Guerra por las tierras del Meta y Vichada

Predios en manos de grupos económicos y al margen de la ley
El Tiempo- El revuelo que causó en los medios locales el informe de la revista Dinero, el cual menciona la compra de inmensas extensiones de tierras en los Llanos Orientales por parte de tres grandes empresarios, no sorprendió a los campesinos que viven en el sur del Meta, el norte del Guaviare y el occidente del Vichada. Y no se extrañaron porque en estas zonas es donde se presenta una especie de 'guerra silenciosa' por la tierra, en la que grupos ilegales e incluso políticos inescrupulosos están desplazando a campesinos y comunidades de manera individual para quedarse con los predios.
La alerta la lanzaron, entre otros, la Fundación Arco Iris, ONG de Derechos Humanos e incluso investigadores de organismos de seguridad que han detectado el fenómeno.
Aunque nadie duda que la adquisición de tierras a las que se refiere el informe procede de dineros y trámites legales, colonos y campesinos se enfrentan a otros 'compradores' que desde hace un año llegaron para apropiarse a la fuerza de la tierra.
Este y otros fenómenos han hecho que campesinos estén tramitando la protección de al menos 3.472 predios ante la territorial del Incoder en el Meta. Esta protección busca 'blindar' las tierras de cualquier transferencia ilegal de títulos. No obstante, de la cifra de solicitudes, apenas 414 presentan folio en matrícula inmobiliaria, el resto no tiene documentos que acrediten pertenencia.
Lo preocupante es que los municipios que presentan más demanda para la protección de tierras (Vista Hermosa, Mapiripán, Puerto Rico y La Macarena, entre otros) son los mismos donde la influencia de grupos ilegales es innegable e incluso se han presentado disputas de territorios.
"Sectores como Alto Palmeras, entre San Martín y Mapiripán y Manacacías, en Puerto Gaitán, son terrenos donde colonos se desplazaron y sus tierras pasaron a las bacrim. Jurídicamente es difícil de comprobar, pero ocurre y trabajamos para reunir pruebas", dijo un investigador que prefirió omitir su nombre.
Un miembro de la Corporación Arco Iris, que prepara un informe sobre el tema, próximo a publicarse, dijo a Llano 7 días: "Varios parlamentarios se han hecho a tierras en el Meta, políticos importantes en asocio con los de la región. Hay uno investigado por parapolítica que tiene tierras en Meta y Vichada. Allí es el gran boom porque están los mayores proyectos de biocombustibles y hay exploraciones petroleras".Precisamente, José Martínez, representante de la Anuc en el Meta, expresó su preocupación por la compra de predios a valores irrisorios a campesinos que quedaron en la miseria tras la erradicación de cultivos ilícitos.
"El temor es que la incidencia de megaproyectos económicos como el de la palma, la caña, los forestales y la explotación petrolera quieran quedarse con las tierras y monopolizar, no necesariamente por la fuerza. Creo que la mayor presión que hay sobre la tierra es más de grupos económicos que de grupos armados", dijo Martínez.
Supernotariado sembró la duda
El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, dijo que esa dependencia ha detectado alrededor de 120.000 titulaciones irregulares, muchas de ellas en Meta y Vichada.
Incluso anunció que investigaría al registrador de instrumentos públicos de San Martín (Meta), por la adjudicación de un predio en Mapiripán a un supuesto testaferro del extinto Pedro Oliveiro Guerrero ('Cuchillo').
Sobre este caso, Alberto Castro, director del Incoder en el Meta, explicó que fue la entidad a su cargo la que detectó una irregularidad en el proceso al querer darle propiedad a unas personas, sobre unas mejoras que se habían hecho al predio."El terreno necesita título de propiedad y no lo tenía. Hace 15 días la Supernotariado reversó el proceso y ese predio de 15.000 hectáreas volvió a quedar como baldío", dijo Castro.
El funcionario aclaró que no se pueden titular predios a personas que ya tienen tierras ni tampoco a aquellos que tienen una Unidad Agrícola Familia (UAF)."La UAF está medida por el número de hectáreas mínima que necesita una familia para obtener ingresos de dos salarios mínimos al mes", dijo Castro. En el Meta varía: mientras en Gaitán está entre 1.360 y 1.540 hectáreas, en Puerto Rico está entre 35 y 46 hectáreas.
Sin embargo el Gobierno anunció que dentro del Plan de Desarrollo se podría reformular esta restricción para que en el Meta haya una economía de escala, las cuales se logran con extensiones de tierra que van de las 10 mil a las 20 mil hectáreas.Para no dejar por fuera a los pequeños productores, el Gobierno fomentaría las asociaciones campesinas para que trabajen con esos grandes proyectos.
A tomar las mejores posiciones
En el informe titulado 'Los nuevos señores de la guerra', Llano 7 días reveló la semana pasada la forma en que, pese a la muerte de 'Jojoy' y 'Cuchillo' en el Meta, ambas organizaciones a su cargo (Farc y Erpac respectivamente), se habían reacomodado para mantener los controles territoriales en sus zonas de influencia para evitar la llegada de estructuras de otras zonas del país.
Un investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris conceptuó que mientras no se exterminen en su totalidad, las empresas que lleguen a los Llanos tendrán que acostumbrarse a las extorsiones y secuestros.El mismo gobernador Darío Vásquez, en entrevista con este periódico, dijo que le preocupaba la atomización de varias estructuras armadas, tras la desaparición de 'Jojoy' y 'Cuchillo', ya que algunos que estaban bajo el mando de estos criminales, habían quedado como ruedas sueltas y amenazaban a nombre de esos grupos ilegales.
Para el investigador de Nuevo Arco Iris, podría incluso haber grupos que ofrezcan servicios de seguridad a las multinacionales."Mire, en el sur (del Meta) no hay titulación de propiedad y cualquiera puede ser dueño cuando llegue", dijo para referirse a que muchos grupos ilegales están tras la adjudicación de predios y ubicarse de la mejor forma en este ajedrez que se forma .
"No tengo mayores detalles, pero se ha escuchado que ha habido ciertas acciones para que campesinos que son desplazados eviten ir a denunciar el caso ante las autoridades", agregó José Martínez, de la Anuc.
Con todo, al menos mientras los generadores de violencia desaparecen, los analistas dicen que las empresas que lleguen al Meta tendrán que aprender a convivir con vecinos incómodos como las Farc y las bacrim.
Aunque parece un escenario desolador, lo cierto es que al Gobierno nacional le conviene impedir que los empresarios se sientan incómodos, y para ello necesitará redoblar los esfuerzos en materia de seguridad, antes que los grupos ilegales tomen ventaja, ahora en la 'guerra silenciosa' por las tierras.
ABC para proteger los predios
La persona que por causa del conflicto armado ve la necesidad de abandonar su tierra, finca o casa, puede solicitar la protección del Estado para que ninguna otra persona pueda venderlos, arrendarlos o enajenarlos.
El desplazado debe acudir a la Personería Procuraduría, a la Defensoría o al Incoder para recibir información sobre cómo hacer el proceso. Todos los trámites son gratuitos.
El campesino debe acreditar la tenencia y diligenciar el formulario de protección de tierras. El Registro Único de Predios y Territorios Abandonados por la Violencia (Rupta), es un mecanismo que tiene como objetivo proteger los derechos del desplazado sobre los predios abandonados por la violencia. El objetivo es impedir que cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de los bienes protegidos; esto se conoce como protección individual. La colectiva aplica para los predios rurales de zonas declaradas con desplazamiento forzado por el Comité de Atención a Desplazados.
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