Tenencia de baldíos

Durante las últimas semanas los colombianos hemos registrado a través de los medios de comunicación todo un debate sobre el uso de la tierra, su tenencia y su origen en la altillanura, es decir, en los departamentos del Meta y Vichada particularmente. El tema cobró mayor importancia por cuanto congresistas pertenecientes a la oposición lideraron las investigaciones que terminaron en acusaciones de irregularidades jurídicas y aprovechamiento político, frente a las adquisiciones de antiguos predios baldíos representados en Unidades Agrícolas Familiares (UAF).
Tuve la oportunidad de tomar partido en ese debate en dos ocasiones. En la plenaria del Senado y en la Comisión de Asuntos Económicos y hoy, por la pertenencia del tema, dejo algunas reflexiones en esta columna de mi propia cosecha. Es propio recordar que desde el nacimiento de nuestra República la mayor parte de nuestro territorio lo constituían tierras sobre las cuales nadie reclamaba propiedad, por lo tanto éstas áreas fueron consideradas de propiedad de la Nación. Las áreas de baldíos fueron usadas por los gobernantes de la época para la obtención de recursos para financiar el gasto público, la generación de infraestructura en comunicaciones y promoción del desarrollo económico mediante la entrega de tierras a los colonizadores campesinos.
Para mejor comprensión "fusilo" la definición de baldíos contenida en el Código Fiscal.
"Son baldíos, y en tal concepto pertenecen al Estado, los terrenos situados dentro de los límites del territorio nacional que carecen de dueño, y los que han sido adjudicados con ese carácter, deban volver al dominio del Estado".
En el país hay todo un compendio en materia de legislación sobre baldíos. Sin embargo, es claro que desde el mismo principio se presentaron restricciones o prohibiciones expresas para la adquisición de predios que fueran baldíos y que su extensión pudiera superar el límite máximo individual establecido por adjudicar. Hay que insistir en que en el país no hay un censo real sobre baldíos, lo que hace parte de la problemática actual sobre el tema y cobra vigencia debido a que la frontera agrícola nacional se ha extendido, entre otras regiones, a la denominada Altillanura colombiana, que aproximadamente cuenta con siete millones de hectáreas. 
En el fondo de toda esta discusión sobre si hubo o no acumulación de tierras por la vía de adquisición de predios baldíos adjudicados a distintos dueños surge el verdadero debate sobre el modelo de desarrollo agrario que debe seguir nuestro país, en especial sobre la utilización y tenencia de la tierra. Fue este precisamente mi argumento en mis intervenciones, reiterando que no existe una política pública en materia de tierras que otorgue seguridad jurídica a los empresarios del campo, independientemente del tamaño de su predio. 
Estamos en mora de adelantar un gran debate alrededor del tema que nos permita de manera consensuada la toma de decisiones al respecto. De esa discusión debe resultar un proyecto de ley que se convierta en la hoja de ruta para el desarrollo rural colombiano para lo que resta de la primera mitad de éste siglo.

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