El torcido

El senador del Polo Jorge Enrique Robledo denunció que la firma de abogados Brigard y Urrutia habría participado en una usurpación de tierras en el departamento del Vichada.
Según su denuncia, esa firma ayudó a constituir 27 empresas que adquirieron terrenos que no se podían comprar porque eran terrenos baldíos que fueron adjudicados hace mucho tiempo a campesinos.
El asunto es que la firma Brigard y Urrutia, según el senador Robledo, diseñó una estrategia para adquirir esos terrenos y convertirlos en una gran hacienda.
El embajador Carlos Urrutia, socio de la firma acusada, expidió hoy un comunicado en el que dice lo siguiente:
1. Para asumir el cargo de embajador en Washington, Carlos Urrutia vendió las acciones que le pertenecían en la firma Brigard y Urrutia Abogados […].
2. Carlos Urrutia no es propietario, directa e indirectamente, de predios ubicados en el Vichada.
3. Carlos Urrutia no ha ejercido ni intentado ejercer influencia o presión alguna, ni ha adelantado gestiones de ninguna naturaleza sobre el proyecto de ley sobre terrenos baldíos que cursa en el Congreso de la República.
Toda esta controversia la originó un fallo de la Constitucional, que dice que todo lo ocurrido desde el 94 en materia de acumulación de tierras baldías «no ha debido ocurrir» porque era contrario a lo que disponía la reforma agraria.
Las empresas que sí podrían resultar afectadas son las que les compraron tierras a los campesinos, honesta y legalmente, porque pagaron a valores comerciales.
Esas empresas son: Fondo Ganadero de Córdoba, Mulero, Mulas Altamaceras, Bioagro Industrial, Inversiones Palma Oriente, Ecopalma, Mónica Semilla, Sociedad De Inversiones Eternas, Poligrow Colombia, Sociedad Villadiana, Palmavista...
El problema es que los campesinos no podían vender y los nuevos propietarios no podían comprar, sino hasta cierto número de hectáreas acumuladas.
El representante por el Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias, denunció que contrario a lo que establece la ley de que los territorios baldíos deben ser adjudicados a campesinos para su explotación, en el departamento del Vichada grandes extensiones de tierra está en manos de empresas como el ingenio Riopaila Castilla, Corficolombiana, el grupo brasileño Mónica Semilla o la familia de Carlos Aguel Kafruni.
Según Arias, en el caso de Riopaila, actualmente el ingenio es dueño de 42 mil hectáreas de tierra en La Primavera y Santa Rosalía, Vichada, que corresponden a 43 predios o unidades agrícolas familiares – UAF-, conocidas como el proyecto Veracruz.
A juicio del representante del Polo esta posesión viola la norma que establece que nadie puede ser propietarios de más de una unidad agrícola familiar, que puede tener una extensión entre las 966 hectáreas y las 1900.
Según el congresista para hacerse a estas tierra Riopaila contó con la colaboración de Francisco Uribe Noguera, abogado de la firma Brigard & Urrutia, quien figura como gerente suplente de las “empresas fachada” que compraron cada uno de los predios.
El bufete según el parlamentario habría asesorado a Riopaila sobre los vacíos en la norma que le permitirían adquirir los predios, sin importar que se violara el mandato que prohíbe tener más de una UAF.
En su carta a los organismos de control, Arias denuncia que Riopaila presta el dinero para comprar los predios a cambio del arriendo de los tierras por 30 años. Sin embargo, según el parlamentario, termina haciéndose a las mismas a través de una operación en Luxemburgo, donde adquiere la empresa Asturias Holding Sarl que recibió la “participación de terceros en sociedades arrendatarias de tierras vinculadas al proyecto Veracruz”.
En el caso del grupo Corficolombiana Arias aseguró que es propietario de 13.785 hectáreas que hacen parte de 17 predios ubicados en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López, Meta, que fueron adquiridos por “empresas fachada”, que a su vez terminaron en poder de cuatro empresas especializadas del sector agropecuario, “constituidas por el grupo en la semana entre el 5 y el 12 de octubre de 2012” y que luego las dieron en aportes a la Organización Pajonales S.A.
En su presentación ante el Congreso, Arias reveló el caso del empresario Carlos Aguel Kafruni, propietario de más de 15 mil hectáreas entre los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán, Meta, que figuran a nombre de varios miembros de su familia.
En una conferencia ante estudiantes de la Universidad de los Andes sobre la acumulación de baldíos que constituye una violación de la norma que prohíbe ser propietario de más de una UAF, Aguel Kafruni aseguró: “no puedo decir que eso sea bueno o malo ni recomendarlo, pero no he visto al primero que le hayan quitado las tierras por eso”.

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