Juez Primero Penal del Circuito es investigado por fraude electoral en Vichada

El Tiempo/TeleOrinoco- El fraude electoral que le costó la gobernación del departamento al coronel (R.) Blas Arvelio Ortiz Rebolledo tiene en investigación a dos fiscales y un juez. En la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior avanza una investigación penal contra los dos fiscales, y otra disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura.
En el proceso están Juan Pinzón, quien como Fiscal 31 de Puerto Carreño solicitó la preclusión de la investigación por el presunto fraude electoral que se registró en la inspección de Matavén, jurisdicción del municipio de Cumaribo (Vichada). Una vez el proceso fue trasladado a Villavicencio, la fiscal Séptima seccional, Arally González, por segunda vez solicitó la preclusión del caso. La Sala Penal del Tribunal Superior "rechazó de plano la solicitud de preclusión por considerar que los fiscales tenían todos los elementos para que llamaran a juicio al señor delegado", dijo Juan Carlos Ávila Juanías. El juez Primero Penal del Circuito de Villavicencio también está investigado penal y disciplinariamente por este caso.
El Consejo de Estado por su parte le dio plena validez a la confesión del registrador delegado Jorge Orjuela y a los dictámenes de grafología que están en el expediente que "reconfirman las pruebas aportadas en la acción electoral", dijo Ávila.
'Tenían componendas con los fiscales'
Para Juan Carlos Ávila Juanías, candidato por el Partido Liberal y quien quedaría como nuevo gobernador en Vichada, el saliente gobernador Blas Ortiz "tenía su componenda con los fiscales para que les precluyera la investigación". Sostuvo que por ejemplo en el caso del fiscal 31 de Puerto Carreño, Juan Pinzón, "recibió contratos de parte de la administración para su esposa y su cuñada".
Ávila Juanías dijo además que cuando contestaron la acción electoral presentada ante el Consejo de Estado "la única prueba que solicitaron era que se trasladara toda la investigación que se adelantaba en la Fiscalía al proceso administrativo porque iban a la fija que lo iban a precluir".
Ávila anunció además que instaurará una demanda de acción de reparación directa por los perjuicios que ha sufrido al no poderse posesionar en el cargo. Espera que a Ortiz lo investiguen por cohecho y tráfico de influencias y que se imponga una sanción ejemplar al registrador delegado para que estos hechos no se vuelvan a presentar.
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