del Meta. 
Además, dijo que “necesitamos el proyecto (de baldíos) porque va a dar seguridad jurídica, en el sentido que vamos a poder definir de quién son las tierras y cuál va a ser el modelo de administración de estas”. 
Infraestructura 
Acompañado del desarrollo agrícola que se busca impulsar en la Altillanura, se requiere del desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte que garanticen la competitividad de la región. 
Por ello, este componente es, sin duda, un tema prioritario en el Conpes que contempla recursos por $9,1 billones entre 2013 y 2038, para culminar la estructuración de los tramos viales Villavicencio-Puerto López-Puerto Gaitán-Puente Arimena, Villavicencio-Granada-Ciudad Porfía, y el anillo vial de Villavicencio que hace parte del Proyecto Malla Vial del Meta. 
La apuesta, además, es por el desarrollo vial, fluvial y aeroportuaria, por lo que también se realizará la actualización de estudios y diseños para la navegabilidad del río Meta y se definirá el plan de acción a realizar en este canal y sus accesos. 
Asimismo, se apoyará técnicamente a la Gobernación del Meta y a la Alcaldía de Puerto Gaitán para la construcción del Aeropuerto en el municipio de Puerto Gaitán. 
Santiago Rojas, vicerrector académico de la Escuela Colombiana de Ingenieros Julio Garavito, celebra los recursos destinados a este sector, pues afirma que “modernizar la infraestructura se traduce en el aumento de la productividad y genera un desarrollo regional, mayor valorización de los predios y contribuye al crecimiento del PIB de los países y las regiones”.

La Republica
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