Investigan a funcionarios de Incoder Vichada

Un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción vinculó a 36 personas a un proceso judicial por presuntamente haber intervenido en la adjudicación de 38 mil hectáreas de terrenos baldíos en el departamento del Vichada.
Según la investigación, que se remonta a 2006, los 32 adjudicatarios se hicieron pasar como colonos y argumentaron que explotaban los predios sin que fuera cierto.
Otras cuatro personas, que pertenecen al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), también fueron señaladas por el ente acusador.
En un comunicado de la Fiscalía, el organismo informó que los sindicó de haber incurrido en los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado, prevaricato y peculado por apropiación.
"El fiscal instructor al resolverles la situación jurídica a los procesados los sindicó de haber incurrido, presumiblemente, en los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado, prevaricato y peculado por apropiación", reseñó el documento.
El presidente Juan Manuel Santos impulsó en 2011 una ley de restitución de tierras que pretende devolver, antes de agosto de 2014, unos dos millones de hectáreas a cerca de 400 mil familias que se calcula que fueron desplazadas desde 1991, en el marco del conflicto armado de casi medio siglo en Colombia.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han exigido al gobierno de Santos y a las autoridades una mayor protección a los campesinos y reclamantes de tierras ante los constantes asesinatos y amenazas que sufren por parte de grupos armados ilegales, como guerrillas de izquierda y grupos de ultraderecha.
Al menos ocho líderes campesinos que reclaman tierras fueron asesinados el año pasado.
Según el Ministerio de Agricultura los reclamantes de tierras señalan a desmovilizados grupos paramilitares y a las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como las causantes del despojo o el abandono forzoso de sus propiedades.
Colombia registra más de 3,7 millones de personas desplazadas, una de las cifras más altas del mundo.

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