A la fija

El carrusel de las demandas contra el estado
El Colombiano/DimerGlob- Las demandas contra el Estado, “pan comido”, para algunos juristas. La ausencia, la indolencia y la corrupción le salen caras al Gobierno. Esto es, a los bolsillos de los colombianos.
En Colombia, país conocido por su leguleyismo y los trucos jurídicos, donde “hecha la ley, hecha la trampa”, la proliferación de demandas contra el Estado es una constante.
“Demande, que eso está ganado”, es la frase de rigor en estos casos. La lista es larga: desde violaciones de los derechos humanos hasta indemnizaciones por incumplimiento de multimillonarios contratos. Y eso que, como podría ocurrir en cualquier otro país civilizado, a nadie se le ha ocurrido solicitar judicialmente el resarcimiento de daños y perjuicios por la caída de un carro a un hueco, por ejemplo.
Las causas van desde la ausencia estatal hasta la corrupción, pasando por la negligencia y la indolencia de funcionarios de todos los niveles, quienes, según el caso, desde hace algunos años deben hacerse solidarios en el pago de perjuicios fallados.
En cualquier caso, las 700 sentencias que en promedio al año profieren los altos tribunales le han costado al erario público entre 1996 y 2000 aproximadamente 650.000 millones de pesos. Por ello, en el presupuesto nacional para el 2001 aprobado en el Congreso de la República se destinaron cerca de $217.000 millones con vistas a pagar la larga lista de demandas falladas contra la Nación.
Los juzgados y tribunales al mes reciben cerca de 6.000 demandas. En el último año, según la Oficina de Relatoría de la Corte Constitucional, se han emitido aproximadamente 1.200 sentencias.
La cultura litigiosa de los colombianos y la mala información sobre la figura de la acción de tutela ha llevado a que las 300.000 instauradas desde 1992, en su mayoría sean por violaciones a los derechos fundamentales cometidas por el Estado.
Pero, que Colombia sea el país de la leyes no quiere decir que el sistema sea el óptimo, ya que si se compara el número de fallos de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos con los de las altas cortes en Colombia, allí sólo se emiten en promedio 300 sentencias al año, señaló en su momento el magistrado Alejandro Martínez Caballero.
En la Corte Suprema de Justicia, según los repartos reseñados en la Secretaria General, en el último año cerca de 3.000 sentencias contra el Estado fueron estudiadas por los 23 magistrados. Y el 70 por ciento de estas decisiones tuvieron curso en las salas Segunda y Tercera, donde se manejaron demandas contra el incumpliendo de la Nación en sus compromisos con los particulares pactados a través de la expedición de actos administrativos -acuerdos, ordenanzas o decretos- y contratos.
Faltan abogados
“El abuso de autoridad, la negligencia, la conveniencia o la ignorancia del servidor público contribuyen a que prosperen demandas de este tipo en la mayoría de los casos que fallan”, afirmó el magistrado del Consejo de Estado César Hoyos Salazar.
Un estudio realizado por la Oficina de Defensa Judicial del Ministerio de Justicia señaló que muchas de las demandas contra el Estado pudieron ser falladas a su favor, pero la falta de una política clara de defensa llevó a que 70 entidades estatales por 24.639 procesos tuvieran que desembolsar en dos años $300.000 millones.
De igual manera, la investigación dejó en claro que las fallas en el servicio o la misma naturaleza de la actividad que ejercen los entes oficiales, por negligencia o corrupción, los lleva a cometer actos que en ocasiones pueden lesionar los intereses y la integridad de los particulares.
La Oficina de Defensa Judicial del Ministerio de Justicia precisó que, ante la falta de capacidad del Estado para defenderse, en la mayoría de casos demandados existían argumentos de peso para contradecir las tesis de los demandantes, y demostrar que los supuestos daños partieron de acciones lícitas para atenuar la responsabilidad del Estado.
A esto se le suma que las entidades del Estado carecen del número suficiente de abogados para atender las demandas, que duran entre tres y ocho años en promedio.
“Mientras que en las demandas por los hechos del Palacio de Justicia, en 1985, y en el atentado al DAS, en 1988, hay 200 abogados particulares trabajando de manera coordinada para sacar adelante los casos, en el Ministerio de Justicia sólo hay dos juristas para atender 2.000 procesos”, aseguró Diana Remolina, directora de la Oficina.
La joya de la corona
El caso de DMG es el más grande hasta la fecha, por encima de Dragacol y otros sonados. Actualmente existen más de 17 mil poderes firmados, autorizando a varios juristas para hacer efectivas las demandas contra el Estado por la omisión estatal en el caso del megarobo de Murcia y compañía y por las irregularidades que se presentaron durante la intervención a esta estructura. Conveniencia política del Gobierno de Uribe, negligencia por acción y omisión, robo durante la intervención por parte de miembros de la fuerza pública, varios funcionarios de la superintendencia sancionados por su ineficaz y tardía respuesta, violación de los derechos fundamentales y mucho más, conforman el arsenal de los abogados.
Habrá que ver si una vez se presente el fallo, que lo más seguro sea favorable a los perjudicados de DMG, el Estado realmente haga acción de retribución contra los verdaderos responsables de esta debacle.
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