Incoder en el ojo del huracán

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – Incoder, fue creado en el año 2003 mediante el Decreto 1300 y reformado a través de la Ley 1152/2007 para desarrollar y promover todo tipo de programas que beneficien el sector rural. La norma que le dio vida, eliminó el Instituto de Adecuación de Tierras (Inat); al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Inpa); al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), y al Fondo de Desarrollo Rural Integrado (DRI). El gobierno de Álvaro Uribe nombró como primer director de esta entidad en mayo de 2003 a José María Ramoso, siendo Ministro de Agricultura Carlos Gustavo Cano.
El Incoder se crea con la única intención de reducir la nómina burocrática, que sumadas las cuatro instituciones encargadas del agro que fueron eliminadas sumaban cerca de 2.300 cargos y que esto redundara en una mayor eficiencia. Sin embargo este se ha visto inmerso en distintos escándalos por denuncias que tienen que ver con la adjudicación de predios a familias desplazadas, que después de cumplir con el lleno de los requisitos, y de habérseles adjudicado mediante resolución, resultaron engañadas, porque, lo que inicialmente les prometieron empezó a dilatarse en medio de respuestas y trámites innecesarios.
Los resultados que arrojó una investigación de la Contraloría General de la Nación en abril de 2010 muestran la Inadecuada protección a los bienes de los desplazados, retrocesos en la adjudicación y titulación de tierras e insuficiente presupuesto destinado a suplir las necesidades de la población desplazada en materia de tierras. [1]
Desde su creación hasta 2007 por la dirección del Incoder pasaron cuatro gerentes de la siguiente manera:
· 2003-2005 Gerencia de Arturo Vega. Su subgerente de Ordenamiento de la Propiedad, Ómar Quessep, enfrentó pliego de cargos de la Procuraduría por anomalías en entrega de tierras en el 2004. Inscribió familias sin proceso de selección. Hay una grabación del 2006 (en la administración de Luis Ortiz) en la que Quessep pide plata por narcobienes.
· 2005-2006 Gerencia de Luis Ortiz López. Salió del cargo en abril del 2006 tras comprobarse que funcionarios a su cargo entregaron tierras para desplazados a gente con antecedentes penales, con órdenes de captura y nexos con 'paras'. Con él, salieron gerentes de Magdalena, Atlántico, Córdoba, Bolívar, Tolima, Boyacá, Meta, Casanare y Arauca.
· 2006-2007 Gerencia de Rodolfo Campo. Tuvo que despedir a José Tovar, jefe en el Valle, Cauca, Nariño y Putumayo, por titular narcotierras que aún no estaban extinguidas. Campo destituyó también a los gerentes de Cesar, Sucre, Caldas, Cundinamarca, Cauca y Vichada. La Procuraduría investiga a funcionarios de Santander que entregaron 300 predios en humedal.
A pesar de que la fusión de varias entidades que manejaban el tema agrícola en Colombia y que dio paso al Incoder, se la hizo con el ánimo de volver más eficiente esta gestión, a la fecha tales expectativas no se han cumplido, debido a que en Colombia el problema de tierra es muy complejo, según estudios del Instituto Agustín Codazzi en 2004 en donde se revela que el 4 por ciento de los propietarios colombianos tiene el 61 por ciento de las tierras, mientras la Procuraduría por su parte documentó 37 casos de personas beneficiadas que resultaron ser comerciantes, propietarios de bienes y algunos delincuentes con órdenes de captura vigentes o paramilitares como el caso de José Eleázar Moreno Sánchez , alias don Jaime desmovllizado del bloque Centauros , quien se hizo pasar como desplazado e 1997 en Acción Social (Antes Red de Solidaridad).
Si a esta situación se le suma que en el proceso de reparación, tal como estaba planteado en la Ley de Justicia y Paz, en donde dice que son las víctimas quienes deben probar la manera en que fueron perjudicadas por los alzados en arma y de qué bienes fueron despojados, el panorama resulta desalentador, más aun si se tiene en cuenta que en Colombia no hay una tradición de titularidad de la posesión. Muchos de los campesinos han heredado sus tierras generación tras generación y están acreditados como poseedores, pero no tienen escrituras de sus bienes.
En 2001 se crearon unos comités regionales de atención a la población desplazada para proteger a los pobladores, entre otras cosas, de actos arbitrarios contra su integridad y contra sus bienes. Son los jefes territoriales del Incoder, los alcaldes municipales y los jefes seccionales del Agustín Codazzi quienes debían presentar a esos comités un informe sobre los predios rurales existentes en el momento en el que se declare la inminencia de riesgo o la ocurrencia de desplazamiento forzado de una población. La finalidad de ese informe es registrar quién tiene qué y desde hace cuánto, de tal suerte que sirva de prueba para que en un posible retorno se sepa quién era el poseedor o titular de cada predio.
Lo grave del asunto es que en muchas de las regiones no se ha registrado a los poseedores de tierras, sino únicamente a quienes tienen escrituras. Adicionalmente, en el Incoder la información ha presentado demoras en el proceso de sistematización. Por lo anterior ante los escándalos desatados a causa de la adjudicación de bienes, el ex ministro Andrés Felipe Arias, cuando fue titular de la cartera de agricultura solicitó información a las oficinas de enlace territorial. En vista de que no la enviaban, los mismos funcionarios del Ministerio de Agricultura fueron a recogerla y la encontraron en costales.
Del Incora al Incoder:
En agosto de 2002 el ministro de Agricultura dio a conocer el proyecto con el que se pretendía fusionar algunas entidades del manejo del agro en las que estaban el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Inpa), el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (Inat), el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) y el fondo de Desarrollo Rural Integrado (DRI) en una sola institución y así mismo reducir la burocracia y acabar con la politización que existía en este tema, reestructurando además las Unidades Municipales de Asistencia Técnica (Umatas), con el fin de que estén integradas en asociaciones de municipios; otras entidades a las que le metió la mano fueron el Banco Agrario, Finagro, la Bolsa Nacional Agropecuaria y Almagrario, con el fin de centralizar los recursos económicos para que sean dirigidos sin tramitología y puedan llegar a los campesinos más pobres del país.[2]
El entonces director de Nacional de Planeación Santiago Montenegro dio a conocer la directiva del presidente Álvaro Uribe en la que se dan instrucciones sobre el ajuste, en donde se establecía la eliminación de nóminas paralelas y un modelo de evaluación para los empleados públicos junto con la racionalización el personal de libre nombramiento y remoción, agilización de los procesos de jubilación y restricción de las horas extras, los teléfonos celulares y los vehículos oficiales. De esa fusión de entidades hicieron parte los ministerios del Interior y Justicia, Trabajo y Salud, Desarrollo y Comercio Exterior y entidades del agro como el Inpa, Dri e Incora, entre otros.
En mayo de 2003 el Ministerio de Agricultura presentó su primer logro en materia de reestructuración del Estado creando el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, acabando de paso con otras entidades que sumaban un total de 2.241 empleados, la cual, con la entrada en funcionamiento del Incoder, quedaría con 979. [3]
Finalizando 2003 el Ministerio de Agricultura reportó una recuperación económica y social, mostrando una tendencia a la recuperación del empleo rural, según cifras del Departamento Nacional de Estadísticas – Dane, con un total de 327.000 nuevos empleos directos en el campo, donde la principal fuente fue de la agricultura con el 30% para el algodón, maíz amarillo tecnificado con un 34 por ciento, yuca industrial con 40 por ciento y arroz con un 11 por ciento. En cuanto los cultivos de tardío rendimiento crecieron cuatro por ciento, acelerando su crecimiento gracias a la exención tributaria que los favoreció, en especial la palma de aceite, cacao, caucho y frutas. Las importaciones de leche disminuyeron un 84 por ciento, carne un 63 por ciento, algodón 15 por ciento y cacao 13 por ciento. Se aumentó la exportación de palma en 26 por ciento, azúcar 24 por ciento, frutas 8 por ciento y café 3 por ciento. En materia de crédito los desembolsos de Finagro crecieron un 53 por ciento, entregando 42.415 millones de pesos en Incentivos para la Capitalización Rural, apalancando proyectos de inversión con 234.232 millones de pesos[4].
En adelante en Colombia no se habló más de Reforma Agraria sino de Desarrollo Rural para lo cual se creó el Estatuto de Desarrollo Rural con el proyecto de ley 30 de 2006, aprobado bajo la ley 1152 del 25 de julio de 2007, http://www.elabedul.net/Documentos/Leyes/2007/Ley_1152.pdf, el que fue objeto de debate por parte de la Procuraduría y diferentes ONG defensoras de los derechos humanos, mientras cursó el debido trámite en el Congreso de la República .
¿Por qué las diferencias entre el gobierno y la Procuraduría?:
El gobierno del presidente Álvaro Uribe y la Procuraduría de ese entonces en cabeza de Edgardo Maya Villazón, tuvieron un fuerte debate porque el proyecto define la estructura económica del sector rural. Para el Gobierno, el objetivo del proyecto presentado por el Ministerio de Agricultura es promover “las acciones orientadas a lograr un desarrollo humano sostenible y el bienestar del sector rural en condiciones de equidad, competitividad y sostenibilidad”, según dice la exposición de motivos. Sin embargo, el foco de discusión es cómo definir dicha estructura y quiénes serán sus beneficiarios.
Así, por ejemplo, el Gobierno fundamenta la visión del desarrollo rural y la política de tierras en los procesos acelerados de liberalización comercial, internacionalización de la economía, el impulso del desarrollo empresarial y participación del sector privado y estatal”[5].
Para sus críticos, como la Procuraduría General, es vital dicha visión pero con la salvedad de que no puede ser el enfoque principal. Según el Ministerio Público: “El modelo que se define en el proyecto margina en la práctica al pequeño campesino, a las minorías étnicas del país y a la población desplazada, del goce efectivo del acceso a la tierra y de la obtención de subsidios para proyectos productivos y adecuación de tierras”, aseguró Maya Vllazón en carta enviada al ministro de Agricultura el 18 de octubre de 2006.
A la discusión se sumó también la Comisión Colombiana de Jurista, quien a través del documento titulado “Una ley para quien”, expuso sus puntos de vista en los que dejó ver su preocupación porque “el proyecto modifica toda la legislación existente sobre desarrollo rural con un enfoque regido por el principio de la competencia, que no corresponde, ni tiene en cuenta las necesidades y el verdadero desarrollo de la población rural”.
Problemas en la adjudicación de tierras
De los problemas del Incoder, algunos no son propios, sino heredados de su antecesor, el Incora, quien era la entidad responsable de promover la reforma agraria que por tanto tiempo se prometió en Colombia. Como tal el desorden administrativo en la entidad nunca se ha podido superar según investigación realizada por la Revista Semana [6]y en aras de solucionar no ha habido gestión alguna para poner de acuerdo a las entidades que de una u otra forma tienen que ver con la tarea que esta realiza.
La ley faculta al Incoder para la titulación de terrenos baldíos para adjudicarlos a familias campesinas, comunidades étnicas, población desplazadas, etc., otorgamiento de subsidio integral para compra de tierra a desplazados por la violencia. Como tal los mayores problemas que ha tenido la entidad en su mayoría han sido por la lentitud en el proceso de adjudicación y por la entrega de terrenos a narcotraficante.
En el primero de los casos, la responsabilidad no es únicamente del Incoder, ya que este adjudica el terreno, luego de que este es saneado por la Dirección Nacional de Estupefacientes, cuando es incautado por la Fiscalía, órgano que investiga y adelanta el proceso, que finalmente es fallado por un juez penal o especializado. En otros casos, compra la tierra para adjudicarla a familias desplazadas por la violencia.
En este proceso se han cometido irregularidades como las que fueron reveladas por la Procuraduría en 2006 sobre la entrega de tierras en Meta a falsos desplazados, entre ellos, miembros de grupos de autodefensa, y un informe que evidencia el desgreño administrativo; grabaciones telefónicas en las que, al parecer, el subgerente de ordenamiento social de la propiedad del Incoder, Omar Quessep, le pedía a su interlocutor plata a cambio de la adjudicación de unas tierras expropiadas a un extinto narcotraficante; los terrenos titulados a los consejos comunitarios de Jiguamiandó y Curvaradó en Chocó. En estas tierras, además de haber sido tituladas a las comunidades negras y de hacer parte de la Zona de Reserva Forestal, vienen operando empresas privadas dedicadas a cultivos de palma y a la ganadería "ante la mirada pasiva del Incoder y del Ministerio de Agricultura que permitido la financiación de estos cultivos a través de Finagro y el Banco Agrario.
Por otro lado ante la Sentencia en 2005 de la Corte Constitucional que ordena dar atención urgente a los desplazados, el Presidente Uribe envió una directiva a la Dirección Nacional de Estupefacientes con el fin de que esta acelerara el cumplimiento de una ley que dice que los predios rurales que se le han quitado a la mafia, que pasaron definitivamente a manos del Estado y que tienen vocación agrícola, se le deben entregar al Incoder para que los reparta en programas de reforma agraria. En la directiva se incluyeron con el mismo fin, las fincas incautadas que están pendientes de que se les resuelva su situación jurídica. Tal orden se cumplió y al hacerse efectiva quedó en evidencia que el Incoder no estaba preparado para soportar la avalancha de terrenos que le empezaron a llegar de la noche a la mañana. En pocos meses le llegó la responsabilidad sobre 759 predios con un área de 134.000 hectáreas. La mayoría de ellas tenía millonarias deudas de impuestos y servicios públicos, líos con los antiguos encargados por la DNE e incluso hombres armados que no permitían su ingreso. En medio de este embrollo, algunos buscaron hacer su agosto. Como se recordará, el subgerente de Ordenamiento Social de la Propiedad del Incoder, Ómar Quessep, fue retirado del cargo y la Procuraduría le abrió investigación por una grabación en la que garantiza la entrega de fincas a cambio de dinero.
En la cinta inédita que conoció la Revista Semana, el funcionario habla de que se deben armar organizaciones ficticias de campesinos para aparentar que las tierras se entregaron adecuadamente. También se hace referencia de cómo él y otros funcionarios más del Incoder supuestamente eran cuota del movimiento político Colombia Viva, liderado por el senador Dieb Maloof. En el Ministerio de Agricultura confirmaron que los funcionarios mencionados en la cinta fueron relevados y que fueron revisadas las adjudicaciones de tierras que se hicieron en ese período para garantizar su transparencia.[7]
Es ahí cuando los directores de las entidades deciden que ante tal papa caliente, el Incoder solo recibiría las tierras que a partir de la fecha estuvieran saneadas. De las fincas que quedaron en manos del Incoder, 172 se han asignado, según esa entidad, a 2.319 familias. Y aunque en algunos casos ya se organizaron proyectos productivos exitosos, son muchos más los predios que tienen dificultades en su saneamiento y que están en un limbo.
Otro de los aspectos que se evidenciaron en medio del proceso, es la falta de previsión de parte del gobierno al entregar bienes que legalmente no pertenecen al Estado, por esta razón hay predios pendientes de adjudicar debido a que sus dueños no dejan entrar a sus campesinos.[8]
“Un ejemplo es el caso de las fincas la Indiana, Túnez y el Edén, en Ansermanuevo, Valle del Cauca, que fueron entregadas en diciembre de 2004. El evento fue anunciado con bombo y platillos y se hizo una ceremonia en la plaza del pueblo con la presencia del Presidente de la República y el Gobernador, entre otras autoridades. Ese día se les asignaron a 20 familias desplazadas las 447 hectáreas de las fincas del confeso narcotraficante Albeiro Monsalve, hoy preso en Estados Unidos. Sin embargo, luego de 22 meses, estas familias continúan deambulando por la región, ya que nunca tuvieron autorización para ingresar por parte de los que se les han identificado como 'representantes del patrón”. [9]
A todos estos cuellos de botellas que tuvo el gobierno de Uribe para cumplir con la adjudicación de tierras, se suma el problema de la corrupción administrativa y el tráfico e influencias de los políticos regionales en el Incoder, costumbre tradicional en Colombia mediante la cual se ha incrementado la concentración de las tierras en manos de unos pocos. Es así como las mejores tierras se destinan para los políticos, ejemplo de esto es lo sucedido en el Vichada en donde en el año 2007, el Incoder adjudicó al menos 16.330 hectáreas de tierras baldías a 13 personas que son cercanas al senador de Colombia Viva Habib Merheg , según denuncia hecha por la Revista Semana [10]
Sin embargo este no ha sido el único caso en que un político de alto calibre se ve envuelto en líos por adjudicación de tierras. Lo mismo sucedió con el polémico senador del Valle del Cauca, Juan Carlos Martínez quien tuvo a José Joimer Tovar una de sus fichas en el departamento, a la cabeza de la Direccional del Valle del Cauca del Incoder quien fue destituido del cargo por el ex ministro Andrés Felipe Arias por oscuros procedimientos en la entidad. [11]
En su esfuerzo de depuración, el Incoder destituyó en los últimos dos años del gobierno Uribe a 13 funcionarios a los que les probó que pidieron dinero para entregar predios, o que dieron informes falsos para adquirir tierras que a la postre resultaron inservibles o que aprobaron comprar a un mayor valor de su precio real. Hay tierras sin agua, de condiciones físicas no aptas para agricultura o ganadería, hasta incluso se evalúa el caso de una tierra que resultó ser un campo minado.
[1]Posibles Deficiencias En Gestión De Incoder, www.eltiempo.com, 29 de abril de 2010.
[2]Sí A Fusión De Entidades, www.eltiempo.com, 30 de agosto de 2002, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1372006
[3]Comenzó Recorte En El Agro, www.eltiempo.com, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-983237
[4]Buen Balance Del Agro Colombiano, www.eltiempo.com, 1 de diciembre de 2003. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1041610
[5]Y la tierra, ¿para quién?, www.semana.com, http://www.semana.com/noticias-on-line/tierra-para-quien/101278.aspx
[6]El reino del caos, www.semana.com, http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=94068
[7], 20 Lío de tierras, www.semana.com, http://www.semana.com/noticias-nacion/lio-tierras/97533.aspx
[9]Lío de tierras, www.semana.com, http://www.semana.com/noticias-nacion/lio-tierras/97533.aspx
[10]El tierrero del senador, www.semana.com, http://www.semana.com/noticias-nacion/tierrero-del-senador/102372.aspx
[11]El Patrón de Valle, www.semana.com, 2 de mayo de 2009.

Fuente: Semana, Nuevo Arco Iris
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