La suma de todos los miedos

Un allanamiento en la Carrera 11 con calle 24 fue el detonante para una verdadera explosión social y una batalla campal contra la Fuerza Pública. Todo comenzó sobre las 4 de la tarde cuando miembros de la Sijin de Puerto Carreño, irrumpieron en la casa buscando contrabando. Y lo que debió ser un procedimiento de rutina se convirtió en una manifestación con palos y piedras que amenazaba con destruir todo a su paso, gases lacrimógenos, daño a la propiedad pública y privada, uso excesivo de la fuerza y muchos otros males.
Sancocho de irregularidades
La Sijin entró a la vivienda pasado las 4 p.m. del día de ayer 21 de Junio, sin mostrar la orden de allanamiento, según sostuvieron varios testigos, y posterior al hecho fue que la mostraron a los propietarios del inmueble. Pero el desorden no terminó ahí. Al momento del allanamiento no hubo presencia de ningún miembro del Ministerio Público, o sea no asistió la Procuraduría General de la Nación, la Personería Municipal o la Defensoría del Pueblo. Tampoco hubo presencia de garantes de los derechos de la niñez y adolescencia, como la Defensoría de Familia del ICBF,  la Comisaría de Familia Municipal o la Inspección de Policía, entre otros. Y era imprescindible, ya que había un menor de dos años dentro de la casa allanada, y de acuerdo a declaraciones de los testigos, al menor de edad se le impidió la salida de la vivienda cuando llegó su madre y solo después de un forcejeo con las autoridades, los dueños del inmueble lograron romper la puerta de la entrada de la casa y sacaron al menor.
La Policía incautó 220 galones de gasolina y 50 cajas de cerveza aproximadamente, pero esta cifra es incierta, ya que de acuerdo a los testigos, la Sijín le hizo firmar el acta de incautación a la propietaria del inmueble, pero no le entregó copia de la misma, por tanto se desconoce la cantidad exacta de los productos retenidos.
Reacción Social
Durante el allanamiento e incautación de bienes supuestamente de contrabando, comenzaron a llegar personas de todas partes hasta que se originó una manifestación, lo que ocasionó la respuesta de la fuerza antimotines de la Policía Municipal, y con esta, una lluvia de gases lacrimógenos para dispersar la manifestación. Sin embargo este hecho no los detuvo. Los manifestantes se tomaron la carrera 11 y luego, armados con piedras, palos y otras herramientas, se desplazaron desde “La Virgen” hasta la sede de la Alcaldía Municipal en el centro de la ciudad.
La fuerza antimotines se concentró en la zona, protegiendo la entidad municipal, y horas después los manifestantes se retiraron, sin embargo un grupo se dirigió hasta la residencia privada del Alcalde Municipal y aprovechando que estaba desprotegida, le lanzaron palos, piedras y botellas de cerveza. Ante el caos, el Ejército y la Policía se tomó la zona y bloqueó todas las vías de acceso desde el Colegio Eduardo Carranza. El resultado fueron algunos daños al inmueble, vidrios en las calles y un escenario de dimensiones que jamás se habían presenciado en Puerto Carreño.
Curiosamente, la Defensoría del Pueblo se encuentra a escasos 10 metros de la vivienda allanada. TeleOrinoco tuvo contacto telefónico con la Defensoría y negaron haber sido citados para estar presentes en la inspección. También declararon que la entidad no fue protegida por la fuerza pública, ni tampoco ninguna de las demás viviendas residenciales de la zona, lo cual puso en evidente riesgo a las personas y empleados que habitan en estos inmuebles por el paso devastador de unos manifestantes enfurecidos con la Policía por el procedimiento policivo, catalogado de “arbitrario” por parte de algunos testigos.
El Origen
Pero qué originó realmente esta “explosión social”… ¿los 5 tambores de gasolina y las 50 cajas de cerveza incautadas o el inconformismo social y la desesperante situación económica por la que atraviesa Puerto Carreño, producto del desempleo y la poca inversión en programas sociales y la nula reactivación económica?. Tal vez un conjunto de situaciones, que al sumarlas traen como resultado que la sociedad enfrente a las autoridades de una manera violenta; y uno de ellos es precisamente lo que sucede después que la policía judicial realiza un allanamiento.
TeleOrinoco entrevistó a dos contrabandistas, los cuales pidieron mantener su nombre en reserva, y aseguraron que, en la mayoría de los casos de decomiso de combustible venezolano, sobre todo si son cantidades pequeñas (uno o dos tambores de gasolina), la Policía o la Fiscalía se quedan con el hidrocarburo y lo consumen en sus carros oficiales y particulares. Con la comida, cerveza y otros productos incautados, sucede algo similar.
Otro caso son los “falsos positivos de los decomisos”. De acuerdo a las afirmaciones de los contrabandistas entrevistados, algunos miembros de la Policía, les pidieron en varias ocasiones reportar un “positivo” (decomiso). Los contrabandistas le entregaban a los miembros de la fuerza pública dos o más canecas de combustible, varias de cerveza y otros productos, y estos policías “legalizaban” la incautación pero sin capturas y con esto mostraban que “estaban actuando” contra la delincuencia y el contrabando. 
TeleOrinoco trató de comunicarse con la oficina del Comandante de la Policía de Puerto Carreño, para solicitarle su opinión acerca de estas declaraciones, pero no obtuvimos respuesta.
Procedimiento
Es importante aclararle a la ciudadanía que, para el caso de combustible, al momento de un allanamiento, la policía judicial debe practicar el PCPH. La Prueba de Campo Preliminar Homologada (PCPH) establece si el combustible es de origen extranjero o nacional. Si la prueba determina que no es nacional, puede ser incautado y estaríamos en presencia de un eventual ‘delito de favorecimiento al contrabando’. En el caso del allanamiento objeto de este artículo, de acuerdo a las declaraciones de los testigos, esta prueba no se practicó.
Más importante aún es la ‘Cadena de Custodia’. El combustible, inmediatamente después de incautado, debe ponerse a disposición de la Fiscalía General de la Nación, como evidencia del procedimiento. Luego, cuando concluye el caso, si el combustible de origen extranjero (Venezolano) debe ser entregado a la DIAN. En ningún caso puede ir a parar a los vehículos de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación o particulares.
Es o no es
Muchos se preguntan ¿por qué apedrearon la residencia del Alcalde de Puerto Carreño cuando éste, en el Cabildo Abierto, celebrado en el mes de mayo del 2013 en el Colegio José Eustasio Rivera de Puerto Carreño, le aclaró públicamente al Comandante de la Policía que “no le siguiera diciendo a la comunidad que él era el que ordenaba las incautaciones de contrabando en Puerto Carreño”, en cambio la casa del Gobernador del Vichada permanece intacta, a pesar de que acaba de invertir cientos de millones para combatir el contrabando, a punta de “charlas” y pie de fuerza, (en lugar de fomentar el crecimiento económico y el empleo para que los contrabandistas abandonen sus prácticas delictivas) y que en entrevista concedida a la Radio Nacional de Colombia afirmó que está “dispuesto a implementar todas las acciones de choque por el bienestar de las finanzas regionales”?
Vea Firman millonario convenio para combatir el contrabando en frontera con Venezuela y
Departamento de Vichada y La Federación Nacional de Departamentos firman convenio de lucha Anticontrabando (Cortesía de Radio Nacional de Colombia y Correo del Orinoco)
La suma de todos los miedos
Si bien el contrabando es un delito, muchas familias se benefician de esta actividad en ausencia de otras oportunidades de trabajo y negocios. Ahora el panorama es sombrío. Hay un temor generalizado en la población por las consecuencias de esta manifestación.
¿Se acabará el contrabando de combustible venezolano y tendremos que comprar el combustible colombiano a precios impagables?; ¿militarizarán el barrio Simón Bolívar y otros barrios de Puerto Carreño y asfixiaran económicamente a miles de familias, que gracias a esta actividad "delictiva" pueden tener un plato de comida todos los días?; ¿les ofrecerán otras alternativas de empleo?; ¿aumentará el delito y el paramilitarismo en el municipio?; ¿la policía judicial seguirá haciendo “positivos” con incautaciones a personas de bajos recursos, mientras los grandes capos continúan pasando miles de galones de combustible y armas por la frontera y nadie los detiene? ¿finalmente se aplicará la Ley de Fronteras? o ¿podremos tener un departamento con carreteras, vías férreas y extensión del IVA al 100% de los productos, para que los precios disminuyan y el comercio local pueda competir con los precios de los productos de contrabando? ¿tal vez aspirar a convertir Puerto Carreño en una Zona Franca?
Demasiadas preguntas sin respuesta. A esta hora se celebra un Consejo de Seguridad para evaluar la situación y tal vez sus integrantes, para bien o para mal, serán los que las respondan y busquen una salida a estos incidentes cada vez más frecuentes y determinantes para un cambio socio-político en la región.
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