Colombia al borde de la desintegración

La mitad de los colombianos son pobres
Universal- A pocas semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, el actual mandatario, Álvaro Uribe Vélez, legará a su sucesor un país más desigual en lo económico, menos soberano, que detenta el primer lugar como productor de droga y con un conflicto armado agudizado por la política de “seguridad democrática”.
El fomento de medidas económicas neoliberales, la instalación de siete bases militares estadounidenses en territorio neogranadino, y los escándalos de parapolítica, falsos positivos y espionaje, son parte de la herencia de Uribe, quien el pasado lunes fue ‘galardonado’ por el Grupo Intereconomía de España como ‘el mejor dirigente político iberoamericano de la década’. “Ofrezco esta condecoración, que ustedes generosamente me entregan, a mis compatriotas; a los abnegados colombianos de todas las horas que han sufrido tanto la violencia, la pobreza, la inequidad”, dijo Uribe, quien no puede ocultar que en Colombia, la cifra de pobres se ha incrementado progresivamente.
Los últimos datos oficiales de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (Mesep) revelan que en ese país, más del 46% de la personas vive en condiciones de pobreza y el 17% está en la calle, es decir, 20.5 millones de colombianos son pobres y 7.9, indigentes.
Las cifras en las áreas rurales son aún más desalentadoras; 80% de los habitantes de esas zonas son pobres y 46% están en condición de indigencia, lo que para el ex ministro colombiano Juan Camilo Restrepo revela que “la brecha de pobreza entre lo urbano y lo rural sigue ampliándose”.
Especulación e inequidad
De acuerdo al director del Centro de Investigación para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional y miembro del Mesep, Jorge Iván González, “el crecimiento de los últimos años ha sido muy especulativo (…) no hay un modelo de desarrollo agropecuario y la especulación de la economía se manifiesta en unas riquezas loquísimas del sector financiero”.
Sin embargo, esas “riquezas loquísimas” no inciden en la calidad de vida de los colombianos más pobres. A pesar de que la economía experimentó -entre 2005 y 2007- un crecimiento promedio de 5,6%, González afirma que la distribución de los ingresos sigue siendo desigual y la política gubernamental no ha hecho nada para reducir la concentración de la riqueza, que sigue estando en manos de unos pocos.
Para el presidente de la organización Viva la Ciudadanía, Pedro Santana, la desigualdad en Colombia ubica a ese país como “uno de los diez más inequitativos del mundo, y después de Haití, el más inequitativo de América Latina”.
Menos productividad, menos empleo
En los últimos veinte años, el producto nacional colombiano creció menos que en las dos décadas anteriores, y muy por debajo de la tendencia histórica, indica un artículo de Eduardo Sarmiento, publicado el mes pasado en el diario El Espectador.
“La productividad del capital y el trabajo descendió, las exportaciones aumentaron menos que las importaciones, la inversión fluctuó alrededor de 20% del PIB, el desempleo se mantuvo por encima de 12% y el sector productivo se desformalizó”, agrega Sarmiento.
Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), unos 300 mil colombianos quedaron sin trabajo en el 2009, el número de ocupados se redujo en 85 mil y un 14.3% de la población trabajadora de ese país, ni siquiera es mayor de edad.
Pero no se trata de un simple asunto de números. Tal como lo expone, Martha Alicia Duque García, en su trabajo ‘Crisis, narcotráfico, y neoliberalismo en Colombia’: “Los problemas estructurales, agravados con la aplicación del modelo neoliberal, hacen parte de las condiciones objetivas para la violencia y la guerra que vive el país (…) cae verticalmente la demanda agregada, se estrangula el mercado interno por la baja capacidad de compra, arrastrando a la población al narcotráfico, a la delincuencia común e indigencia como forma de vida”.
EEUU: violencia y narcotráfico
Las siete bases militares estadounidenses, el fracaso de la política de seguridad democrática y el incremento de la producción de droga pese al Plan Colombia, se suman a los activos que dejará la administración uribista al próximo huésped de Nariño.
El convenio firmado el pasado año entre Bogotá y Washington, que permite la instalación de componentes militares aéreos, terrestres y marítimos, y la injerencia de soldados estadounidenses en territorio colombiano en condiciones altamente permisivas, ha sido considerado como una violación a la soberanía de ese país y una amenaza para el resto de los naciones de la región.
Y es que a pesar de la “cooperación” norteamericana, que ha destinado alrededor de 6 mil millones de dólares al Plan Colombia para la supuesta lucha contra el tráfico de drogas y la actividad insurgente en ese país, Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor de narcóticos.
Asimismo, el informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) demostró que a diez años del Plan Colombia, el país optimizó sus cultivos y produce más kilogramos de cocaína por hectárea que en 1999, en tanto que las fumigaciones han causado daños a los cultivos de subsistencia, lo que atenta contra la seguridad alimentaria y afecta principalmente a los desplazados.
La presencia militar estadounidense tampoco ha disminuido el poder de los grupos irregulares. El más reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) así lo demuestra.
“Las FARC en tanto grupo guerrillero se adaptan de forma dinámica” y “tienen de nuevo una capacidad, como vemos en estos dos o tres últimos meses, para continuar siendo un actor importante del conflicto armado”, indicó recientemente el jefe de la Delegación de la CICR, Christophe Beney.
“Pensamos que en relación a 2006, 2007 y 2008 hay un recrudecimiento de las consecuencias del conflicto armado en Colombia”, puntualizó el vocero.
Beney señaló además que los grupos paramilitares que fueron desmovilizados a partir de 2006, han resurgido como bandas criminales o‘Bacrim’, denominación con la que se “califica a una parte de esos grupos que se han fusionado y hoy representan de nuevo un elemento bastante importante de la situación de violencia y conflicto en Colombia”.
Parapolítica y “chuzadas”
El informe sobre Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma en uno de sus apartados que “desde la detención de tres congresistas en noviembre de 2006, el número de políticos y funcionarios públicos investigados por supuestas relaciones con organizaciones paramlitares, o casos de ‘parapolítica’, ha continuado aumentando”.
Para diciembre del pasado año, se habían abierto 93 casos contra congresistas, de un total de 268 miembros elegidos para el período 2006-2010. A ello se sumaron otras 249 investigaciones contra 12 gobernadores, 166 alcaldes, 13 diputados y 58 concejales.
Ante esta situación, el informe sugirió hacer seguimiento a los comicios de 2010 y 2011 “para asegurar que los procesos electorales que se avecinan sean libres, transparentes y democráticos”.
No obstante, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmó que en las elecciones legislativas realizadas este año en Colombia se compraron votos en seis departamentos y se cometieron unas 15 mil irregularidades. Pero los comicios no fueron impugnados.
Por otro lado, el informe de la ONU destaca las irregularidades en las que se vio involucrado el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuerpo que desde el 2003 desarrolló de manera generalizada y sistemática una serie de actividades ilegales dirigidas a defensores de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas, altos funcionarios del gobierno y magistrados, para “neutralizar las labores desarrolladas por las víctimas a quienes se consideraba ‘blancos legítimos’”, por ser potenciales adversarios a Uribe.
“Las acciones incluyeron espionaje a teléfonos y correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información e ingresos ilegales a oficinas y domicilios (…) la autoría parece haber recaído en estructuras no formales creadas por los responsables del más alto nivel del DAS, lo que permitió contar con una apariencia de legalidad y jerarquía”, refiere la investigación.
En días recientes, la Fiscalía General de la Nación citó a los ex agentes del DAS, Fernando Alonso Tabares, Jorge Alberto Lagos, Gustavo Sierra Prieto, Luz Marina Rodríguez y Bernardo Murillo Cajamarca, para que se presentasen por las interceptaciones telefónicas, mejor conocidas como ‘chuzadas’, y el seguimiento a periodistas, políticos y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Los delitos por los cuales declararon los cinco ex funcionarios del DAS fueron: concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, abuso de función pública, y violación ilícita de comunicaciones.
Los ex-agentes aseguraron en sus testimonios que entre los funcionarios implicados en el hecho se encuentran varios asesores cercanos a Uribe y mencionaron una serie de reuniones realizadas en el palacio de gobierno, en las que participaron el secretario de Prensa, Mauricio Velásquez, el asesor José Obdulio Gaviria, primo de Uribe, y al menos tres jefes del DAS.
Los funcionarios más comprometidos en el espionaje ilegal son el secretario general de la Presidencia de Colombia, Bernardo Moreno y el secretario jurídico, Edmundo del Castillo, indicó un trabajo de la revista Semana.
Falsos positivos
“El problema de los falsos positivos resultó de una práctica sistemática en el seno del Ejército’. La declaración corresponde al relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, quien a medidados de 2009 sostuvo que en las fuerzas armadas colombianas persisten las ejecuciones extrajudiciales premeditas a inocentes con fines de lucro.
En la actualidad, la Fiscalía General de Colombia investiga casi mil 900 asesinatos de civiles ajenos al conflicto armado que fueron interceptados, secuestrados y ejecutados por miembros del ejército, consecuencia de una política del Ministerio de Defensa de ese país, implementada desde noviembre de 2005, con la cual se puso precio a la cabeza de comandantes, lugartenientes y cabos rasos de los grupos armados irregulares, de acuerdo a un trabajo publicado en El Nuevo Herald.
El gobierno de Uribe sostuvo que la política sirvió para capturar a altos mandos de las guerrillas de las FARC, “pero en un país bajo un sangriento conflicto civil y con uno de los índices de violencia más altos del mundo, están surgiendo testimonios e indicios de que la directiva podría haberse convertido en un fatal aliciente para algunos militares, que se dedicaron a matar civiles inocentes a fin de cobrar las recompensas, presentándolos como guerrilleros muertos en combate”, dice el texto de El Nuevo Herald.
Asimismo, el trabajo periodístico asoma que el origen del dinero de las recompensas podría provenir de fondos del gobierno estadounidense, en vista de que una de las disposiciones de la directiva ministerial del gobierno colombiano “estipula que los fondos para pagar las recompensas saldrán en parte de la ayuda internacional y serán manejados por las unidades de inteligencia”.
Pero a pesar de los escándalos, Uribe ha defendido la política de entrega de recompensas. De hecho, premió con el cargo de embajador en República Dominicana al comandante del ejército, general Mario Montoya, señalado por activistas de derechos humanos como el promotor de una política de ‘conteo de cadáveres” que generalizó en las Fuerzas Armadas la necesidad de mostrar resultados basándose excesivamente en las estadísticas de bajas del enemigo.
A 8 años de gestión de Uribe, persisten la pobreza, desigualdad, corrupción e impunidad en el Estado colombiano, cuestión que para Martha Alicia Duque García, lo hacen inviable en materia económica, política y social, y lo coloca “en el umbral de la desintegración social y el caos como nación”.
Duque García, como otros miles de colombianos, propone una serie de transformaciones profundas en las estructuras de ese país, sin embargo, la tarea quedará pendiente para quien ocupe el lugar que ahora tiene Uribe.
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