Caso Riopaila-Vichada

El retiro del proyecto de ley mediante el cual el Ministerio de Agricultura buscaba armonizar el régimen de las unidades agrícolas familiares (UAF) ha puesto de nuevo en primer plano los conflictos de tierras en el país.
En este contexto, el ingenio Riopaila, una de las compañías con mayor disposición de tecnología y recursos para promover el desarrollo en la Orinoquia colombiana, decidió entrar en escena para rebatir las acusaciones que dirigentes políticos y medios han hecho en su contra por la adquisición de tierras en el Vichada para establecer allí nuevos proyectos productivos.
Djalma Teixeira de Lima Filho, su presidente, envió a Dinero una carta en la que rebate, punto por punto, los términos del artículo Riopaila: la verdadera historia publicado en la pasada edición de la revista. Los puntos sustanciales de su réplica se publican a continuación: 
1. Ninguna de las sociedades tiene como representante legal a los señores Luis Hernando Villegas o Alfredo Azuero, cuyo buen nombre se ha visto afectado por las versiones periodísticas que aseguran lo contrario. 
2. La administración de Riopaila Castilla entregó toda la información que el accionista minoritario requirió para ejercer su derecho de inspección sobre el Proyecto Veracruz. La Superfinanciera revisó este punto en particular y encontró que los administradores y directivos dieron cumplimiento a la Ley poniendo a disposición los documentos que ella ordena (…) En todas las sociedades anónimas, el derecho de inspección solo se ejerce durante los 15 días hábiles anteriores a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas. Así está consagrado en el estatuto de la compañía y en el código de mejores prácticas corporativas. 
3. No es cierto lo que asegura el accionista minoritario respecto a que las empresas creadas para comprar la tierra solo tendrían un propósito de simulación. Es falso que los $40.000 millones que costaban las tierras, incluidos gastos de registro y escrituración, salieran de la tesorería del Ingenio bajo la figura de préstamos a terceros sustentados en garantías personales suscritas por los representantes de las 27 SAS. Todos los actos que se desarrollaron constan en registros públicos y fueron informados directamente por Riopaila Castilla a las autoridades competentes. Nada más contrario a los actos simulados, que son por definición ocultos, que la abierta y completa transparencia sobre esas operaciones. 
4. No es cierto que hayamos recibido asesoría jurídica de Brigard & Urrutia para evadir la prohibición de concentrar Unidades Agrícolas Familiares. Los más importantes expertos en derecho agrario y prestigiosas firmas de abogados conceptuaron que los predios comprados en el Vichada sí podían ser adquiridos con base en un análisis riguroso de la legislación, las reglas de interpretación, los principios generales del derecho, la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, la doctrina de la Superintendencia de Notariado y el Ministerio de Agricultura, entre otros. 
5. En adición a lo anterior, el gobierno nacional, en cabeza del ministro Juan Camilo Restrepo, reconociendo que las normas pueden generar varias interpretaciones, presentó un proyecto de ley que pretendía dar claridad al tema y exponía las razones jurídicas para que la ley 160 de 1994 no aplicara en forma retroactiva. 
6. Riopaila Castilla no ha tenido relación alguna –ni directa ni indirectamente– con el desaparecido Víctor Carranza. 
7. Los pagos realizados por las tierras adquiridas se efectuaron con dineros recibidos en préstamo en Colombia. El capital de las compañías adquirentes fue pagado con dinero que ingresó al país a través de los canales normales, recibido de las sociedades inversionistas españolas, y se registró debidamente, como inversión extranjera. Si se hubiera consultado en el Banco de la República, se habría constatado que todas las operaciones fueron debidamente efectuadas y registradas a través de los canales cambiarios de Ley, en cumplimiento cabal de la legislación.

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