Cumaribo: Otra deuda histórica

Corrupción, narcotráfico y descomposición social
Por Wilson Ladino Orjuela- Más del 70% del territorio del Departamento del Vichada (72.000 kmt2) fue convertido en Municipio, desde 1997, cuando por gestiones del entonces Representante a la Cámara por el departamento, Franklin Segundo García (miembro de la comisión de acusaciones), el Presidente Ernesto Samper Pizano, autorizó su creación por su condición de territorio indígena.
Desde ese momento hasta el presente han transcurrido 14 años. Se produjeron 4 períodos constitucionales (1998-2000, 2001-2003, 2004-2007, 2008-2011), fueron elegidos 5 alcaldes indígenas y han administrado el municipio más de 30 alcaldes encargados, muchos de los cuales eran mestizos. En promedio, un alcalde cada seis meses. Como en los tiempos de antes de la elección popular.
Los alcaldes indígenas que han sido elegidos se caracterizan por su trayectoria como líderes comunitarios: capitanes, caciques, voceros claves de las comunidades, miembros de Cabildos. Todos ellos deben su condición, en parte, a la capacidad de comunicarse con la sociedad mayor mediante el español. Al indagar con detenimiento se observa que antes de llegar a alcaldes se desempeñaron en varios cargos de elección popular, tales como consejeros comisariales, concejales, diputados, etc.
Pero al mismo ritmo de la municipalización fue necesario que equipos de apoyo se vincularan al municipio. Así es como vemos que profesionales de la sociedad mayor se han desempeñado como asesores jurídicos, ingenieros jefes, tesoreros, secretarios generales, jefes de oficinas municipales, directores de institutos, entre otros.
A lo largo de estos años los Órganos de Control (Contraloría General de la Repùblica, el Ministerio Pública) y el Poder Judicial (Fiscalía, Juzgados, etc), han tenido mucha actividad de investigación y vigilancia por las decisiones de los gobernantes locales de Cumaribo.
Errores en la contratación han llevado a la suspensión de los 5 alcaldes, la condena de 3, la muerte de uno, entre 1998 y el 2010.
Entidades públicas como el Departamento Nacional de Planeación, además de los relacionados más arriba, han visto el "carrusel" que se ha conformado en estos años. ¿por qué no han actuado de una manera más contundente para prevenir este descuaderne?, ¿que les impide ejercer la tutela o la asistencia directa para evitar errores e inadecuadas inversiones de los recursos públicos que han de llegar a más de 38 mil indígenas que habitan en 37 resguardos aprobados por el Ministerio del Interior?, ¿por qué se ha esperado a ver las consecuencias previsibles?, ¿se sabe el costo para estas comunidades que produce la pérdida de sus líderes locales?
Esta puede considerarse otra deuda de la sociedad colombiana para con las comunidades indígenas que habitan estas zonas aisladas del territorio nacional.
No debemos olvidar que luego del período de la Conquista (1550) los Misioneros acompañaron a los Alemanes y a los Españoles en el proceso de imposición de sus directrices en las poblaciones del territorio de la Nueva Granada, la Capitanía de Venezuela, el Vyrreinato del Perú, de Méjico y el de la Plata entre otros.
Los relatos de los padres jesuitas: Pedro de Mercado y Diego de Acuña (siglo XVII), Juan Rivero (siglo XVIII) y Joseph Casani (siglo XVIII), José Gumilla (siglo XVIII), José de Calazans (siglo XIX); la aproximación de viajeros como Mariano de Rivero y Ustáriz (siglo XIX); el estudio detenido de otros como Reyes y Chiappe, Molano, García, Ramírez (siglo XX), entre los que destacan miembros de las mismas comunidades como Sosa, García Pónare (siglo XX), y, recientemente, estudios sociales, linguísticos, jurídicos; han permitido una aproximación cada vez mayor a las comunidades residentes en estos territorios, sus costumbres, creencias, organización política, regulaciones verbales, linguística.
Estos retazos nos ayudan a comprender cómo sobrevivieron estas comunidades que habitaban por más de mil años, antes de la llegada de los conquistadores y se mantienen, a pesar de las acciones alevosas contra ellos.
No podemos olvidar las mortales "guajibiadas" o "jaramilladas" que relata nuestra escritora Silvia Aponte y que conocemos por la información de prensa de los año 70's del siglo XX.
Posteriormente han hecho presencia, muy documentada por organismos nacionales e internacionales, las FARC y grupos de Autodefensa que se han asentado en el Territorio del Vichada. La producción y procesamiento de coca, para su exportación a mercados internacionales, ha sido un negocio desde los años 70's. (Naciones Unidas, 2008)
Estas aproximaciones nos permiten reconocer la singularidad de estas comunidades y el compromiso que tienen la sociedad y el Estado colombiano del siglo XXI, con ellas.
Lo malo, ocurrido en los años precedentes, no puede seguir permitiéndose. No se puede seguir abusando de estas comunidades, ni de sus líderes individualmente, ni de sus familias, ni de sus organizaciones.
Ahora cuando se avecina la exploración petrolera en el territorio del Departamento del Vichada y en el del municipio de Cumaribo, un descalabro gigantesco, que sería imperdonable para las diferentes autoridades, podría producirse por la masiva llegada de colonos, campesinos, pobladores urbanos de otros lugares del país, buscando un mejor futuro para sus vidas a costa de los 38 mil indígenas que habitan esta zona excepcional de Colombia. Podría producirse un genocidio o etnocidio.
Intereses económicos, políticos, comerciales, han arribado al Municipio desde su creación en 1997 y han dejado su rastro de "acumulación originaria" en sus pobladores.
Estos intereses se pueden ver multiplicados por varios dígitos ahora que empieza a hablarse de explotación petrolera en los territorios comunales de los resguardos, o en zonas campesinas o en áreas de importancia ambiental para el país.
En algunos sectores de la sociedad colombiana hay manifestaciones de rechazo y reacciones poco democráticas hacia estas comunidades indígenas. En algunos casos se oye hablar de la necesidad de su aculturacion o hasta desaparición para beneficio de la nación. La fuerza cultural de estas comunidades puede concluirse al ver cómo luego de 5 siglos de contactos con otros grupos humanos, conservan muchas de sus costumbres y conceptos sobre el mundo y sobre la vida.
Contrarios a estas expresiones, otros sectores de la sociedad colombiana, apoyados en los principios constitucionales de reconocimiento de diversidad cultural y étnica, se han manifestado a favor de acciones de respeto y protección de estos grupos humanos que, antes que empobrecer, enriquecen nuestra realidad cultural. Esta diversidad, a pesar de lo que se crea, es uno de nuestros rasgos más valiosos.
Todavía estamos a tiempo para actuar. El Gobierno Nacional puede conformar una comisión especial interinstitucional, con participación de los órganos de control, instituciones unviersitarias, el poder judicial, voceros internacionales y miembros de otras comunidades indígenas del país, para evitar que se siga con lo sucedido en estos 14 años y demostrar que si se podía dar un ejemplo al mundo y organizar los procesos por venir. En un analisis somero, es más lo que se puede ganar.
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