¿Quién quiere ser millonario?

Según el prestigioso diario The Wall Street Journal, la ardua batalla de los inversionistas de Madoff para recuperar parte de su dinero, es una ofensiva que pueden librar, a pesar de ser larga. Lo curioso de la intervención a esta pirámide financiera, considerada la más grande de todos los tiempos, es el accionar que están utilizando, que, a diferencia de lo que sucede en Colombia, es mucho más efectivo y probablemente se pueda recuperar un alto porcentaje de los invertido. Pero expliquemos como está funcionando esta particular intervención.
El abogado Irving Picard, nombrado por la Corte como “interventor”, ha recuperado a la fecha 1.200 millones de dólares, de los 13.200 millones estimados en pérdidas netas, sin embargo, gracias al seguro de Securities Investor Protection Corp. (SIPC), un grupo establecido para compensar a los inversionistas que perdieron sus fondos (algo que en Colombia no existe, ni le interesa al Estado crearlo), los afectados pueden recuperar hasta 500 mil dólares. El resto de las pérdidas serán compensadas por los activos que tiene Picard.
Pero aquí no termina la historia. El “interventor”, persiguió los bienes de la familia Madoff. Su esposa, Ruth Madoff llegó a un acuerdo con los fiscales y renunció a todos los activos que compartía con su esposo (algo que tampoco está sucedido en Colombia, donde los familiares de los dueños de las pirámides financieras, disfrutan tranquilamente de los bienes, ya sea en Colombia o en el exterior).
Y la cacería también se extiende a terceros. Cualquiera que haya tenido alguna relación comercial con Madoff es blanco de la intervención (algo que tampoco ha sucedido con los casos de pirámides colombianas, cuando los que negociaron con las captadoras se declararon “victimas y asaltados en su buena fe”)
Pero la oficina del interventor no se limita a esto. Los bancos que tramitaron dinero, o tienen reservas de Madoff o de terceros involucrados, o las empresas que tuvieron negocios con Madoff, deben entregar el dinero que pasó por sus manos o responder por este.
Además, (y este es el punto más neurálgico) los estatutos federales y estatales de EUA le permiten a Picard “el interventor de Madoff” ir detrás de las ganancias ficticias que pagó Madoff a los inversionistas, sin importar dónde o en qué estado se encuentre el dinero. O sea, si una persona invirtió mil dólares y recibió durante 4 años un 100% anual (4 mil dólares), en lugar de reclamar debe reintegrar los 3 mil dólares extras que ganó fraudulentamente o de lo contrario el abogado de la Corte inicia una demanda contra este inversor o entidad; y si tiene el dinero en bienes o fuera del país, de igual manera será decomisado. Esto es algo único que no sucedió ni sucederá en Colombia, donde las pirámides pagaban intereses desorbitantes, a los ojos de todos, sin que el Gobierno hiciera algo al respecto, y que, al final, miles de personas se beneficiaron, en cambio los últimos (la base de la pirámide) lo perdieron todo. Y cuando llegó la intervención estatal, los decretos de emergencia social no tuvieron en cuenta este punto y la indemnización fue para todos por igual, causando indignación en la mayoría de los afectados. Esto es un grave error, debido a que no se puede tener igual consideración con un inversionista que llevaba 3 o 5 años ganando intereses fraudulentos con la pirámide y multiplicando su inversión en más del 1000%, que con un inversionista que apenas metió la plata dos meses antes del descalabro. Son diferentes niveles de afectados.
Peor aún. Los dueños de las pirámides colombianas sacaron el dinero del país y crearon empresas en el exterior, como el caso de la conexión DRFE-Brasil (Donde Suárez tiene una flota de helicópteros y otros bienes), y ahora los Gobiernos no muestran ningún interés en ponerse de acuerdo para repatriar estos activos.
Esta denuncia, (como muchas otras relacionadas con estas pirámides), la hicieron varios medios de comunicaciones, empresarios y personas del común, en su momento, pero el Gobierno de Uribe, no solo intervino tarde, sino que lo hizo mal, e ignoró por completo estos reclamos, lo que lo hace responsable en primer grado del daño causado a miles de familias en Colombia.
En el caso de DMG, independientemente de que aún sea objeto de un juicio si era o no una pirámide, y a pesar que, menos Murcia, todos sus miembros se declararon culpables, esta empresa también fue objeto de la intervención estatal, por lo tanto todos los activos dentro y fuera del país, sin excepción, deberían haber pasado a manos de los inversionistas a través de la interventora, pero no sucedió así. Por ejemplo, en Panamá hay bienes avaluados en más de 10 millones de dólares, y la deuda con los tarjetabientes en este país no supera los 3 millones de dólares, quedando un remanente de 7 millones. Caso similar ocurre en Belice, donde las reservas acumuladas de DMG también son del órden de los millones de dólares y allí los afectados no llegan ni a 100; y así sucesivamente con otros lugares de Colombia (donde hubo sedes, mas no intervención) y en otros países, como México, Ecuador, Venezuela, etc., pero no existe voluntad del Gobierno de Uribe en compensar a los afectados por esta tragedia nacional.
Un aspecto importante de la intervención de Madoff es la elegibilidad de los que pueden o no optar por la reclamación. Aquellos que invirtieron a nombre de terceros, empresas, fondos, etc., no tienen derecho a reclamar. Lo mismo sucede con los recibieron beneficios, los cuales se le descontarán o tendrán que reintegrarlos, independientemente de que presenten o no su reclamación.
Por último, Madoff fue condenado a 150 años, en cambio, en Colombia, los dueños de las pirámides y sus secuaces, solo pagarán por mucho 7 años, con beneficio de excarcelación, y con dinero suficiente para vivir el resto de sus vidas, ya que no repararon a nadie; y el Gobierno poco o nada hizo para evitar esta catástrofe, dejando a la deriva al incauto inversionista, que si bien tiene derecho a demandar, ya sea por acción, por omisión o estafa, es consiente que un juzgado puede tardarse años en resolver su caso, y nadie le puede asegurar que falle a su favor.
Caso similar sucede con los políticos en Colombia. La corrupción es tan alta que se roban 20 o 30 mil millones del presupuesto de un departamento o municipio (en contratación), luego pagan unos 5 mil millones en sobornos a fiscales, jueces, y gastan unos mil o 2 mil millones en los mejores abogados, para llegar a un acuerdo y terminar pagando unos 5 años de cárcel, con prisión domiciliaria, quedándose con el 80% del botín, que a la final es dinero que pagamos todos los colombianos en impuestos, supuestamente para el desarrollo de nuestro país.
¿Y cuál es la moraleja?: “Robar no es bueno, pero en Colombia es altamente rentable”. Puedes dedicarte a la política y hacerte millonario, o simplemente creas una pirámide, la trabajas unos años (si apoyas políticamente al Gobierno de turno, se hará el de la vista gorda y te dejará trabajar), y cuando te llenes de plata, dejas que explote, te entregas (para recibir el 50% de rebaja en la pena), te declaras culpable (Sentencia anticipada. Derecho a una segunda rebaja en la condena); pagas 7 años y entregas solo una pequeña fracción del dinero que robaste “para reparar a las víctimas” (Tercera rebaja por colaboración con la justicia y reparación del daño, así sea parcial); y con todas estas rebajas en la condena, sales en tres años, que puedes pasarlos viendo televisión en tu casa (como el caso de Margarita Pabón) y puedes vivir tranquilo en cualquier paraíso fiscal del Caribe, rodeado de arena, sol, mar, ron y bellas mujeres… O si lo deseas, puedes intentarlo nuevamente y repetir el ciclo. De seguro te irá bien, ya que en Colombia no tenemos memoria.
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