ONU: graves violaciones de DDHH en Colombia

Bogotá (AP)- Medidas del gobierno, como recompensas y beneficios a militares, pudieron favorecer la "preocupante" y "extendida" práctica de ejecuciones extrajudiciales, dijo el jueves la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en un informe sobre Colombia. Al presentar su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado destacó que maneja cifras, suministradas por la Fiscalía, que dan cuenta de al menos 716 investigaciones con más de 1.100 víctimas de ejecuciones ocurridas en al menos los últimos tres años. "Estas cifras confirman que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, sino una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares a lo largo de todo el país", dijo la entidad en su informe de 55 páginas sobre Colombia y presentado en la jornada en una conferencia de prensa por Christian Salazar, representante de la Alta Comisionada en el país. El reporte indicó que la oficina en Colombia pudo recabar datos, cuyas fuentes no reveló, dando cuenta de "redes encargadas de ofrecer a las víctimas trabajos en municipios diferentes a los de su lugar de origen, y de procurarles medios para trasladarlos hasta tales lugares, donde eran ejecutadas y presentadas como 'muertos en combate'".
La "ausencia de un control eficaz por los comandantes militares pudo favorecer la ocurrencia de estas graves violaciones de derechos humanos", dijo el informe agregando que "incentivos económicos, días de descanso y reconocimiento otorgados sin control ni supervisión previa a quienes presentaron como resultados 'muertos en combate' pudieron también alentar la repetición de esta preocupante práctica". En la jornada y en un acto separado el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ratificó que esas ejecuciones no son una política oficial y que desde fines del 2008, cuando hubo una purga de militares relacionados a un escándalo de supuestas muertes en combate, no se han producido nuevas denuncias de ejecuciones.
El gobierno del presidente Alvaro Uribe destituyó en octubre a 27 miembros del ejército, entre ellos tres generales, tras estallar semanas antes un escándalo por denuncias de la desaparición a comienzos del 2008 de 11 hombres de una barriada en Bogotá y cuyos cadáveres aparecieron a mediados de año en una fosa en un poblado del noroeste del país como supuestos rebeldes muertos en combates. El informe también criticó actividades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, y Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la colocación de minas antipersona, asesinatos selectivos, reclutamiento de menores de edad y desplazamiento. La oficina también "registró varios casos de violencia sexual contra mujeres y niñas atribuidos a las FARC-EP... (que) continuaron cometiendo ataques indiscriminados, que afectaron gravemente a la población civil".
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