Procuraduría media entre indígenas del Alto Vichada y Ecopetrol

En el departamento del Vichada se adelanta un proyecto de exploración correspondiente al Bloque CPE-4 2D de Ecopetrol por este motivo Procuraduría realiza la Consulta Previa a derecho fundamental, la Corte Constitucional radicó en cabeza del Ministerio Público la legalidad de ese proceso.
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Regional Vichada, realizó acompañamiento preventivo a las reuniones que se adelantaron entre Ecopetrol y los resguardos de Valdivia, Punta Bandera, Muco Guarrojo, Tomo Weberí y Kawanerruba del Alto Vichada, para la aprobación de medidas ambientales, acuerdos y protocolos, en el marco de la consulta previa por el proyecto de sísmica que la estatal petrolera adelantará en la región.
La consulta previa es el derecho que tienen los pueblos indígenas y demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, para proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. Al elevar la consulta previa a derecho fundamental, la Corte Constitucional radicó en cabeza del Ministerio Público la legalidad de ese proceso.
Situación de las comunidades indígenas
En el marco del proceso de consulta previa, el Ministerio Público conoció las inquietudes planteadas por los representantes de los resguardos, quienes argumentaron que la ausencia de las transferencias del Sistema General de Participaciones (entre las que se cuenta, las transferencias a los resguardos indígenas), suspendidas desde octubre de 2011, incide negativamente en sus proyectos productivos, y aseguraron que hay debilidades en temas neurálgicos como salud, educación y acceso a servicios.
La Procuraduría pudo establecer que varios niños y niñas de la región han presentado síntomas de desnutrición severa y deshidratación, incluso varios de ellos han fallecido, y que no se han realizado recientemente campañas de vacunación para estas comunidades. De otra parte, el censo poblacional no corresponde a la realidad social, lo cual genera una insuficiente cobertura en los escasos programas de política social.
Los delegados de las comunidades indígenas denunciaron además que se presentan conflictos con los dueños de algunos predios por los límites de los resguardos y la tala de árboles maderables.
Acuerdos en la consulta previa
Los Resguardos de Valdivia, Punta Bandera, Muco Guarrojo, Tomo Weberí y Kawanerruba, manifiestaron de manera libre y voluntaria su aceptación para el desarrollo del “Proyecto Sísmico Bloque CPE-4 2D” de la empresa Ecopetrol dentro de sus territorios y acordaron mecanismos de compensación enmarcados en inversión social para el beneficio de todos los habitantes.
Entre las medidas para la protección al medio ambiente, se estableció que los operadores del proyecto de sísmica respetarán la cobertura vegetal y las distancias a las fuentes de agua definidas por Corporinoquía; se prohibió la recolección, pesca y caza de animales silvestres, así como la recolección de plantas y frutos por parte del personal contratado para las actividades del proyecto sísmico.
De otra parte, Ecopetrol se comprometió a establecer el número de personas a contratar como mano de obra no calificada, que será equitativo entre todas las comunidades del área de influencia del proyecto y se adelantará cumpliendo con las condiciones vigentes en el ordenamiento jurídico.
Los mencionados resguardos recibirán recursos por concepto de afectaciones, compensaciones e inversión social para el desarrollo de diversos proyectos, acordes con su integridad étnica y cultural. Las comunidades se hicieron responsables de su sostenibilidad, fundamentadas en su autonomía para la toma de decisiones
Para la Procuraduría General de la Nación es preocupante el olvido y la marginalidad en que continúan los resguardos del Alto Vichada y ha oficiado a las diferentes autoridades competentes respecto de los temas expuestos por las comunidades. Este Organismo de Control continuará el acompañamiento preventivo en el proceso de consulta previa en la etapa de sísmica, donde se deben concretar los acuerdos entre las comunidades y la empresa responsable de la operación.
Fuente: Llanera

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