Procuraduría inhabilita por 15 años al Alcalde de Primavera

Por Otto Sanchez - Correo del Orinoco-Vichada
La Procuraduría destituyó e inhabilito por 15 años al Alcalde de La Primavera, el ex diputado Carlos Ramón Cuellar Hunda, quien había sido elegido para el periodo actual, por haber encontrado mérito en los cargos que se le imputan y que determinan una falta disciplinaria gravísima al haber contratado los Servicios de Salud de los afiliados en ese municipio con una EPS que no reunía los requisitos para garantizar la correcta atención a los usuarios del sistema, violando flagrantemente normas cuando no tuvo en cuenta los procedimientos establecidos para suscribir ese tipo de contrato.
En reiteradas ocasiones hemos hablado de la crisis ética, política y social por la que atraviesan las instituciones que conforman el Estado, especialmente las que tocan a la administración pública. Ante tal crisis, la sociedad y la persona en particular debemos tomar posición intentando dar una respuesta al flagelo de la corrupción cuando frente a ello no podemos ser indiferentes dado a que si no actuamos en consecuencia, por falta de ética social, principios y valores ciudadanos, todos estaríamos implicados en el problema, como cómplices o bien como agentes directos de la situación.
Ya parece normal que los funcionarios designados en cargos de manejo de recursos de públicos, por múltiples causas entre las que está creer que no hay dolientes y la enorme complejidad en la manera y las formas de contratar, busquen descaradamente y sin temor a la Ley, cómo apropiarse indebidamente de los dineros públicos por sí mismos o por medio de terceros, creando un conjunto delictivo que cuando no se alza con todo, se lleva una buena parte de los recursos, sin temor alguno porque consideran que por influencias personales de padrinos encopetados o del dinero mismo, pueden soslayar la acción de los entes de control y de la misma justicia. Así, en el marco de esta descripción algunos alcaldes venían contratando el Servicio de Sa- lud de la población con EPSs de bolsillo, en ocasiones de propiedad personal de los mismos funcionarios en busca de aprovechar la oportunidad para enriquecerse, con lesión enorme para la comunidad que, como se ha visto, no puede disfrutar de manera plena de ese derecho que otorga el Estado, porque las EPS, como intermediarias en la prestación del servicio no cancelan los valores causados a las entidades que los prestan: Hospitales, Clínicas, Sanatorios, Albergues, etc. De esto hemos hablado en otras ocasiones con insistencia, y redundando en el tema.
Mirando la situación, por cierto bastante preocupante, el Gobierno Nacional dispuso una normatividad puntual que debían cumplir los Alcaldes en la contratación con estos recursos cuando situó un billón ochocientos mil millones de pesos para aliviar la crisis que sufrían los hospitales en el paìs; no obstante, algunos alcaldes como éste, confiados en que las cosas seguirían igual que antes, hicieron caso omiso a las disposiciones y actuaron violando el régimen disciplinario y las normas de contratación, razón por la que el Procurador Luciano Rafael Ramírez Mesa, de Puerto Carreño (foto) en quien reconocemos honestidad en su actuación y diligencia en el cargo que ocupa, se vio en la necesidad de aplicar correctivos ejemplarizantes para combatir esta epidemia administrativa, emitiendo un fallo en justicia que, aunque puede ser apelado, sólo lograría modificar la sentencia aumentándola o disminuyéndola, pero que en todas sus formas el tribunal, al que corresponda dar el segundo veredicto, frente a las evidencias y a la gravedad de la falta, no tendría otro camino que confirmarla, de manera que lo hecho, hecho está. Pero de otro lado, como el fallo califica el procedimiento contractual de gravísimo, fue compulsada copia a la Fiscalía, ya que se estima que el proceso puede degenerar a castigo determinado por la Ley Penal dado a que la falta tiene carácter ilícito y punible.
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