Se vende un empleo

Cuando se abrió la oferta de trabajo, aparecieron intermediarios que cobran por los empleos. Con el crecimiento de la industria petrolera en Puerto Gaitán (Meta) se abrieron nuevas opciones de empleo para sus habitantes, pero aparecieron intermediarios que cobran hasta 600 mil pesos por un trabajo en los campos de producción.
En ese negocio estarían algunos líderes comunales, autoridades indígenas y hasta políticos, incluso, de Villavicencio.
"El valor depende del cargo. Si es para obra, 300 mil o 400 mil, y si es en el taladro, en producción o en tratamiento de aguas, que son mejores sueldos, hasta 600 mil", cuenta una reconocida líder de una asociación de trabajadores que pidió no revelar su nombre.
Es el caso de un raspachín (recolector de hoja de coca) de Cumaribo (Vichada) que se empleó como obrero en una compañía, trabajo por el cual le pagan un básico 1.050.000 pesos mensuales.
"Cuatro le pagamos de a 50 mil pesos a un gobernador indígena para que nos inscribiera como miembros de su resguardo; después de que entráramos a trabajar debíamos darle 200 mil más", le dijo el obrero a EL TIEMPO.
"Si le preguntan por qué inscribe a un blanco, dice que es el esposo de una pariente (como llaman a las indígenas en la zona)", agrega este trabajador que completó un año vinculado con una empresa del Campo Rubiales, ubicado a unas seis horas de la población, por una carretera destapada.
"Ellos, los que pagaron, son los que protestaron en julio y agosto pasados; lo hicieron porque no les han cumplido con el trabajo", señala Óscar Ospina, representante de la comunidad en la mesa laboral del municipio.
Esos cobros y la inscripción de foráneos en el Registro Único de Mano de Obra (Rumo) de Puerto Gaitán -base de datos que maneja Asojuntas, a través de su comité empresarial- les costó la destitución a cuatro presidentes de juntas.
"Aunque el mecanismo es bueno, nació muerto", dijo un vocero de una compañía del campo Rubiales. Explicó que desde que entró a operar el Rumo -en 2009- hubo una puja entre Asojuntas y la Alcaldía por quién se quedaba con el manejo del sistema. Además, varios líderes rurales lo desconocen y los resguardos tienen un modelo especial.
Eliberto Cicery, presidente de Asojuntas, dice que el problema es que la gente no denuncia. Sin embargo, Julio Alberto Abreo, ex presidente de ese organismo, asegura que lo que no hay son investigaciones.
La operadora Pacific Rubiales le confirmó a EL TIEMPO que conoce la situación y que por eso viene promoviendo la utilización del sistema de empleo del Sena para la selección de la mano de obra no calificada que demanda la actividad petrolera. Simultáneamente, en el pueblo se constituye una veeduría para garantizar la transparencia del modelo.
Lo cierto es que en el municipio no se descarta que el tráfico de empleos esté relacionado con el asesinato con una escopeta 'chispún' de un líder del caserío de Planas, en julio del 2010, y con el incendio de la sede de Asojuntas, en octubre del 2009.
Según Abreo, el comentario en ese momento fue que el líder comunal "exigía plata y que había gente inconforme"; y aunque se dijo que el incendio fue producto de un corto, al ex presidente de Asojuntas le parece sospechoso porque ocurrió pocas horas después de su elección.
Hay 7.000 inscritos en base de datos
Óscar Ospina, representante de la comunidad, señala que en el Rumo hay 7.310 inscritos, de los cuales solo 1.387 son nativos, y de estos 390 son mano de obra calificada.
"El resto proviene de diferentes regiones del país", asegura Ospina, quien insiste en que lo que hay es "una bolsa oscura, negra, que manejan algunos presidentes de juntas, gobernadores indígenas y hasta candidatos del Concejo del municipio y de Villavicencio".
Fuente: El Tiempo
Imagen: Portafolio
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