El AIS del Vichada

El Espectador- “Parece que la corrupción encontró formatos reglamentarios”. Daniel Samper Pizano.
Bastante mal le fue al Gobierno en el debate sobre Agro Ingreso Seguro (AIS), que iniciaron las denuncias de Cambio y Daniel Coronell. Y así tenía que ser. Porque hubo un reparto plutocrático de los recursos, a los financistas de las campañas y el referendo del presidente Álvaro Uribe les entraron grandes sumas del programa y existen serios indicios de corrupción. De “cínicas y descaradas” calificó monseñor Jaime Prieto, obispo de Cúcuta, las explicaciones oficiales. Cómo no recordar el debate sobre los negocios de los hijos del Presidente. Por créditos AIS, 414 personas obtuvieron subsidios no reembolsables (platas regaladas) por $98.038 millones, en tanto 73.560 recibieron la misma suma ($97.799 millones). Y por Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), a 843 les dieron $96.316 millones, una suma casi igual que la que les tocó a 55.302 ($94.594 millones).
En los tres años que lleva AIS (2007-2009), a Coltabaco-Philips Morris le prestaron $29.587 millones. En 2007, cinco ingenios recibieron cinco veces más que los productores del Tolima y dos veces más que los de Caldas y un ingenio acaparó el 40% del total del Cauca. En Bolívar, dos personas lograron el 73% de los préstamos. Y tres empresas de Corficolombiana, que controla Luis Carlos Sarmiento Angulo, recibieron $12 mil millones; dos de ellas, con $6.064 millones, se quedaron con un tercio de los recursos del Meta.
La concentración no empezó con AIS. Según Cega-Uniandes, entre 2002 y 2007, el 1% se apoderó del 71% de los créditos redescontados por Finagro, del 45% del ICR y del 45% del Fondo de Garantías. Además, el 33% del ICR ($89.900 millones de 2006) fue para palma.
El ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y el actual titular de esa cartera, Andrés Fernández, exageraron lo que por AIS les llegó a los “pequeños y medianos productores”, pero silenciaron que a los “medianos” los definen como los que poseen activos entre $50 y $5 mil millones, rango que disfraza a grandes de medianos. Arias no puede alegar ignorancia, porque el 18 de septiembre de 2007, en la Comisión V del Senado, le dije que esa definición era inaceptable. Además, ocultaron que la concentración se agrava por lo pequeño del programa: 100 mil operaciones anuales, frente a 2,7 millones de predios.
Arias desnudó sus concepciones durante el debate de Carimagua, aunque ya en campaña no las volvió a mencionar. Dijo que a los campesinos que se les daba tierra terminaban de guerrilleros o paramilitares (Semana, Mar.02.08).
Y Álvaro Uribe explicó que quiere en el Vichada haciendas de “40, 45 mil hectáreas” para convertirlas en zonas francas para “traer maquinaria sin arancel ni IVA” y con una “tarifa de renta de 15%; no de 33%”, sobre las que “pienso —agregó—, la Ley de Agro Ingreso Seguro es buen paso”.
Mención aparte merecen los subsidios para riego y drenaje, en los que el Estado dona el 100% de sus aportes. Algunas familias recibieron más de uno, con concentraciones escandalosas como que una familia obtuvo $6.895 millones, otra $2.973 millones y otras cinco $8.210 millones. Contraloría, Procuraduría y Fiscalía deberán determinar por qué Arias decidió un tope de $600 millones por subsidio para riego y no estableció que por predio o familia, sino por proyecto. Cualquiera sabe que en una misma finca puede haber varios proyectos. Igualmente, deberán establecer por qué proyectos declarados “no viables” por el IICA–OEA se volvieron “viables”, cuando ninguna norma lo autorizaba. Y tendrán que aclarar por qué se escogió a dedo al IICA–OEA para la selección de los agraciados, con el agravante de que por ser un organismo internacional es muy difícil que las autoridades lo investiguen. ¿Recuerdan el Convenio Andrés Bello?
Todo en medio del desastre que ilustran cafeteros, arroceros, paneleros y ganaderos: el 65% de los habitantes rurales viven en la pobreza y el 33% en la indigencia; entre 2002 y 2008 el agro creció menos que el conjunto de la economía y se desplazaron 2,14 millones de colombianos; el área cultivada y las exportaciones están estancadas; la concentración de la tierra es de las peores del mundo; hay subutilizadas nueve millones de hectáreas con vocación agrícola; y las importaciones pasaron de 6,33 millones de toneladas a 9,8 millones durante los gobiernos de Álvaro Uribe. ¡Esto es lo que quieren reelegir!
El nombre del programa, Agro, ingreso seguro, se calculó para estimular la fábula de que así se podría enfrentar el TLC con EE.UU., cuando sólo alcanzaba para aceitar el clientelismo. ¡¿US$400 millones en subsidios temporales para enfrentar los $50 mil millones de subsidios que los gringos dejarán permanentes?! La verdad es que lo que impera en el sector es lo escaso e inseguro del ingreso, salvo para muy pocos y, en especial, para los 56 que financiaron con $727 millones las campañas de Uribe y el referendo reeleccionista y recibieron recursos de AIS por $62.146 millones. ¡La mejor de las pirámides!
Tan mala como la distribución de la plata fue la defensa de Fernández. Enredó las cifras y disculpó que recursos de AIS les llegaran a narcotraficantes porque, según él, en gobiernos anteriores ya había ocurrido y dijo que eran pocos los casos de corrupción (como a Rosita Alvires: que “de tres tiros que le dieron, sólo uno era de muerte”). Fernández y Arias no recibieron el castigo que merecían en la moción de censura, porque el presidente Uribe logró que cuarenta senadores uribistas no votaran con objetividad. Pero la opinión pública sí los condenó. Y gallina que pierde las plumas no hay cómo volvérselas a poner.
Por Senador Jorge Robledo del Polo Democrático
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