El Futuro del Vichada

Mira/TeleOrinoco- Entre todas las paradojas de Colombia, una de las más singulares es este departamento de los llanos orientales. Históricamente abandonado, lo tiene todo para convertirse en la fuente de desarrollo y progreso nacional más importante del siglo XXI. ¿Seguirá el país dándole la espalda a la llave de su futuro? Visionarios y avivatos ya están pujando por ella.
Se trata de 6.3 millones de hectáreas, tan productivas como desoladas, las que podrían convertirse en un núcleo de progreso agroindustrial, comunitario y medioambiental jamás visto en Colombia. Es un territorio colosal, más grande que varios países centroamericanos juntos, el que rodean los ríos Meta, Vichada, Orinoco y Manacacías. Vichada, como la Orinoquía colombiana, es inmensidad.
Durante décadas, el Gobierno ha desarrollado estudios interminables que confirman una y otra vez lo que los conquistadores encontraron, lo que todos sabían desde los primeros años de la República; que el actual territorio del Vichada, antes perteneciente a la provincia de Santa Fe, podría ir más allá de actividades agropecuarias básicas y ganadería extensiva. Para no ir más lejos: El Parque nacional natural El Tuparro, el Centro Gaviotas y el Proyecto Marandúa, además de ser grandes atractivos turísticos, constituyen planes cuya proyección económica y social es sencillamente infinita.
En efecto, fuentes de Casa de Nariño aseguran que los estudios oficiales dan clara cuenta del potencial de la Alta Orinoquia. En solo 20 años, esta región podría sorprender al mundo: Está en capacidad de generar 1,5 millones de empleos, con soberanía alimentaria y energética para sí misma y para gran porción del país, acogiendo en su seno una nueva población de hasta cinco millones de habitantes. Es algo que todos los presidentes de Colombia han sabido, aunque misteriosamente ninguno haya hecho verdaderos esfuerzos por concretarlo. De hecho, el que más avanzó en el tema fue Belisario Betancur, quien propuso la realización de Ciudad Marandúa: una réplica de planificación y administración similar a Brasilia. El asunto, como siempre, se quedó en el papel.
Servida en bandeja de plata…
En toda el área tropical del globo terráqueo no hay disponible un lugar tan grande, en un país con gobierno estable (zonas similares de África y Asia son polvorines inflamables), con clima tan favorable para cultivos de biocombustibles y otros cultivos de gran demanda internacional, pues aunque es tierra con pocos nutrientes, hoy por hoy existen muchos procedimientos técnicos para hacerla productiva.
La ‘venta de oxígeno’ también es una opción. Se trata de una figura utilizada por los países más industrializados para reemplazar sus emisiones contaminantes por proyectos ecológicos en países tropicales, que parece seguirá siendo una alternativa después de los resultados de las negociaciones sobre cambio climático en Copenhague, Dinamarca. Es una tierra no selvática, que se puede intervenir en grandes magnitudes sin tumbar un solo árbol (lo cual sería imperdonable en la Amazonía), que además es completamente plana, facilitando cualquier actividad.
El tema está siendo estudiado en muchos países. Incluso, algunas conclusiones secretadas filtradas por asesores del presidente Barack Obama, señalan que Estados Unidos está contemplando al Vichada dentro de sus megaproyectos de energías renovables que reemplazarán al petróleo. El asunto es tan claro que ya hay inversionistas internacionales trabajando en cultivos de pino caribe, caucho, marañón, y piñón, para biodiesel. Curiosamente la palma africana, tan popular entre empresarios orientales y dudosos propietarios vinculados con grupos armados, es un fracaso en esta región.
Si el país sigue durmiendo en los laureles pensando que la oportunidad seguirá ahí por siempre, multinacionales con cientos de millones de dólares disponibles en caja para invertir en proyectos de esta envergadura no se han quedado cruzadas de brazos, y ya han separado su asiento con el gobierno. Sin embargo, el tema sigue en desarrollo, dado que se esperan acuerdos estatales para garantizar la construcción de infraestructura que viabilicen la salida de los productos, por tierra hacia el interior del país, y en barcos a través de ríos ya que el Orinoco, principal vertiente del llano colombo venezolano, desemboca en el Atlántico por tierras bolivarianas.
El el Vichada, varios grupos indígenas subsisten desde la Colonia hasta hoy; entre ellos están los guahibos (el más numeroso), los curripacos y piapocos, del grupo lingüístico Arawak, y los cuivas, desanos, puinaves y sálivas. Para poder sobrevivir, estos nativos han soportado toda suerte de desplazamientos desde que los colonos arribaron. Actualmente, los 4 municipios del departamento cuentan con 55 mil habitantes, en cabeceras y caseríos, dispersos en la bicoca de 105 mil kilómetros cuadrados de territorio. Como cualquier podría llegar y escriturarse miles de hectáreas para simplemente atesorarlas, por ley no cualquiera puede decir que es dueño de algo en el Vichada. Por eso, el problema del momento en el norte de la Orinoquía es la apropiación de tierras.
Visionarios y avivatos tras las tierras
Ahí está el problema: con tantas tierras baldías, receptoras además de población desplazada por la violencia, el tema está presentando muchas irregularidades. Un ejemplo es el de los subsidios de vivienda del gobierno, que ante la falta de oferta construida o diseñada, han resultado inútiles para decenas de familias que han tenido que ocupar tierras en Puerto Carreño y Cumaribo. Justo cuando llegan, aparecen repentinamente grandes empresarios de dudoso origen, reclamando la propiedad de unos terrenos en los que por décadas nadie ha hecho nada.
Existe un caso que ha dado qué hablar en los últimos meses: Se tarta de un agroforestador proveniente del departamento del Cesar, que dice ser dueño de 11 mil 500 hectáreas ocupadas por algunos desplazados. La polémica se desató porque el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), se niega a confirmarle esa propiedad debido a que se trata de tierras no explotadas. Según la resolución 817 de esta entidad, una sola persona no puede tener tantas tierras escrituradas en el Vichada, sin que por lo menos tenga una tercera parte de ellas en proceso evidente de explotación productiva.
En las últimas semanas se presentó un episodio violento de desalojo, autorizado por la inspectora de policía del lugar desconociendo la posición del Incoder. Finalmente, la acción debió detenerse por la intervención de la Procuraduría y la Contraloría, que notificaron a la policial de su desacato. Sin embargo el problema se ha agudizado, pues varias personas aseguran que el terrateniente del Cesar está amenazando a los lugareños, dado que el Incoder se niega a autorizarle la apropiación de tierras. Se trata del mismo terrateniente que recientemente se hizo dueño de otras 30 mil hectáreas en zona conocida como Charco Caimán, lugar donde se presentó la misma controversia y dónde algunos aseguran que las tierras también fueron apropiadas irregularmente.
Para intentar controlar estas situaciones, el Gobierno decidió hace tres años congelar prácticamente la titulación en el Vichada, por lo que únicamente el Incoder cuenta con una resolución oficial que le permite titular terrenos no superiores a trescientas hectáreas. Aunque el presidente Uribe prometió solucionar el problema durante el Consejo Comunal en el que contrajo la Gripa A, hasta el día de hoy el lío sigue dando dolor de cabeza a los vichadenses.
¿La tierra prometida de Colombia?
Uno de los proyectos más destacados del Vichada es Centro Gaviotas. Su centro de producción de resinas y aguarrás, útiles en la industria y la fabricación de pinturas, es un éxito. También hay viveros, que han hecho de la otrora sabana desoladora un interesante bosque tropical, con cientos de nuevas especies que crecen a la sombra de los árboles reforestados, articulando el ecosistema con los bosques que rodean los caños y los ríos.
Otro caso es el de Marandúa, una sección de la Fuerza Aérea destinado a prácticas de vuelo y bombardeos, al que el Incoder le asignó 63.000 hectáreas para desarrollar. Desde entonces, investigadores de Naciones Unidas con conexiones en Tokio han intentado desarrollar junto con el Ministerio de Agricultura, embolatado todavía por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.
El plan ha sido presentado a multinacionales del Japón y a ejecutivos del JP Morgan Chase que buscan permanentemente dónde invertir Fondos de Capital de Riesgo, que se destina a proyectos como el de Vichada en lugar de dedicarlos a la especulación bursátil, habida cuanta de la lección reciente. El único pero ha sido que muchos inversionistas pretenden que el Gobierno garantice las utilidades iniciales de los proyectos con recursos del erario público, lo cual es inaceptable. Por ahora se sabe solamente que la escuela de negocios antioqueña Eafit ha impulsado un proyecto inicial de carácter confidencial en Marandúa, que antecederá a una obra similar a Centro Gaviotas, que en siete años cubrirá 100 mil hectáreas duplicando los cultivos.
Detrás del Vichada también están: la multinacional de alimentos norteamericana Cargill, que ya está cerca de iniciar la producción de aceite con vastas plantaciones similares a las de Malasia; la familia noruega Siem, dueña de una de las más importantes navieras del mundo, que desde hace casi 10 años maneja la finca ganadera Cimarrón, poco popular entre los habitantes locales por diversas irregularidades; 24 asociaciones de productores, apoyados por el Fondo para el financiamiento del sector agropecuario y el Fondo de Ganaderos; la empresa barranquillera Agroforestal, explotadora inicialmente de 8 mil hectáreas en la zona de Sabanas de Zafiro; empresarios santandereanos con 3.000 hectáreas de marañón, entre otros. Por su parte, el gobierno sigue atrasado con las obras para hacer navegable el río Meta, con la construcción de tres puertos pendientes en la Orinoquía.
Para no darle la espalda al futuro
Lo malo es que continúan prácticas ilegales de adjudicación de miles de hectáreas, que a veces se logran de forma violenta o mediante palancas con políticos locales, concentrándose especialmente en épocas electorales como la que se avecina en marzo de 2010, cuando se eligen senadores y representantes a la Cámara. La inversión en infraestructura sigue siendo irrisoria para un territorio nacional de semejantes magnitudes, mientras ONG ambientalistas siguen luchando para que el Vichada tampoco se vaya a convertir en un colosal monocultivo, descartando para siempre el rico potencial de la región.
La continuidad de la política de seguridad democrática también debe contemplar acciones para frenar los cultivos ilícitos que vienen de Meta y Guainía, así como el retorno de grupos armados ilegales descendientes de los paramilitares. Por eso, ha calado muy bien en el Vichada la decisión del presidente Uribe de designar una parte de los nuevos 22 batallones de la VIII División del Ejército, que vigilarán Casanare, Arauca, Vichada y Guainía. En total, serán 16 mil hombres más los que protegerán la frontera con Venezuela, tan acalorada por estos días.Otra cuestión a resolver ahora es el servicio público del agua potable, muy descuidado en la región. “Desde hace más de 7 años los habitantes de Puerto Carreño se han visto en una tortuosa situación con el preciado líquido” señala Edith Johana García, gestora intersectorial del Vichada, quien llama la atención sobre cómo esta región, paradójicamente rodeada por ríos como el Orinoco, el Vita y el Meta, tiene como constante contar con pocas horas de agua a pesar de los climas tan calurosos que se viven en esta región.
Se ha podido establecer que la problemática se debe a que la empresa de agua, que era municipal, le fue cedida a la empresa privada Seppca SA, que ha llegado a realizar racionamientos por más de 4 días en la región, haciendo además cobros indebidos a los usuarios con incrementos superiores al 600 por ciento, problemática ante la cual la Superintendencia de Servicios Públicos sigue de brazos cruzados. Ni siquiera la Defensoría del Pueblo ha podido poner en cintura a la entidad, cuyos voceros argumentan no ser empleados públicos y por ende estar libres de vigilancia oficial.
El tema evidencia el grado de improvisación con el que se ha manejado el recurso hídrico en el Vichada, tanto así que la bolsa departamental de agua, cuyo costo ronda los 18 mil millones de pesos, increíblemente no cuenta con Plan Municipal de Agua para Puerto Carreño, el cual debe englobar el manejo de agua, alcantarillado y basuras por 20 años.
Ni qué decir del resto del Vichada, donde el manejo de desechos, basuras y aguas servidas está prácticamente a la deriva, con previsibles consecuencias catastróficas para el ambiente en el mediano plazo.
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