El carrusel de los baldíos del Vichada

El caso de las tierras controladas por el Ingenio Riopaila en Vichada era ya historia patria para el Estado colombiano cuando el pasado 6 de junio estalló el escándalo mediático promovido por el senador del Polo Jorge Enrique Robledo, y que a la postre precipitó la renuncia del entonces embajador en Washington, Carlos Urrutia.
Un año antes de que el congresista encendiera la hoguera del debate, la Superintendencia de Notariado y Registro ya tenía cabal conocimiento del asunto. Incluso lo había estudiado y, convencida de que allí no había nada irregular, el pasado 21 de enero archivó el expediente.
El debate político tampoco tomó por sorpresa a la Fiscalía. Sus investigadores habían recibido el 12 de diciembre de 2011 una denuncia penal presentada por José Manuel Zabala, por esos días jefe de control interno del Incoder y uno de los funcionarios mejor documentados sobre el caso. 
Otros órganos de control y vigilancia, para mayores señas la Procuraduría y la Superintendencia de Sociedades, también conocían los pormenores de aquella operación en la que Riopaila se hizo a 41.300 hectáreas que pertenecían a colonos y campesinos protegidos por la ley 160 de 1994 que creó la Unidad Agrícola Familiar (UAF).
De acuerdo con esa norma y con la resolución 1996, que reglamentó el uso de la UAF en la Orinoquia, la extensión máxima por UAF que podría ser adjudicada a una persona o empresa no podría ser superior a las 300 hectáreas.
Pero la claridad de la ley de poco o nada sirvió para que los organismos del Estado aguzaran su olfato. Y es por eso que, ahora más que nunca, en el aire queda un interrogante de fondo: ¿estaría el caso Riopaila durmiendo el sueño de los justos si el senador Robledo no lo hubiera desempolvado dos años después de haber ocurrido? 
Mientras el enigma sigue rondando por la mente de algunos, lo cierto de todo esto es que pocos conocen los verdaderos orígenes de la ‘novela’ Riopaila. Durante los últimos 18 meses el equipo de investigación de Dinero le hizo un seguimiento al caso y a lo largo del proceso obtuvo documentos que dejan traza de la operación. Las pesquisas incluyen, entre otros, los informes rendidos por la Oficina de control interno de Incoder, por su Secretaría Jurídica y las escrituras de los predios que fueron levantadas en Cali y Villavicencio.
Con base en las compilaciones documentales, la revista reconstruye la historia completa de un episodio que recobra vigencia tras la fallida radicación en el Congreso de la República, el pasado 20 de noviembre, de un proyecto de ley mediante el cual el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, buscaba ponerle coto a las operaciones que concentran tierras en manos de unos pocos.
El detonante
El 8 septiembre de 2011, la paciencia de Rafael González Ulloa, socio minoritario de la sociedad Ingenio Riopaila Castilla S.A., llegó a su límite. Y una razón de peso lo llevó a ese punto: estaba cansado de que la junta directiva de la organización se negara a entregarle información completa sobre el proyecto Veracruz que comprometía más de $40.000 millones de la empresa en un negocio de compra de tierras que, desde el principio, empezó a dejar una estela de dudas.
Aquel día, con una mezcla de indignación y desconcierto, González decidió poner en manos de las autoridades agrarias las inconsistencias que, a su juicio, se ocultaban tras el secretismo de las directivas de Riopaila. Por eso, le dirigió al Jefe de Control Interno de Incoder un derecho de petición en el que, textualmente, denunciaba que la junta había acordado un “pacto de confidencialidad” para restringirle el acceso a la información.
La denuncia de González Ulloa estuvo basada en los hallazgos que él y sus asesores consiguieron luego de que la empresa les permitiera examinar durante dos semanas 25 cuadernos que contenían información relacionada con el negocio jurídico pactado para adquirir las 41.300 hectáreas. También sirvieron para soportar su queja las actas de la junta directiva de 2010 en las cuales quedaba claro que la plana mayor del Ingenio decidía seguir la hoja de ruta trazada por la firma de abogados Brigard & Urrutia S.A.
Ruta que pasaba por la creación de 27 sociedades del tipo SAS, cinco compañías en España y una holding en Luxemburgo.
Pero ¿qué fue lo que encontró Rafael González tras analizar con lupa los documentos de Riopaila? Halló, por ejemplo, que todas las SAS fueron constituidas a nombre de un miembro de la firma de abogados Brigard & Urrutia. Además, estableció que en todas esas sociedades figuraban como representantes legales Luis Hernando Villegas y Alfredo Azuero, ambos funcionarios del Ingenio.
Sus descubrimientos siguieron acompañados por una letanía de irregularidades. Sin excepción, las empresas recién creadas tenían un capital suscrito de $100.000, del cual nunca fue pagado un solo centavo. “Todas las promesas de compraventa –aseguraba el denunciante– fueron suscritas por el señor Evelio Parrado, gerente financiero de Riopaila”.
El enjambre de empresas no tenía, según González, un propósito distinto a una simulación, ya que los $40.000 millones que costaban las tierras, incluidos gastos de registro y escrituración, salían de la tesorería del Ingenio bajo la figura de préstamos a terceros sustentados en garantías personales suscritas por los representantes de las 27 SAS.
El negocio estaba articulado de tal forma que, a su juicio, quedaba probada una contundente hipótesis: “La ruta jurídica pretendía evadir la prohibición de concentrar las Unidades Agrícolas Familiares (UAF)”. Sus sospechas crecían en la medida en que ninguno de los documentos estudiados daba fe de que la venta de las tierras hubiera sido previamente consultada con las autoridades competentes, como lo ordena la ley.
Notarios de bolsillo
Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol. Todas estas dudas y suspicacias de Rafael González se transformaron tiempo después en la historia que Robledo le contó al país. El nudo comienza a desatarse cuando el jefe de control interno de Incoder, José Manuel Zabala, hombre acucioso, decide consultar el asunto –dos años antes de que estallara el escándalo– con la jefe jurídica de la entidad, Diana Morales Betancourt.
Después de analizar los pormenores de la denuncia, ambos funcionarios dirigieron sus miradas hacia el círculo notarial. A renglón seguido, una serie de dudas los tomó por asalto: ¿cómo era posible que registradores de instrumentos públicos y notarios hubieran decidido registrar un negocio de tierras protegidas por la ley sin que el Estado les hubiera dado su visto bueno? ¿Resultaba lógico que estos funcionarios, obligados a conocer el régimen sobre las UAF, hubieran pasado por alto anomalías que se caían de su peso en ese negocio?
Los interrogantes de Zabala y Morales surgieron luego de concluir lo siguiente: “La Ley 160 del 94 impone a los notarios y registradores la obligación de abstenerse de otorgar e inscribir escrituras públicas que traspasen el dominio de unidades agrícolas familiares en favor de terceros sin el visto bueno de Incoder”.
No parecían equivocados. Dos notarías, la 20 de Cali y la cuarta de Villavicencio, registraron sin problema el alquiler inicial de las tierras y su posterior contrato de compraventa. Lo más inquietante es que la notaría de la capital del Meta es la misma que intervino hace algunos meses la Supernotariado por facilitar aparentemente los trámites para “legalizar” tierras usurpadas por el recientemente desaparecido zar de las esmeraldas, Víctor Carranza.
Una de las preguntas ineludibles es si el círculo notarial está contaminado por obra de funcionarios que se prestan para este tipo de maniobras.
Para no dejar un tema tan sensible en el aire, Zabala le dirigió el 1 de marzo de 2013 –tres meses antes del debate de Robledo– una carta al superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, en la que señalaba que en casos como el de Riopaila no cabía la prescripción decretada por ese organismo mediante el auto 0049 del 21 de enero de 2013.
“Esta oficina –escribió Zabala– reitera que los hechos presuntamente irregulares datan del año 2010, por lo cual a las voces del artículo 30 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) no podría hablarse de la prescripción de la acción disciplinaria”.
Más allá de las empresas
Las aparentes omisiones del superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez, no fueron las únicas por parte del Estado. El 14 de diciembre de 2011, su colega de Sociedades, Luis Guillermo Vélez, también fue puesto al tanto de la creación de las 27 empresas SAS –mucho antes de que Robledo hiciera su debate– mediante un oficio en el cual Zabala solicitaba una investigación sobre la manera como habían sido constituidas.
Pero hay más. El Estado tampoco advirtió a tiempo que del negocio de las tierras hacía parte un circuito de empresas creadas en el exterior. Mucho antes del escándalo, las autoridades colombianas supieron que, aparte de las SAS, el ingenio creó una holding empresarial de la que hacían parte compañías basadas en el paraíso fiscal de Luxemburgo. ¿Para qué lo hizo? 
Una posible respuesta es que buscaba de esa manera eludir controles. Otra, abrir el espacio para que inversionistas extranjeros, reales o ficticios, le reclamaran a Colombia falta de garantías para la inversión extranjera en caso de que el negocio fuera objetado.
El conglomerado fue registrado en Luxemburgo con la razón social Austrias Holding S.A.R.L., el cual resultó accionista de estas sociedades extranjeras: Boracay Investments S.L., Itzel Inversiones S.L., Ontarion Holding S.L., PerseusEnterprises S.L. y Tocanon Investments.
Las empresas asociadas a la holding se convirtieron en propietarias de los terrenos adquiridos por las 27 SAS, pero la transferencia de su dominio se realizó mediante una figura que las partes denominaron “documento de formalización de cesión de acciones a título de rendición de cuentas”. En el momento de hacer pública esta irregularidad, los investigadores de Incoder advirtieron al Gobierno que la transferencia fue hecha “mediante un título atípico no contemplado en la legislación colombiana como traslaticio de dominio”.
En palabras simples eso significa que no levantaron escrituras en Colombia, sino que firmaron documentos en el exterior regidos por normas notariales que no son compatibles con las colombianas. En conclusión, el documento no tendría ninguna validez en el país.
Un par de dudas quedan flotando: ¿Cómo ingresó al país el dinero con el que se pagó la compra de las tierras? ¿Fueron cumplidas todas las obligaciones fiscales del caso?
El tema vuelve a la agenda nacional justo cuando se discute la conveniencia del proyecto de ley con el que el Ministro de Agricultura busca regular la adjudicación de baldíos. Si el caso Riopaila no hubiera sido ventilado como lo hizo Robledo, el problema de las tierras baldías seguramente estaría en los anaqueles del olvido. Lo inexplicable es por qué el Estado se dejó tomar ventaja de un congresista de oposición que conoció el caso cuando más de una entidad estatal había optado por enterrarlo.
“La Supersociedades era la competente para investigar"
Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, declaró a Dinero que el organismo a su cargo carecía de competencia legal para investigar disciplinariamente las posibles irregularidades en la compra de tierras por parte de 27 empresas relacionadas con el ingenio Riopaila, si bien en primer término uno de los delegados archivó las actuaciones.
“Cuando el caso llegó a mi despacho –señaló– tomé la decisión de enviarlo a la Superintendencia de Sociedades, única autoridad competente para establecer si en el caso de las SAS que compraron los predios había unidad de empresa. Solo la posible declaratoria de unidad de empresa podría conducir a la imposición de sanciones disciplinarias”.
Explicó que las oficinas de registro de instrumentos no podían negarse a hacer las inscripciones respectivas de títulos ya que en el derecho notarial existe una figura que se llama “rogatoria” que hace que un registrador no pueda negarse a cumplir una diligencia en la que está de por medio el principio de la buena fe que debe presumirse en las actuaciones de quien requiere el servicio. 
“La Superfinanciera era la competente para investigar"
Consultado sobre las actuaciones de la Supersociedades en el caso Riopaila, la cabeza de ese despacho, Luis Guillermo Vélez, le dijo a Dinero que en efecto a su oficina llegaron denuncias relacionadas con las aparentes irregularidades del Ingenio en 2011. Sin embargo, anotó que dos semanas después de conocer el caso su oficina inició una investigación.
“Les pedimos toda la información de Riopaila a sus abogados en Brigard & Urrutia y estos, mediante un documento nos notificaron que ya habían registrado el grupo empresarial. Es evidente que ese registro lo hicieron por cuenta de nuestra investigación”, explicó Vélez.
En cuanto a si realmente es la Supersociedades la entidad competente para sancionar a Riopaila, Vélez agregó: “en el momento en que íbamos a multar al Ingenio llegamos a la conclusión de que el órgano indicado para hacerlo no éramos nosotros sino la Superfinaciera, pues Riopaila cotiza en el mercado y eso hace que la matriz tenga que ser revisada por esa Superintendencia”.

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