Compraron a precio de huevo y vendieron como oro

Treinta y cinco sociedades anónimas compraron predios a campesinos del Vichada, por 10 o 20 millones de pesos y dos meses después las vendieron por 3.000 y 4.000 millones a la transnacional Cargil.
La denuncia la hizo el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo y les pidio al presidente de la República, Juan Manuel Santos, a la gerente del Incoder, Miriam Villegas, y al superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, investigar estas transacciones que consideró ilegales. Robledo insistió en que el diseño de la ruta jurídica de estos negocios fue hecho por Brigard & Urrutia Abogados, la firma de propiedad de Carlos Urrutia, actual embajador de Colombia en Washington.
La carta de Robledo dice: “Hay otros hechos de extrema gravedad sobre las actuaciones de Cargill en Colombia que deben ser investigados por las autoridades, además de la violación de la ley 160 de 1994 de la que se valió la trasnacional para apoderarse de, por lo menos, 52 mil hectáreas de tierras campesinas de reforma agraria, ilegalidad en la que incurrió siguiendo las orientaciones de Brigard & Urrutia Abogados, la firma de propiedad de Carlos Urrutia, actual embajador de Colombia en Washington”
Lo concreto
El senador sostiene: “En las compras realizadas por 35 sociedades anónimas (SAS), creadas por una subsidiaria de la Cargill para ocultar la ilegal acumulación de tierras por parte de la transnacional norteamericana, hay descomunales diferencias de precios de las tierras que son muy sospechosas, tras los cuales podría haber otros delitos. Por ejemplo, el campesino que fue despojado del predio La Perla aparece el 20 de enero de 2012 vendiéndoselo a Inversiones Puerto Bello S.A. por $10 millones y el 27 de febrero de 2012, un mes después, La Perla Vichada SAS –empresa de Cargill– se lo compra a Inversiones Puerto Bello por $2.861.760.000, ¡286 veces más de lo que se le pagó al campesino! Y esta modalidad en la que alguien le compra al campesino muy barato y le revende luego a Cargill a precios muy superiores se repite en muchos casos, como lo indican otros ejemplos:
Predio El Boralito: En un mes, su precio pasó de $10 millones a $3.094 millones. Predio Aguazul: En un mes, su precio pasó de $10 millones a $3.100 millones. Predio La Revancha: En dos meses, su precio pasó de $60 millones a $1.369 millones. Predio Villa Rosenda: En 20 días, su precio pasó de $20 millones a $4.090 millones de pesos.
Predios Pato Loco, Las Lagunas y El Arbolito: El 1° de diciembre de 2007 los tres fueron adquiridos por $30 millones cada uno, para un total de $90 millones. Después de una enredada cadena de transacciones, en 2012, tres empresas de Cargill compraron los predios por $7.367 millones de pesos. El caso de estos predios llama la atención, porque la cadena de tradición de los tres inmuebles es exactamente la misma, pues no solo coinciden los compradores sino las fechas de las compraventas y los precios de las transacciones”.
Pide aclaraciones
Robledo les dice a los tres destinatarios de su carta. “El gobierno de Colombia debe aclarar ¿por qué hay diferencias descomunales entre los precios que Cargill dice que pagó por los predios y los que se les pagaron a los campesinos? ¿Por qué apenas pasaron un par de semanas entre el momento en que Cargill aparece comprando y el momento en que se despojó ilegalmente y a bajo precio a los campesinos de sus tierras?
¿Las sociedades que les compraron a los campesinos actuaron como testaferros de Cargill? ¿A quién pertenecen esas sociedades? ¿Los campesinos que vendieron a precios muy bajos lo hicieron voluntariamente o fueron coaccionados? ¿Cuál fue el papel de Carlos Urrutia en estos hechos sospechosos?
En consecuencia, les solicito a ustedes tomar las determinaciones legales que deben tomarse sobre este caso que escandaliza en Colombia y en el exterior (ver artículos de The Wall Street Journal y Time Magazine: http://db.tt/Z1mGrf4t y http://db.tt/VYXqcHpK), e informarme sobre ellas, de acuerdo con el artículo 258 de la Ley 5 de 1992”.

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