Basurero jurídico

La destitución del Alcalde Petro por el Procurador General, generó todo tipo de opiniones y manifestaciones, pero el fallo transitorio del tribunal de Cundinamarca echando al piso la decisión del Procurador y solicitándole al Presidente de la República abstenerse de validar esta decisión de la procuraduría, ha generado un caos total.
El nuevo choque de trenes (al que ya nos tienen habituados) tiene un solo origen: Todo el mundo toma decisiones, opina, da conceptos jurídicos, legisla, sobre-legisla y se pasa a los jueces por la faja.
Los entes administrativos toman decisiones, incluso más allá de las judiciales. Por ejemplo, un juez emite una condena de un año sobre un ciudadano y así el delito sea menor y la pena excarcelable, la Procuraduría lo inhabilita para trabajar con el Estado, mínimo de 5 años (una condena superior a la decisión de un juez). Y caso contrario; hay decisiones judiciales que no tienen sanciones de la Procuraduría o la Contraloría. En síntesis, cada cual hace lo que más le convenga de acuerdo a lo que consideren. La ley es muy "relajada" y se los permite.
Todos hacen y deshacen
No existe unidad de criterios jurídicos entre las "ías" y sus investigaciones y decisiones no van de la mano. De hecho en muchas ocasiones ni siquiera se consultan y por lo general conviven en un clima de hostilidad y en una lucha eterna de poder. El resultado es la inseguridad jurídica, afectando a la economía, la inversión extranjera y los derechos fundamentales.
Pero no es un caso aislado. Las altas cortes, ministerios, entidades territoriales, asambleas departamentales, concejos municipales, oficinas de control interno, personerías y hasta empresas mixtas, también legislan en materia propia y sobre-legislan sobre lo ya existente, emitiendo decretos, acuerdos, resoluciones, circulares y conceptos jurídicos, prácticamente con fuerza de ley o por encima de la ley, que permanecen vigentes durante mucho tiempo, hasta que un avispado se da cuenta del error y demanda al Estado por daños y perjuicios.
Inclusive, hay muchos de casos de funcionarios de entidades estatales que han expedido actos administrativos, con el propósito de causar perjuicio a un ciudadano (amigo que se presta para el torcido) y luego obtienen millonarias ganancias en la demanda y reparten dividendos. Un auténtico Cartel de la corrupción, que genera más daño al país que el narcotráfico o la guerrilla.
Vea: 266.711 demandas contra el Estado, por 190 billones
Quién tiene la razón? 
Ahora se presenta un caso de renombre nacional e internacional. Un juez y un procurador chocan en decisiones contrarias sobre un mismo tema. ¿Es competente el procurador para haber destituido a Petro? ¿Es correcto el fallo de tutela del Juzgado de Cundinamarca?. Bueno, como todo el mundo opina, nuestro granito de arena es el mismo de la comunidad internacional: "Los únicos competentes para impartir justicia son los jueces".
Así funciona en el mundo entero, salvo en Colombia, Venezuela y Perú, que parecen ir en contravía y donde los entes administrativos tienen más poder decisorio que un juez (aunque en Venezuela y Perú tienen límites). 
En la mayoría de los países, los entes administrativos, similares a la Procuraduría y Contraloría, son encargados de llevar a cabo las investigaciones, de acuerdo con sus competencias, y ponen sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones en manos de un juez para que imparta justicia; pero en nuestro país, estos entes hacen de todo (investigan, acusan y condenan), prestándose esto para la politiquería, la corrupción y el sectarísmo, ya que sus decisiones, en muchos casos, son selectivas y no equilibradas (si las comparamos con otras (jurisprudencia))
Alguien tiene que pagar
Este mierdero jurídico, propiciado en gran medida por la ambigüedad de las leyes de nuestro país, los abusos de autoridad, errores administrativos y judiciales, y la mala fe de algunos abogados (desacreditando la profesión) son las principales causas de las demandas contra el Estado y por ende, las millonarias pérdidas, que, a la postre, nosotros los contribuyentes terminamos pagando.
Muchos se preguntarán: Por qué el Estado no enjuicia a aquellos funcionarios que cometen estos abusos y toman decisiones que no les competen o que generan daños irreparables a un ciudadano, y que tanto le cuesta al bolsillo de los colombianos, en lo que se conoce como "acción de repetición"?. Sencillo; porque el sistema judicial vive tan congestionado que no tiene tiempo para esas vainas y el Estado tampoco interpone las demandas.
Esperamos que la solicitud de medidas cautelares por la CIDH, la cual tiene en vilo a la nación y contra la pared al presidente Santos, y que suscitó la arremetida del Fiscal General de la Nación, siente un precedente para que haya una reforma a la justicia y nuestra legislación deje de ser tan lapsa y se convierta en un manual de procedimientos taxativo, evitando así tantos choques de trenes, injusticias, corrupción y violaciones de los derechos humanos y nuestra democracia se ajuste a los parámetros del mundo actual.
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