Indígenas víctimas de la violencia sexual

El informe “Mujeres indígenas, víctimas invisibles del conflicto armado en Colombia: la violencia sexual, una estrategia de guerra”, en el que se denuncia que en el país sudamericano las niñas y mujeres son violentadas de manera sistemática por parte de grupos armados con el consentimiento del Estado, lo que deja los crímenes en total impunidad.
El informe fue elaborado por la Consejería Mujer, Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y se presentó el pasado 16 de mayo ante Margoth Wallström, representante especial del secretario general para Violencia Sexual en Conflictos Armados de la ONU, durante su visita a la nación andina.
La causa, según ONIC, es la instalación de batallones en sus territorios para proteger megaproyectos empresariales, que ha desatado una ola de desapariciones, violencia sexual, prostitución, asesinatos, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS).
En el reporte la ONIC asienta que una de las grandes problemáticas para las indígenas es el impacto de las concesiones para la explotación minera en sus vidas y cuerpos. Agrega que la mayoría de los grandes megaproyectos minero-energéticos o de infraestructura se han instalado en territorios indígenas sin consultar previamente a las comunidades.
La ONIC señala el caso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos “Open Round 2010”, que adjudicó 78 bloques petroleros sin consulta a los pueblos, que afectan total o parcialmente territorios indígenas en riesgo de exterminio, la gran mayoría concentrados en los departamentos de Amazonia y Orinoquía.
Este tipo de proyectos instalados en la “ilegalidad” ha traído consigo “la mayor, más dolorosa y silenciada situación que viven las mujeres indígenas con la violencia sexual”.
ONIC acusa que el Estado colombiano protege a las empresas que operan los megaproyectos, lo que significa la presencia de batallones en los territorios indígenas.
RIESGO DE EXTINCIÓN
En Colombia al menos 32 pueblos –ubicados en todo el territorio nacional– están en grave riesgo de extinción física y cultural, según lo reconoció la misma Corte Constitucional en su fallo 004 de 2009.
La ONIC ha denunciado públicamente que “todos los pueblos indígenas en Colombia están en riesgo de desaparecer”, ante la realización de los megaproyectos empresariales y la presencia de los cuerpos de seguridad y los grupos armados.
Por ejemplo, desde la instalación del Batallón de Infantería número 43 en Cumaribo, municipio del departamento de Vichada, han aumentado de manera progresiva la prostitución –que involucra a niñas indígenas–, los embarazos no deseados, las ITS y la violencia sexual.
La ONIC precisa que junto con las fuerzas militares y la policía, hay grupos armados ilegales, paramilitares y guerrilleros que también han hecho de los cuerpos de las mujeres un botín de guerra.
CASOS DE 2011
La Consejería Mujer, Familia y Generación reportó a Margoth Wallström que en 2011 se supo de varios casos de violencia sexual en el que las víctimas en su mayoría fueron niñas indígenas.
En enero de ese año una niña indígena de 13 años del pueblo sikuani (que habita en los departamentos de Vichada, Meta y Guainía) salió de su casa y no regresó. Según la denuncia, la última vez que la vieron estaba con unos militares, quienes la raptaron y la violaron. El caso está impune.
El 7 de agosto del año pasado en las localidades de Abejero y Capa-Lana, del municipio del Carmen de Atrato, departamento de Chocó, desapareció María Cecilia Bailarín Domicó, indígena de la etnia embera, de 17 años, madre de una menor de cuatro, y quien además estaba embarazada. Las comunidades de esta zona hallaron el cuerpo sin vida de la joven, quien también fue víctima de violencia sexual.
En diciembre del mismo año, tres mujeres (una de ellas de 12 años) del pueblo awá (que habita en la frontera entre Colombia y Ecuador) fueron violadas.
La ONIC no tiene conocimiento de la existencia de condenas por violaciones sexuales u otro tipo de agresiones contra las indígenas.
Fuente: Rotativo Mx
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