Las ruinas de las ‘pirámides’ se pasean en los tribunales del país

El Liberal.com- Tras el desplome de las tristemente célebres ‘pirámides’ o captadoras ilegales de dinero, surgieron las críticas al Estado y al Gobierno por la falta de control sobre este tipo de empresas, puesto que la legislación no era clara y contundente para quienes se dedicaron a usufructuar los dineros ajenos. Un año después de registrado el fraude de varias captadoras ilegales de dinero a sus usuarios, la plenaria de la Cámara aprobó el proyecto que penaliza a las personas que recojan ilegalmente dinero mediante la modalidad de ‘pirámides’. Tras la caída de las ‘pirámides’, los afectados comenzaron a protestar y exigir la devolución de sus dineros, eso se trasladó en muchos casos a los estrados judiciales del país. El Liberal consultó cómo van los procesos legales que surgieron tras la caída de las captadoras Drfe y DMG en el departamento del Cauca.
Las demandas
Pasados los días de las primeras movilizaciones de los damnificados por la caída de Proyecciones Drfe y la misma DMG, que también tenía sede en Popayán, muchos acudieron a grupos de abogados que asumieron el estudio de las demandas contra el Estado, las cuales se anuncian bajo el argumento de “la omisión del cumplimiento de las funciones propias de control y vigilancia”.
Así mismo, otros profesionales del derecho decidieron representar a las víctimas en el proceso penal que se adelanta en Pereira contra el propietario de Drfe, Carlos Suárez y se encuentran a la expectativa de la sentencia condenatoria. Cuando ésta se produzca, puesto que él ya aceptó los cargos, y se le disponga una pena privativa de la libertad, con base en los bienes entregados por éste, aspiran a que se disponga una “reparación integral”.
El abogado Óscar Eduardo Muñoz Bermeo, uno de los juristas apoderado de 200 víctimas del Cauca en el sonado caso, explica el desarrollo de estos procesos jurídicos.
¿Cómo inició este proceso?
Después de buscar una solución jurídica ante esta problemática que afectó la economía nacional indagamos en primer lugar una solución que fuera pronta y efectiva.
¿Qué herramientas jurídicas encontraron para ello?
Al analizar la situación encontramos dos, una por la jurisdicción administrativa mediante una acción directa de reparación en contra del Estado, fundadas en pruebas idóneas y cimentadas como la aceptación del señor Presidente de la República que hubo actuación tardía del gobierno por no intervenir a las captadoras. La otra era presentar un incidente de reparación integral en el área penal que comenzó por mi propia familia y el 10 de junio se vencían los términos para presentar los mencionados incidentes.
¿Qué pasó luego?
Se llevó la pretensión a Pereira, luego hubo audiencia donde el abogado de Carlos Suárez llamó en garantía al interventor de Drfe para que respaldara la deuda que tiene con los afectados y después se llamó por parte de los abogados al representante de la Superintendencia de Sociedades y al representante del Gobierno.
¿Por qué usted no aceptó a estos dos funcionarios como garantía en el proceso?
Porque no son de la jurisdicción penal sino administrativa, mientras que el interventor de Drfe, Germán Gómez Jurado es el único que tiene disponibilidad respecto de los activos de Drfe. Puesto que mis clientes no buscan verdad ni justicia, sino reparación.
¿Qué se decidió entonces?
Lo último que conocemos es que el Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira ordenó al interventor que compareciera al proceso como garantía para las víctimas, eso nos asegura que por lo menos tengamos ocasión al pago total o parcial según los activos, como somos tan pocos que hemos acudido al proceso penal, presumimos que sea el pago total.
¿Cuánto recibirían los afectados?
La cuantía es muy difícil determinarla en un total de víctimas, porque cada una tenía una inversión diferente.
¿Cómo sería el resarcimiento en caso de ganar el proceso penal?
Para trámites y efectos de conciliación desistimos de intereses legales, indemnización, perjuicios morales, sicológicos y materiales, entre otros. En caso que no haya acuerdo conciliatorio si vamos a cobrar todos los perjuicios y por ese concepto se cobra el doble de lo invertido.
¿Qué es lo último del proceso?
Estamos pendientes de que se resuelva el recurso de apelación que interpuso el abogado del interventor por el llamamiento a garantía que se le hizo al proceso penal. Además, la captura de Víctor Hugo Bastidas Bastidas, (representante legal) da lugar a que las personas pretendan constituirse como nuevas víctimas en este proceso penal.
¿En la jurisdicción administrativa, (responsabilidad del Estado) qué ocurre?
No se ha avanzado, porque los abogados que iniciaron en el Cauca demandas de reparación directa contra el Estado, solo uno (con 200 víctimas), ha presentado la solicitud de conciliación prejudicial, que es el requisito de procebilidad para poder acceder a esa reparación (Ley 1285 de enero de 2009). No creo que esto vaya a proceder porque el Estado no va a reconocer responsabilidad pues las cuantías son muy altas por perjuicios en cada persona y sus familiares; entre otros por los sicológicos ($50 millones aproximadamente por persona).
Matemáticamente lo veo muy complicado, por ejemplo, una persona que invirtió $200 mil pesos resultaría resarcida en perjuicios por el Estado con $500 millones en caso que la familia del afectado esté compuesta por 10 personas.
Situación proceso DMG
¿En el caso de DMG que sucedió?
Casi a la par se inició el proceso de reparación integral con DMG, las primeras personas que presentaron el incidente con David Murcia tienen una gran expectativa, toda vez que el Juez Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá ordenó a la interventoría que cancelara a 2.009 víctimas la reparación del incidente en este proceso penal. El abogado de María Mercedes Perry (interventora de DMG) apeló esa decisión que ahora cursa en el Tribunal Distrito Judicial de Bogotá.
¿De qué serviría la decisión del tribunal para los otros casos?
Serviría de paliativo para continuar con los otros tres incidentes que tenemos pendientes y esperamos corran la misma suerte.
¿En la actualidad, cómo va ese proceso?
Tenemos la orden del Juez Especializado del Circuito de pago a unas determinadas víctimas. Presentamos una Acción Tutela, toda vez que William Suárez (cuñado de David Murcia) hizo preacuerdo con la Fiscalía y según la Ley 906 de 2004 reza que cuando hay preacuerdo prevé devolver por los menos el 50 por ciento del incremento patrimonial. El otro 50 por ciento se debe asegurar ese pago. En el caso particular no ha ocurrido ninguna de las situaciones mencionadas. Eso está cursando en la Corte Suprema de Justicia.
El 18 de noviembre continúa la audiencia con William Suárez, donde presentaremos las pretensiones de cada una de las víctimas para que el interventor haga las deducciones en cada caso.
¿Sabía usted que el Juez Único Especializado de Pereira tiene a cargo el juicio contra Carlos Suárez, promotor de Drfe?
Captadores ilegales de dinero irán a la cárcel
Hace unos días la Corte Constitucional expresó su temor, pues si no se aprobaba el proyecto antes del 17 de noviembre de 2009, fecha en que vence el tiempo límite para que el Gobierno bajo las facultades de conmoción y emergencia económica, tomara decisiones al respecto, los procesados por este delito podrían quedar en libertad al no existir ley. “Todas las personas que comenzarán a procesarse quedarían en libertad por no existir los tipos penales que establecían estas conductas”, dijo el ponente de la iniciativa, Nicolás Uribe.
La iniciativa aumenta de penas de dos a diez años para el que capte de manera ilegal dineros del público, y para quien omita el control desde las entidades financieras. Personas que capten dinero público sin autorización oficial podrían pagar con 20 años de cárcel. Además, el proyecto tipifica la no devolución del dinero como un delito autónomo e independiente.
El trámite final en el Congreso, que se dio en la semana que concluye, consistió en que la plenaria del Senado aprobó el informe de conciliación del proyecto de ley que “modifica el Código Penal con el fin de endurecer las consecuencias punitivas de realizar actividades de captación masiva y habitual de dinero del público sin autorización oficial”.
Cabe recordar que lo que motivó la conciliación de la iniciativa legislativa fue dejar el delito que tipifica la no devolución como un delito autónomo independiente: “Ese fue el cambio y yo creo que fue importante haberlo hecho porque este debe ser independiente del delito propiamente de captación masiva ilegal”, afirmó el coordinador ponente Alfonso Valdivieso.
Así pues, con la aprobación del informe de conciliación del mencionado proyecto de ley, se da un paso importante en el combate a las llamadas ‘pirámides’, estableciéndose por un lado penas de entre los 10 y 20 años de cárcel para quienes capten dinero sin autorización oficial y hasta 50 mil salarios mínimos legales vigentes; y por el otro penas de entre 8 y 15 años de cárcel para quienes habiendo captado ilegalmente, no reintegren los dineros, con multas que ascienden hasta los 15 mil salarios mínimos legales vigentes.
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