Zonas vedadas para hacer exhumaciones

200 diligencias suspendidas
Semana- Prácticamente suspendidas se encuentran las diligencias de exhumación de cuerpos de víctimas de la violencia en departamentos como Caquetá, Huila, Antioquia o Vichada, ante el hostigamiento frecuente de grupos armados al margen de la ley o la falta de acompañamiento de la Fuerza Pública a las comisiones que se encargan de estos procedimientos debido a que los uniformados tienen que cumplir otras misiones. En los casos en que se han registrado ataques, a veces estos han sido tan devastadores que han dejado muertos o heridos.
Así lo dio a conocer la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía en carta enviada al Ministerio del Interior y de Justicia, en la cual advierte que es necesario poner en marcha una estrategia nacional “que permita que nuestros equipos de trabajo (…) puedan llegar hasta los rincones más apartados de nuestra patria en aras de lograr la recuperación de los cuerpos inhumados clandestinamente”.
Hasta el momento por falta de garantías de seguridad han sido suspendidas cerca de 200 diligencias en áreas con fuerte presencia de grupos armados ilegales, lo que las ha convertido en zonas “vedadas” para la búsqueda de los restos de los fallecidos. Una vez se programa una comisión de búsqueda, se debe contar con 2 ó 3 grupos de contraguerrilla y con aeronaves, como helicópteros, para trasladarse a los sitios donde se tienen pistas de la supuesta ubicación de las fosas. En la misiva conocida por El Espectador se advierte que en sectores de localidades como Unión Peneya, Milán, Cartagena del Chairá, El Doncello, Paujil, Puerto Rico, San Vicente del Cagúan o Solano, en el Caquetá, es prácticamente imposible ingresar ante la inminencia de un ataque de la guerrilla de las Farc.
Por ejemplo, en Solano una comisión fue hostigada y como consecuencia quedó herido un soldado, razón por la cual tuvo que suspenderse la diligencia. Igual situación se presenta en el departamento del Meta. Zonas rurales de las poblaciones de Mesetas, Uribe, La Macarena, Vistahermosa (donde abundan las minas antipersona), Puerto Alvira, El Castillo y Puerto Lleras presentan graves dificultades para el hallazgo de las fosas por la presencia de las Farc. Además, las Bacrim (bandas criminales) han impedido el acceso de comisiones judiciales a los municipios de Puerto Gaitán o Mapiripán (donde también hay reductos guerrilleros).
El preocupante panorama también se presenta en regiones del departamento del Huila, como Algeciras y Baraya; en Guaviare en poblaciones como San José (donde fue atacada una comisión con cargas explosivas) o El Retorno, donde los desplazamientos se deben hacer preferiblemente de noche por recomendación del Ejército. Así mismo, en Guerima y Puerto Príncipe, en el departamento del Vichada. De acuerdo con la Fiscalía, una situación similar se registra en varios municipios del departamento de Antioquia, como Dabeiba, San Carlos, San Luis y San Francisco. Lo evidente es que a pesar de los logros de la política de seguridad democrática del ex presidente Álvaro Uribe y la estrategia en esa materia del actual Gobierno, la fuerte influencia histórica de organizaciones ilegales en esas regiones aún se mantiene.
Hasta el momento, en virtud de las confesiones de ex paramilitares, ex guerrilleros o por la denuncia de familiares de víctimas se han podido recuperar 3.265 cadáveres, de los cuales 1.170 ya han sido devueltos a sus allegados. Otros 700 se encuentran en proceso de identificación y hay pendientes 1.492 diligencias de búsqueda de restos por realizarse.
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