Los burros se buscan para rascarse

Columna Indio Venancio
Nuevo Correo del Orinoco
Me enteré en cierto momento, que después de asistir contrito a las paradojas de la Semana Santa, donde por supuesto, no encontró absolución porque la afrenta no es contra de la deidad de Dios, sino contra la dignidad del pueblo, un pío y alto funcionario de la administración departamental, abordó al director del periódico (Nuevo Correo del Orinoco) para replicar por mi escrito publicado en la edición anterior, en el que recogiendo la inconformidad de los empresarios vichadenses por el trato discriminatorio de que son víctimas cuando no hay una justa redistribución del ingreso oficial, ni se permite el acceso democrático a las oportunidades de empleo y contratación, utilizando un procedimiento amañado que vulnera principios de equidad laboral, desarrollo empresarial y de salvaguarda del crecimiento económico de la región, no obstante a que el Gobierno y el Estado Colombiano, para fomentar el desarrollo de la industria en las regiones, fijan a las entidades públicas condiciones preferenciales de contratación y convocatoria, limitadas a micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales son de imperioso cumplimiento, beneficio que debe aplicarse a estos sectores de la empresa territorial de conformidad con el Art. 43 de la Ley 1450 de 2011.
Pues bien, para que vean ustedes, el funcionario, como le corresponde en su oficio de consejero jurídico, asegura que aquí en Vichada, no se pueden acomodar los beneficios de esta norma porque no hay cabida para su aplicación por cuanto la estructura en el sector empresarial no lo permite. La puso enredada; sin embargo, como sé que  ́algunos personajes a propósito, desconocen la norma y disculpan el procedimiento con artificios’ aunque no tengo credenciales qué mostrar como jurista, pero sí un resto de años encima dedicados a la investigación y consulta que me dan calificada experiencia; y como tampoco, por el hecho de ser indígena, soy un indio de guayuco sacado con espejo, me atrevo, con esa idoneidad, el conocimiento empírico que poseo y la malicia indígena, aclararle al doctor en leyes, que en Colombia, de acuerdo con la definición de la Ley 590 de 2000 y la Ley 905 de 2004, microempresa es toda unidad de explotación económica realizada por una persona natural o jurídica, en actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, con planta de uno hasta 10 trabajadores y activos que igual, van de UNO a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con esta aclaración puntual, considerando que el Salario Mínimo es de $589.500,oo, o en su defecto, calculando por la UVT que reemplaza la medida del Salario Mínimo para clasificar el tipo de empresa, podríamos decir que el 98% de los establecimientos comerciales y empresas industriales o prestadoras de servicios que existen en Vichada, clasifican como microempresas. 
No sé si el funcionario hizo tal afirmación por simple desconocimiento de la Ley, lo que sería grave, porque ese descuido del consejero en materia jurídica, avocaría en un momento dado al Ejecutivo Departamental a cometer errores que más tarde podrían cuestionarlo ante tribunales disciplinarios o de la misma la justicia, lo que no sería raro que suceda cuando ya comienzan a sonar legajos en la Procuraduría, y por supuesto, el responsable sería el ejecutivo y no el que aconseja. Pero podría ser mucho y más grave, que con ese artificio se quiera convencer a un colectivo que no come cuento: es una idiotía o una acción un poco avestrucesca querer taparse los ojos para no ver, sabiendo que los hechos siguen ahí, mostrando los asuntos oficiales tal y como suceden, por lo que debo aclararle al jurista que hasta mediado el Siglo XX , tal vez, todavía en Vichada había uno u otro indio de guayuco, cogido a soga; pero hoy, después de 63 años ya los indígenas nos hemos civilizado, conocemos nuestros derechos y sabemos cuáles son las responsabilidades que asumen los funcionarios públicos. Pero bueno, dejemos esta polémica inocua; y para darle una molde jurídico al asunto e ilustrar al colectivo, como chamán de mi pueblo que conoce la medicina natural que la nación ha puesto en manos de la población, voy transcribir apartes de la norma que fija procedimientos que clarifican el por qué de la crítica y el por qué del reclamo, ya que la administración departamental, como debería ser, para impulsar el desarrollo debe:
a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos.
b) Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas.
c) Inducir el establecimiento de mejores condiciones del entorno institucional para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas.
d) Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital, y equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso a los mercados financieros institucionales.
e) Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas favorables al desarrollo y a la competitividad de las MIPYMES - micro, pequeñas y medianas empresas.
f) Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
g) Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la generación de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas.
h) Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas de economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de MIPYMES rurales.
i) Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las MIPYMES.
j) Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de micro, pequeñas y medianas empresas.
Concurrencia de las MIPYMES a los mercados de bienes y servicios que crea el funcionamiento del Estado
Con el fin de promover la concurrencia de las micro, pequeñas y medianas empresas a los mercados de bienes y servicios que crea el funcionamiento del Estado, las entidades indicadas en el artículo 2o de la Ley 80 de 1993 o de la ley que la modifique, consultando lo previsto en esa ley y en los convenios y acuerdos internacionales:
1. Desarrollarán programas de aplicación de las normas sobre contratación administrativa y las concordantes de ciencia y tecnología, en lo atinente a preferencia de las ofertas nacionales, desagregación tecnológica y componente nacional en la adquisición pública de bienes y servicios.
2. Promoverán e incrementarán, conforme a su respectivo presupuesto, la participación de micro, pequeñas y medianas empresas como proveedoras de los bienes y servicios que las Instituciones del Estado demanden.
3. Establecerán, en observancia de lo dispuesto en norma, procedimientos administrativos que faciliten a micro, pequeñas y medianas empresas, el cumplimento de los requisitos y trámites relativos a pedidos, recepción de bienes o servicios, condiciones de pago y acceso a la información, por medios idóneos, sobre sus programas de inversión y de gasto.
4. Las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, preferirán en condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicio a las Mipymes nacionales.
Parágrafo. El incumplimiento de los deberes de que trata el presente artículo por parte de los servidores públicos constituirá causal de mala conducta.
En este sentido la Gobernación del Departamento además, está en la obligación de establecer y promover estrategias de comercialización nacional e internacional de productos y servicios mediante el diseño de políticas específicas de atención a las MIPYMES a través de las dependencias a su cargo, donde se debe procurar que, mediante Consejos Regionales haya la presencia del Fondo Nacional de Garantías, el SENA, Colciencias, Bancoldex, Proexport, Finagro, Banco Agrario y demás entidades vinculadas al sector, que deben establecer dependencias especializadas en atención a estos tipos de empresas, asignando responsabilidades para garantizar la materialidad de las acciones que se emprendan de conformidad con las disposiciones de la norma en el ámbito de sus respectivas competencias.
En resumen, veo esa gobernación mal; muy mal y con esos asesores pior. Ese man es muuucho animal.
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