Procuraduría destituye al Alcalde de Cumaribo, Vichada

Ardulfo Romero Pardo, nacido en Villavicencio Meta el 12 de noviembre de 1970, elegido alcalde de Cumaribo en el 2011, y que a principios de su gobierno sobrevivió a la pérdida de la credencial por una demanda interpuesta contra las elecciones en este municipio, enfrenta el peor momento de su mandato.
La sanción que ha proferido es de 10 años de inhabilidad general para desempeñar funciones públicas para el alcalde Romero y 12 años para su Secretario de Desarrollo Social, Dr. Pedro Ramón Parra Mendoza
Argumentos de la Procuraduría
Algunos de los argumentos del ente es que el municipio de Cumaribo debió haber contratado el PIC (Plan de Intervenciones Colectivas en Salud 2012) con la U.B.A. del Vichada, por ser una entidad pública de orden departamental y en su lugar el municipio contrató con la IPS indígena Matsuldani
Por otro lado señala fallas en la elaboración de los estudios técnicos previos al proceso de contratación, como son estadísticas desactualizadas, carencia de pólizas y de interventoría, entre otros parámetros.
Argumentos del Municipio
La IPS Matsuldani se encuentra debidamente habilitada para contratar servicios de salud en la Secretaría de Salud Departamental, y la ley 691 del 2001 considera a las IPS creadas por las autoridades de pueblos indígenas como parte de la red pública, sostiene la defensa, la cual también argumenta que para estos contratos se puede reemplazar la interventoría por la supervisión, ya que la interventoría incrementa considerablemente los costos del contrato
Función de Advertencia de la Contraloría Departamental Vichada
En el 2011, la Contraloría Departamental profirió función de advertencia a los municipios del Vichada, en la cual señalaba "no contratar con la Unión temporal Salud Vichada, conformada por la UBA del Vichada y la IPS indígena Banakale (...) y ninguna de ellas podía ejercer su función. 
El proceso de contratación en el municipio de Cumaribo inició en enero del 2012, fecha en la que esta función de advertencia aún se encontraba vigente.
La función de advertencia está consagrada en el Decreto 267 de 2000, artículo 5, numeral 7 y es excepcional. Consiste en indicarle a la administración los riesgos detectados por el organismo de control fiscal, en procesos anómalos u operaciones en ejecución, a fin de que ésta tome las medidas pertinentes tendientes a evitar el menoscabo de los dineros públicos. Su carácter es técnico, preventivo o proactivo, y debe ser ejercida dentro de los parámetros que enmarcan el control fiscal, es decir, en ejercicio de los sistemas de control fiscal, como el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno. Por lo tanto, cuando se detecten los posibles riesgos, y se tenga los elementos necesarios, bien sea, jurídicos, técnicos o de otra índole, según la clase de proceso que se esté auditando, el equipo auditor debe producir un informe en donde se evidencie que se puede presentar un daño patrimonial al Estado.
Si bien no son obligantes, las entidades las cumplen para evitar futuros procesos por detrimento; por esto, de acuerdo a la defensa, el municipio de Cumaribo no consideró a la UBA como opción en la contratación de la salud, por los manejos irregulares de esta entidad que la tienen actualmente intervenida.
Ahora este fallo será apelado ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa con sede en Bogotá, quien tendrá en sus manos la decisión de ratificarlo o revocarlo.
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